Si los diversos planes
de desarrollo económico impulsados por los Estados Unidos para la región no han
generado los resultados sociales esperados, es porque sus intenciones han sido
siempre netamente empresariales.
Desde Ciudad Guatemala
Este texto
se publicó originalmente en el Boletín Economía, N. 6, de junio de 2016, del
Instituti de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad de San Carlos,
Guatemala.
Introducción
No son pocos, en
realidad, los planes y proyectos de desarrollo económico concebidos por los
Estados Unidos para Guatemala. Si contamos a partir de la intervención de 1954,
veremos ciertamente que fue bajo la tutela del gobierno norteamericano que la
administración de Castillo Armas creó, entre otras instituciones, el Consejo
Nacional de Planificación Económica (CNPE)[1]
encargado de implementar los Planes quinquenales de desarrollo económico
1955-1960, 1961-1964 y 1965-1969, y luego otra serie de Planes nacionales de
desarrollo que comprendieron los períodos 1971-1975, 1975-1979 y 1979-1982.
Este último, por otra parte, integraba el Plan de acción social (PASO), el Plan
de desarrollo integral de la Franja Transversal del Norte (FTN) y Planes de
desarrollo regionales (Altiplano Norte/Central, Occidente/Altiplano, Baja
Verapaz y Petén).
Así, pasando por los
planes y proyectos de la “Alianza para el Progreso” establecida por los Estados
Unidos como paliativo a la pobreza de algunos países de América Latina en el
contexto de la guerra fría, en épocas más recientes se llega a asumir como
directrices de gobierno los mandatos del Consenso de Washington, los del Área
de Libre Comercio para las Américas (ALCA), el Tratado de Libre Comercio con
los Estados Unidos, los planes y proyectos del Plan Puebla Panamá (PPP) y, recientemente,
las “ordenanzas” del Plan de la alianza para la prosperidad del Triángulo
Norte.[2]
Pero, ¿qué plantea este
último plan?
Los principales planteamientos del
Plan
El plan de la “Alianza
para la Prosperidad” parte de una constatación: las condiciones de exclusión
generadas por las estructuras económicas extremadamente injustas de Guatemala,
Honduras y El Salvador, así como la violencia extrema que subyuga a esta región
centroamericana, han llevado a un porcentaje cada vez más importante de guatemaltecos,
hondureños y salvadoreños a migrar hacia los Estados Unidos. Esta situación se
vuelve aún más compleja, cuando se comprueba que los tres países que conforman
el Triangulo Norte ocupan las primeras posiciones en las clasificaciones
internacionales de riesgo de desastres asociados a fenómenos naturales y al
cambio climático.[3]
Un ambiente desolador
afecta por tanto a la región. Sin un Estado que funcione a la altura de las
necesidades de sus habitantes, sin una clase empresarial consciente que tribute
según su riqueza, no se puede sino esperar que la pobreza, la migración y las
“actividades ilícitas” sigan en aumento.
De suerte que el Plan
de la alianza para la prosperidad del Triángulo Norte establece cuatro líneas
estratégicas con sus respectivas acciones:
1.
Dinamizar
el sector productivo para crear oportunidades económicas
a)
Promoción
de sectores estratégicos y atracción de inversiones;
b)
Reducción
de costos de energía y confiabilidad del servicio eléctrico;
c)
Modernizar
y expandir infraestructura y corredores logísticos;
d)
Gestión
coordinada de fronteras;
e)
Facilitación
del comercio internacional.
2.
Desarrollar
oportunidades para nuestro capital humano
a)
Estrechar
el vínculo entre la oferta laboral y la demanda de las empresas;
b)
Acumulación
de capital humano.
3.
Mejorar
la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia
a)
Reforzar
programas de prevención de la violencia;
b)
Fortalecer
las instituciones de seguridad ciudadana;
c)
Modernizar
el sistema de justicia.
4.
Fortalecer
instituciones para aumentar la confianza de la población en el Estado
a)
Fortalecer
la capacidad financiera del Estado;
b)
Aumentar
la transparencia.
Como vemos, para lograr
el desarrollo del sector productivo el plan propone trabajar en una política
activa de atracción de la inversión privada y promoción de sectores y áreas
estratégicas. Igualmente, para potenciar la competitividad y fomentar la
atracción de inversión plantea atender los problemas relacionados al costo y la
calidad del servicio eléctrico que permita reducir los costos de producción de
manera que las empresas puedan competir en mejores términos en los mercados
internacionales.
En suma, las
principales acciones concernientes al sector productivo se concentrarán en la
promoción de sectores estratégicos y atracción de inversiones; reducción de
costos de energía y confiabilidad del servicio eléctrico; modernización y
expansión de infraestructura y corredores logísticos; gestión coordinada de
fronteras y facilitación del comercio internacional.
Estamos, pues, de cara
a un plan que busca profundizar los principales proyectos del Plan Puebla
Panamá: facilitación del intercambio comercial, integración vial, interconexión
energética e integración de los servicios de telecomunicaciones.[4]
Pero el Plan de la
alianza para la prosperidad también plantea otras acciones: estrechar el
vínculo entre la oferta laboral y la demanda de las empresas; y la acumulación
de capital humano; son las concernientes a la línea estratégica relacionada con
el desarrollo de oportunidades para el capital humano. Reforzar programas de
prevención de la violencia; fortalecer las instituciones de seguridad
ciudadana; y modernizar el sistema de justicia; corresponden a la línea
estratégica que propone mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la
justicia. Fortalecer la capacidad financiera del Estado y aumentar la
transparencia, son las acciones relativas a la línea estratégica que busca
fortalecer instituciones para aumentar la confianza de la población en el
Estado.
Por otra parte, la
sección final del Plan señala cuatro elementos fundamentales para su ejecución.
1) Focalización territorial y coordinación regional; 2) Financiamiento del
Plan; 3) Esquema de ejecución; 4) Esquema de evaluación y seguimiento. Así es
como en esta sección se impulsa un enfoque territorial con una coordinación
regional; se da prioridad al tema de la planificación fiscal de mediano plazo;
se establecen esquemas de participación público-privada, se plantea la búsqueda
de cooperación en forma de donación, financiamiento y reducción de deuda; se
incluye el tema de la transparencia y se expresa además la necesidad de
establecer metas medibles y verificables.
Los límites del Plan
Pero la elaboración del
los lineamientos del plan, hay que decirlo, careció desde el principio de
legitimidad. En efecto, a pesar de que la dimensión de los desafíos de
desarrollo del plan afectan a todos los sectores socioeconómicos de la región,
el Banco Interamericano de Desarrollo, en tanto secretario técnico de dicha
iniciativa, “no realizó convocatoria pública alguna a las organizaciones de la
sociedad civil para participar y contribuir a la elaboración de los
lineamientos, y se limitó a consultarlos con los gobiernos y los empresarios de
la región, en un proceso cerrado y opaco”.[5]
El Plan, en efecto, se
inclinó desde su nacimiento hacia las agendas de los sectores privados
empresariales que de ejecutarse afectarán a los ya débiles sistemas fiscales de
la región. Especialmente alarmantes son los lineamientos siguientes:
2.7 Relativo a una
política activa de atracción de inversión privada y promoción de sectores y
áreas estratégicas;
2.8 Concerniente a
la reducción de costos de las empresas, particularmente en el sector eléctrico;
2.9 Referente a la
focalización de las políticas de promoción en áreas geográficas específicas y
sectores estratégicos como el textil, agroindustrial, industria ligera (que
incluye la maquila) y turismo y;
2.10 Que tiene que ver con la creación de zonas económicas especiales que
propone el privilegio de tratamientos diferenciados a inversiones nuevas a las
cuales el Estado tendría que proveer la infraestructura y servicios públicos
necesarios para dinamizar la actividad económica.
Ahora bien, esta amplia
y extensa agenda de intereses empresariales privados contrasta grandemente con
las carencias del plan en lo concerniente a los trabajadores. Fundamentalmente,
no se proponen medidas para alcanzar estándares que aseguren el acceso a
trabajo decente, con remuneración justa, cobertura y seguridad social; ni se
incluye, por otra parte, la participación de éstos y otros sectores de la
sociedad civil organizada en la discusión del plan.
En Guatemala, por
ejemplo, preocupan enormemente las reuniones y presentaciones exclusivas de
representantes del gobierno con el sector privado, las cuales “parecen más
orientadas a alinear el Plan a los intereses empresariales”,[6]
que a la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales que afectan a un
alto porcentaje de habitantes de la región.
Algo similar sucede en
Honduras y El Salvador. Aquí, ciertamente, las organizaciones empresariales han
sido las favoritas por los gobiernos, lo cual se ha traducido en la exclusión
de las organizaciones de la sociedad civil. A tal extremo que en el caso
hondureño, la participación no gubernamental del Primer Encuentro para el Plan
de la alianza para la prosperidad del Triángulo Norte, realizado el 26 de
febrero de 2015 en el puerto de Tela, fue circunscrita a las organizaciones
empresariales de la región.
Ciertas organizaciones
de la sociedad civil, no obstante, han presentado propuestas técnicas
alternativas a las del Plan.
La propuesta de ICEFI
Si nos atenemos a lo
planteado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, El Salvador,
Guatemala y Honduras pueden ser países prósperos y democráticos si el Plan de
la alianza para la prosperidad del Triangulo Norte, en lugar de mantener su
inclinación al sector empresarial, enarbola un acuerdo político susceptible de
impulsar una agenda para el desarrollo y la consolidación democrática que tome en
cuenta esfuerzos para el crecimiento económico sostenible, la construcción de
la igualdad y una mayor efectividad del sector público. Esto implicaría lo
siguiente:
1.
Crecimiento
económico sostenible
a)
Transformación
productiva y desarrollo rural;
b)
Integración
regional;
c)
Sintonización
de la política monetaria con las necesidades del crecimiento económico y la
política fiscal;
d)
Aprovechar
mejor el mercado doméstico;
e)
Desarrollar
un modelo de protección social.
2.
Construcción
de la igualdad
a)
Generación
de bienes públicos con carácter universal;
b)
Desarrollo
de un modelo de protección social progresivo y sostenible;
c)
Emancipación
de la mujer.
3.
Efectividad
del sector público
a)
Políticas
públicas efectivas;
b)
Transparencia
fiscal;
c)
Rendición
de cuentas;
d)
Fortalecimiento
del sistema político.
Como le correspondía,
ICEFI plantea además la necesidad de acuerdos fiscales que apunten hacia la
justicia y la equidad, y que a la vez permitan finanzas públicas sostenibles y
suficientes. Cuatro esferas, según ellos, son necesarias para lograr esos
acuerdos. Sobre el ingreso, el fortalecimiento de las administraciones
tributarias y la construcción de sistemas tributarios más progresivos. Por el
lado del gasto público, la evaluación de lo que se ejecuta por medio de las
políticas públicas, la sostenibilidad y suficiencia fiscal y, claro está, la
transparencia, la rendición de cuentas y la educación fiscal a la ciudadanía.
Los planteamientos de
ICEFI, lo vemos, no ven en la dinamización del sector productivo dominante la
fórmula mágica del desarrollo de la región. En sentido más bien contrario a lo
planteado por el Plan, esta institución centroamericana plantea la necesidad de
impulsar una transformación productiva que conlleve el desarrollo rural. Más
que consolidar un modelo económico que hasta la fecha ha demostrado ser
concentrador de riqueza y generador de pobreza, su propuesta técnica va en la
línea de trabajar por un crecimiento económico sostenible que desemboque, a la
vez, en la construcción de la igualdad social y la efectividad del sector
público.
Conclusión
Vemos que si los
diversos planes de desarrollo económico impulsados por los Estados Unidos para
la región no han generado los resultados sociales esperados, es porque sus
intenciones han sido siempre netamente empresariales. Vemos igualmente que si
la región expulsa cada vez más habitantes hacia los Estados Unidos, es porque
las estructuras económicas y sociales injustas han favorecido históricamente a
una reducida clase social que concentra la riqueza en desmedro de la mayoría de
la población.
Si los Estados Unidos
quieren ahora detener la migración de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños
que en los últimos años se ha vuelto alarmante, y si ellos quieren realmente
ayudar al desarrollo de estas tres naciones centroamericanas, es en la
dirección de un modelo más social y más humano que se debe trabajar. Sólo
eliminando las injusticias económicas y sociales que hacen de esta región
centroamericana una de las más pobres y violentas del mundo, según nosotros, se
pueden lograr naciones más prósperas cuyos habitantes no necesiten emprender
ese largo y peligroso camino que los lleva hacia el Norte.
* Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
NOTAS
[1] Creado según decreto
número 132 promulgado por Carlos Castillo Armas el 1 de noviembre de 1954.
[2] El documento del Plan
de la alianza para la prosperidad del Triángulo Norte fue elaborado por el BID
en septiembre de 2014. Fue presentado durante la reunión entre los presidentes
de los Estados Unidos de América, Barack Obama, y de Guatemala, El Salvador y
Honduras, Otto Pérez Molina, Salvador Sánchez Cerén y Juan Orlando Hernández,
respectivamente, en Washington DC, en noviembre de 2014.
[3] Véase el interesante
análisis de la realidad económica y social de los tres países centroamericanos
en el primer capítulo del Plan de la alianza para la prosperidad, titulado:
“Situación de los países del Triángulo Norte y sus principales desafíos al
desarrollo.
[4] Véase: Jorge Murga
Armas, Guatemala en el Plan Puebla
Panamá. Las tramas de este modelo de integración regional, Revista
Economía, No. 169, julio-septiembre 2006, IIES-USAC, Guatemala, pp. 51-81.
[5] ICEFI, Posición ante el Plan de la alianza para la
prosperidad del Triángulo Norte, Instituto Centroamericano de Estudios
Fiscales, Centroamérica, marzo, 2015.
[6] Ibid.
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