La cuestión de la Guerra y la Paz en Colombia

La expectativa por la posible firma de la paz en los próximos días contrasta con las noticias de orden público en el país, las cuales no tienen relación directa con el accionar de las FARC, pero que muestran la persistencia del conflicto político y social más allá de las armas de las guerrillas.

Vanesa Morales / Especial para Con Nuestra América

Agradecemos el envío a nuestro colaborador en Buenos Aires, Rodrigo Gómez Tortosa

El gobierno colombiano y las FARC firmaron en
La Habana un pacto para poner fin al conflicto armado.

Entre las noticas más destacadas está por un lado el nuevo paro campesino que dejó 3 muertos como resultado. Este paro volvió a mostrar no sólo la crisis estructural del sector agropecuario del país, producto de una alta concentración de la tierra y una pésima política sectorial, sino también el accionar guerrerista de las fuerzas del Estado frente al  sano y democrático ejercicio de protesta. No está de más recordar los 16 campesinos muertos que dejaron los paros agrarios del 2013, sin responsables hasta la fecha.

Por otro lado las noticias sobre el aumento de los desplazamientos internos en 2015 frente a 2014, en un contexto de cese al fuego unilateral de las FARC, debería generar reflexiones relacionadas con la persistencia de otros grupos armados que generan desplazamientos y que siguen operando en varios territorios del país, frente a los cuales pareciera no existir el mismo juicio de valor y demanda de cese de actividades y rendición, por parte de la opinión pública y especialmente los grandes medios de comunicación. Paradójicamente aumenta el desplazamiento y la Violencia cuando las FARC no están usando las armas.

Otra noticia relacionada con la anterior es la polémica generada, por lo que ahora se ha denominado Nuevos Paramilitares, BACRIM o Autodefensas. No hace más de tres meses que el país presenció un paro armado que dejó  al menos 5 muertos entre ellos civiles, pérdidas económicas por el cese obligatorio de actividades y el terror en la población civil ante la inoperancia del Estado para proteger la vida de sus ciudadanos. No está de más aclarar el antagonismo entre FARC y Paramilitarismo, es decir que la Guerrilla no es el  único actor que imprime violencia. 

Una última noticia que llama la atención es la de los hacinamientos y la crisis de salud en las cárceles del país, situación que más allá  del debate sobre la infraestructura carcelaria, debería servir como insumo para analizar las causas del aumento de la delincuencia, que paradójicamente tampoco tiene una relación directa con la existencia de las FARC, pero que también es generadora de violencia, no sólo para el que es atacado sino también para el que ataca, pues es el único recurso que tiene frente al desempleo y la falta de posibilidades para educarse.

A propósito de la firma de la Paz en la Habana y al leer algunas de las noticias descritas con anterioridad cabe preguntarse ¿Las FARC son responsables de toda la violencia en el país? Si con las FARC o sin ellas se viven situaciones de guerra y de violencia, ¿cómo podemos hablar de paz?

Si es verdad que desde el Estado se quiere conseguir la paz, debería empezar por una reestructuración interna, pues éste perdió desde que empezó la violencia el monopolio del uso de la fuerza y no es únicamente la guerrilla la que disputa este principio que se supone es fundamental en los Estados Modernos. Este paso debe ir acompañado también por un cambio en la escuela de guerra, ya que si habrá paz las fuerzas estatales deben estar preparadas para esta y no para la guerra.

Las fuerzas policiales deben abandonar su accionar militarista y retomar el espíritu civil que supone su existencia. Por otra parte el Estado debe estar decidido a recuperar el monopolio de la fuerza que también es disputado por los paramilitares y la guerrilla del ELN.

Por otra parte y como requisito sine qua non para que la paz no sea solo una ilusión, la práctica política debe consolidarse como un ejercicio democrático y tolerante capaz de aceptar opiniones de todos los tintes sin que éstos sean vistos como un peligro para el orden, pues el mantenimiento del supuesto orden a partir de la guerra y el exterminio, solo ha generado caos, debilitamiento de la estructura social y naturalización de la violencia política.

El Estado debe reconstruirse en función de cumplir sus deberes con sus ciudadanos, es decir proteger sus derechos (de primera, segunda y tercera generación) y no violarlos o permitir que terceros los violen. Debe modernizar su institucionalidad y reconocer su papel en la profundización de la guerra por ejemplo en los casos de los falsos positivos o su complicidad con el accionar paramilitar, para así avanzar en la reconstrucción de memoria y justicia.

Falta mucho camino por recorrer y lo más difícil por conseguir: no la dejación de las armas o el cese al fuego como sí la decisión de hacer los esfuerzos necesarios para que por primera vez en Colombia disfrutemos de una paz duradera, cosa que no ha conocido la república desde su fundación.