Comunidades organizadas en resistencia
pacífica en Guatemala han logrado ganar una batalla de primer orden en defensa
de la madre tierra, el territorio, el agua y la vida.
Mario Sosa / Especial
para Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
La Corte de Constitucionalidad (CC) no tuvo
más alternativa que rechazar la apelación de la empresa Exploraciones Mineras,
S. A., y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que pretendían revertir la
suspensión de operaciones del proyecto minero Progreso VII Derivada, contra el
cual dichas comunidades han mantenido cuatro años de resistencia. Este proyecto
minero perteneció inicialmente a Radius Gold Inc.; y desde finales de 2012, a
Kappes, Cassiday & Associates, a la cual pertenece Exploraciones Mineras,
S. A., ambas de un capital cuyo origen se sitúa en Canadá.
La Puya es el nombre con el que se conoce la
resistencia que empieza en 2012 contra el proyecto minero. Su acción principal
ha consistido en la instalación de un bloqueo permanente a la entrada de la
mina para evitar su funcionamiento. Después del desalojo violento por parte de
fuerzas policiales el 23 de mayo de 2014 han mantenido un plantón a la orilla
de la carretera, a 20 metros de la entrada a la mina, y lo extendieron a las
puertas del MEM como una forma de ampliar la resistencia al proyecto minero y
de denunciar la política de Estado dirigida a garantizar el interés privado del
capital transnacional y de sus aliados locales, pertenecientes a grupos
oligárquico-empresariales.
La decisión de esta resistencia, argumentada
por mujeres y hombres que la integran, se explica en la falta de consulta sobre
un proyecto extractivo respecto al cual las comunidades han estado en
desacuerdo. El rechazo también es debido a múltiples afectaciones y hechos que
han consolidado y legitimado esta posición. Entre estas afectaciones se encuentran
la contaminación de las fuentes de agua, agresiones de empleados de la empresa
y la división de las comunidades provocada por financiamientos clientelares de
la minera. Asimismo, se cuentan hechos como el atentado armado contra una de
las dirigentes de la resistencia, Yolanda Oquelí. También las amenazas, las
intimidaciones y la estrategia de criminalización y procesamiento judicial de
varios comunitarios, en las que actúan conjuntamente empresa y funcionarios
públicos. A esto se suma el apoyo que el Estado ha facilitado a la empresa,
expresado en la aprobación de un estudio de impacto ambiental cuestionable que
da paso a la licencia de explotación minera, a la protección policial de la
empresa (y no a la ciudadanía en resistencia), al despliegue policial masivo y
el desalojo violento contra la resistencia pacífica en mayo de 2014, a la
gestión oficiosa del MEM y a sucesivos gobiernos nacionales a favor de estos
intereses privados.
Durante el segundo semestre de 2014, la
empresa reinicia operaciones. Sin embargo, un recurso de constitucionalidad en
representación de las comunidades en resistencia pacífica logra que se suspenda
temporalmente el proyecto minero. A pesar de ello, la empresa continuó las
operaciones y el saqueo ilegal de metales preciosos. Así se constató el 9 de
mayo de este año con la captura de empleados de la empresa minera que
transportaban ilegalmente casi dos millones de dólares en oro y plata. Respecto
a estos hechos, queda pendiente determinar si el Estado, a través del
Ministerio Público, procederá a investigar y acusar a los implicados materiales
e intelectuales no solo por la continuidad de la actividad minera, sino también
por la extracción ilegal de estos metales.
Este conjunto de hechos que caracterizan la
imposición del proyecto Progreso VII Derivada desnuda un modelo de acumulación
de capital orientado al saqueo de los recursos nacionales, así como la política
de un Estado facilitador de intereses privados antes que garante del interés
común. A estas alturas del proceso nacional es evidente que el extractivismo no
es la alternativa deseada, aceptada y coherente con el desarrollo, como
demuestra este caso.
La CC ha resuelto rechazar el recurso
jurídico que perseguía el reinicio de la actividad minera y mantiene la
suspensión temporal de operaciones establecida por la Corte Suprema de Justicia
el 22 de febrero de 2016. También mandata al MEM realizar una consulta a las
comunidades de ambos municipios en cuestión para establecer su acuerdo o
desacuerdo con dicho proyecto minero.
Queda pendiente, entonces, la resolución en
definitiva del amparo a favor de las comunidades en resistencia. En lo
inmediato, asimismo, está por verse cómo y cuándo será implementada la consulta
del MEM a las comunidades. Este mecanismo deberá garantizar su carácter
democrático, transparente y garante de la decisión mayoritaria de la ciudadanía
en ese territorio.
Celebramos estos logros de la resistencia
pacífica de La Puya. Constituyen un triunfo popular en la defensa del
territorio y en la búsqueda por garantizar los derechos a la vida y al agua y
los derechos de la madre tierra.
Cuanto nos alegra que la resistencia tenga un triunfo, en Ecuador se penaliza a la resistencia pacifica, una mujer de la Comunidad Indigena Saraguro ha sido condenada a prisión, sin considerar que tiene hijos pequeños y que solo reclamaba su derecho a la vida al oponerse a la operación de las mineras y obstaculizar una carretera... La identificaron en una fotografía y fue sancionada...Se han organizado mas protestas, todas las mujeres estamos con ella, esperamos no tenga que ir a la cárcel... Felictaciones a las mujeres de Guatemala son un ejemplo para Nuestra America...
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