México: Geopolítica y despojo

La concepción de instaurar una zona de “exclusividad geopolítica” que integrara a Canadá, EU y México, tuvo como primer paso la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Y desde la entrada en vigor de éste, el primero de enero de 1994, EU ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial.

Carlos Fazio / LA JORNADA

I.

Hace 20 años, la mañana del 23 de octubre de 1995, el jefe del Pentágono, William Perry, dijo ante la plana mayor del Ejército Mexicano que entre Estados Unidos (EU) y México existían fuertes lazos políticos y económicos, pero que faltaba un “tercer vínculo”, el militar. A partir de entonces, promovida por Washington, la sana distancia entre las fuerzas armadas de ambos países comenzó a acortarse. Para justificar una mayor injerencia militar, la táctica estadunidense fue jalar de los hilos de la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero, la deuda externa y los créditos condicionados del FMI y el Banco Mundial −como perros guardianes del Departamento del Tesoro−, con la finalidad de provocar una desestabilización de México.

Mucho antes de que se conociera en el mundo la llamada “globalización económica” neoliberal, la apetencia de EU por los hidrocarburos y otros minerales estratégicos mexicanos había quedado asentada en documentos oficiales de la Casa Blanca. Como parte de la conformación de América del Norte en un espacio geopolítico integrado además por Canadá, el proceso de integración silenciosa de México a EU estuvo fundado en una estrategia económica dictada por los intereses corporativos y de seguridad nacional estadunidenses. Mediante instrumentos “no militares”, como el espionaje telefónico y microfónico sobre la cúpula político-económica mexicana (corrupta o susceptible de corrupción, enredada como ya estaba en un entramado de vínculos ilícitos de tráfico de influencias y narcotráfico), la diplomacia de Washington comenzó a cultivar “relaciones personales” y a recurrir de manera cada vez más metódica y frecuente a los instrumentos políticos, sicológicos, económicos y financieros, a fin de explotar las “vulnerabilidades individualizadas” del liderato mexicano, siempre con la mira puesta en los hidrocarburos, la privatización de Pemex y una reconfiguración espacial del territorio de México.

II.

La concepción de instaurar una zona de “exclusividad geopolítica” que integrara a Canadá, EU y México, tuvo como primer paso la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Y desde la entrada en vigor de éste, el primero de enero de 1994, EU ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial. México no escapó a esa lógica. Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar estadunidense llegaría acompañado de una serie de planes y megaproyectos, como los contenidos en el TLCAN, que vinculó a México de manera asimétrica y subordinada a EU, a los que seguirían después el Plan Puebla Panamá (PPP, 2001); la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan o TLCAN militarizado, 2005), que contiene una redefinición de facto de la frontera entre ambos países, de acuerdo con los objetivos de seguridad de Washington y en detrimento de la soberanía mexicana, y la Iniciativa Mérida (o Plan México, símil del Plan Colombia, 2007), que implicó una acelerada readecuación y penetración de las fuerzas armadas y las distintas fuerzas policiales mexicanas por asesores e instructores de operación e inteligencia estadunidenses.

III.

La Aspan incluyó una integración energética transfronteriza subordinada a Washington y megaproyectos del capital trasnacional que subsumen los criterios económicos a los de seguridad −justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de la soberanía nacional− y una normativa supranacional que hace a un lado el control legislativo, mientras se imponen leyes contrainsurgentes que criminalizan la protesta y la pobreza y globalizan el disciplinamiento social.

IV.

Diseñada por EU, la guerra asimétrica de Felipe Calderón tuvo por objetivo destruir mediante la violencia y el terror el tejido social comunitario y generar desplazamientos forzosos de población en amplias zonas del país consideradas económicamente estratégicas por el gran capital, como paso previo a una reconstrucción y un reordenamiento territorial y poblacional que, con base en la aprobación de la cuarta generación de medidas neoliberales durante el mandato de Enrique Peña Nieto −en particular la contrarreforma energética−, diera paso a una posterior enloquecida carrera trasnacional para el despojo.

V.

La dinámica desordenar/destruir/reconstruir/reordenar iniciada por Calderón, tuvo su continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 de Peña Nieto, y fue reconfirmada en sus 10 medidas de acción en materia de legalidad y justicia anunciadas por el jefe del Ejecutivo en noviembre de 2014, donde se establecía que el gabinete de seguridad implementaría un “operativo especial” en la zona de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, y una estrategia de “desarrollo integral” en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, consistente en crear tres zonas económicas especiales: 1) el corredor industrial interoceánico en el Istmo de Tehuantepec (que conectará al Pacífico con el Golfo de México); 2) Puerto Chiapas, y 3) Puerto Lázaro Cárdenas, en los municipios colindantes de Michoacán y Guerrero. Con financiamiento de la banca de desarrollo y el sector privado, las inversiones previstas incluyen autopistas (como la que conectará Michoacán con Puerto Chiapas), la modernización de Tuxtla Gutiérrez y obras de infraestructura y gasoductos (como el del eje Salina Cruz-Tapachula, que permitirá introducir gas natural por primera vez a México).

Salvo Puebla, la iniciativa oficializada por Peña Nieto en Puerto Chiapas el 29 de septiembre de 2015, incluye a los otros ocho estados del Plan Puebla Panamá original. Publicitado como un “plan innovador de desarrollo”, la iniciativa evidencia que la nueva fase de desposesión o despojo tiene como blanco prioritario territorios ricos en recursos naturales y materias primas, donde están asentados pueblos originarios y existen proyectos de resistencia contrahegemónicos y autonómicos.