El Niño costero: algo más que problemas de planificación

El impacto provocado por El Niño costero sobre suelo peruano ha puesto en evidencia un desastre natural y social de envergadura inimaginable e incalculable que atenta contra la calidad de vida de sus poblaciones, caracterizadas por grandes diferenciaciones y brechas sociales.

Robinson Olivera* / Especial para Con Nuestra América

El fenómeno

Como un fenómeno de la naturaleza relacionado con la injerencia humana a partir de la alteración del espacio natural y social, se trata de un evento impredecible que, preconcebido y esperado, se ha tornado en una especie de “crónica de una muerte anunciada”, cuyos antecedentes ya se manifestaban desde el año pasado.

El desastre actual se muestra en lluvias con fuertes precipitaciones que han generado un sinnúmero de derrumbes, inundaciones y huaicos que afectan directamente en zonas rurales y urbanas del país, desprovistas en muchos casos de estructuras de contención adecuada. Claramente, se percibe que este suceso natural ha impactado todo lo que se encuentra a lo largo de su recorrido, mejor dicho todo lo que se atraviesa en su curso incontenible: pobladores, cultivos, caminos, viviendas, edificios e infraestructura en general. De allí que las pérdidas humanas y materiales están a la orden del día, pues no se puede contabilizar la magnitud final de esos daños, ya que aún no ha terminado; contrariamente, está empezando.

La planificación

El problema central parece apuntar hacia la planificación, como un eje fundamental en la relación ser humano - naturaleza y ser humano – sociedad, ya que se refiere a la construcción del espacio y su respectiva configuración social en el marco de un proceso de gestión en su sentido temporoespacial, con una dimensión sociocultural, sociopolítica y socioeconómica.

La planificación no es algo que se comprenda como un fin en sí mismo, como si fuese un instrumento mágico cosificado; es un recurso  instrumental y metodológico con status político, dado que se convierte operacionalmente en una mediación política que puede encaminar el resultado de un proceso de gestión colectiva, la cual se supone debe ser consultada, concebida, negociada y consensuada -en el mejor de los casos- entre sujetos sociales participantes con equipos especializados en materia de gestión social in situ  dentro de su contexto, en un espacio y tiempo determinado. El camino a transitar contempla la realización del diagnóstico, la formulación, la ejecución y la evaluación del plan, programa o proyecto de interés según los procedimientos establecidos en cada uno de estos pasos mencionados.

Los sujetos sociales participantes deberían estar formados por representantes de diversas fuerzas sociales proactivas de sus ámbitos locales o regionales, tales como asociaciones, comités, colectivos, federaciones y otros más, mientras que los equipos especializados estarían constituidos por técnicos-profesionales de carácter interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial que deben facilitar la realización de todo este quehacer estatal.

Esa responsabilidad debe ser asumida, construida y compartida por la sociedad civil (sociedad) y la sociedad política (estado) desde un enfoque de derechos, equidad, género, diversidad, inclusión, interculturalidad y medio ambiente, y de cara a un escenario de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, a toda la población del territorio, de manera especial a su población meta, punto de partida y de llegada de su gestión e intervención pública.

El ordenamiento territorial

Un componente del proceso se refiere entonces a la planificación territorial que vislumbra la organización y el ordenamiento del espacio o del territorio de su población, razón por la que justamente se ha denominado ordenamiento territorial. Muy importante advertir que una gestión de esta naturaleza sería impensable ejecutarla al margen de la definición de prioridades del plan nacional de desarrollo y la operacionalización estratégica de sus respectivas políticas públicas, institucionales e interinstitucionales, sectoriales e intersectoriales. Desde allí se convienen establecer planes estratégicos y operativos según determinados procesos y procedimientos que contienen a su vez productos, indicadores, metas, actividades, presupuestos y responsables, en concordancia con el orden jurídico y los recursos humanos y materiales disponibles a nivel nacional.

De modo que las posibilidades de un ordenamiento territorial en el marco de la planificación conllevan necesariamente una interpelación de sus diversos actores, entre los cuales están las organizaciones sociales  y comunales, así como su población meta, conformada concretamente por aquellas poblaciones vulnerables y empobrecidas que  se encuentran muchas veces en situaciones de abandono y riesgo físico y social. Precisamente, con esta población se podría visualizar conjuntamente la gestión de un espacio alternativo, adecuado y seguro, y garantizar simultáneamente la dotación de equipamiento social deseable en la construcción de la ciudad en el ámbito rural o urbano según sean sus características particulares en Costa, Sierra o Selva.

Más allá de las voluntades políticas de los actores, un aspecto sustancial en la puesta en marcha de las políticas estatales, enlace vital entre la oferta del Estado y la demanda de la Sociedad, se refiere a la consideración de sus viabilidades de orden técnico, financiero, institucional, ambiental y político por ejemplo, las cuales podrían dar luz verde a su ejecución, siempre y cuando los gobiernos locales o el gobierno central dispongan de los recursos humanos y materiales necesarios para la implementación del plan, programa o proyecto en el corto, mediano o largo plazo.

Con la idea de optimizar los recursos propios del Estado, se toma en cuenta también la existencia de convenios de cooperación con organismos nacionales e internacionales en el marco de relaciones bilaterales y multilaterales, con el fin de alcanzar un panorama económico y financiero más favorable en la búsqueda de alternativas sustentables, sanas e idóneas. Cabe acotar que, desafortunadamente, sin recursos no es posible implementar nada; significa que sería prácticamente imposible implementar algo.

El conflicto

Con el propósito de ejercer y encauzar asertiva y proactivamente el derecho de oposición y reclamo, el problema no debería consignarse a “la” institución ni a “una sola” institución, como entes abstractos del estado, sino a quienes tienen la responsabilidad inmediata por parte del gobierno central en su calidad de interlocutores técnicos y políticos del Estado. En otras palabras, se refiere a personal del ente público, como funcionarios, autoridades y jerarcas del poder ejecutivo que han asumido esas responsabilidades en materia de gestión inter institucional y sectorial según prioridades estratégicas establecidas, las cuales se convierten finalmente en la plataforma de implementación material de las políticas públicas competentes.

Asimismo, algunos inversionistas del sector privado nacional e internacional tendrán principalmente cuotas de corresponsabilidad social, política y económica en la medida que hayan logrado invertir y capitalizar, incidir en la configuración del espacio físico e impactar -como suele suceder- en el entorno natural por encima de los procesos de planificación y ordenamiento territorial inclusive. En esos casos, las consecuencias podrán ser negativas si fomentan el detrimento de los recursos naturales, el estancamiento del desarrollo social y la pérdida de calidad de vida de la población. De allí que el estudio oportuno de cada sector afectado en sus diversas regiones podrá mostrar materialmente aquellos atenuantes y agravantes del desarrollo humano de sus respectivas ciudades, básicamente en su dimensión socioeconómica.

Inevitablemente, surge ahora la siguiente pregunta: ¿Quiénes son responsables directos de los problemas de planificación y de ordenamiento territorial de los sectores urbanos y rurales afectados por el fenómeno natural del Niño costero? ¿Será entonces la furia de la naturaleza? Por supuesto que no. Sobra decir que el problema va más allá de dicho eufemismo. Esa idea popularizada seguirá siendo un criterio impreciso, fragmentado y evasivo en la comprensión de todo este desastre natural y social. Una vez más podría ser fácil culpar a la naturaleza que responsabilizar con nombres y apellidos, por un lado, a quienes realmente representan los desaciertos de la gestión pública del poder ejecutivo en su nivel local, regional y central, es decir nacional; por otro lado, a quienes arbitrariamente han pretendido imponer una gestión privada desde una lógica de acumulación, privatización y libre mercado, clara expresión de intereses empresariales, corporativos y transnacionales dentro de esta economía capitalista de desarrollo.

No cabe la menor duda que el problema central recae en funcionarios y autoridades del nivel local y regional que, por indiferencia, negligencia o intereses creados, no asumen sus funciones y provocan otras complicaciones. De ser así, corren el peligro de implementar una gestión pública débil, dispersa y distorsionada, sin capacidad eficiente que permita contener y minimizar situaciones de riesgo en el corto plazo. Al mismo tiempo, incumplen con la atención de las necesidades básicas de su entorno social en materia de empleo, salud, educación, alimentación, vivienda y equipamiento social, sin llegar a responder acertadamente a las demandas prioritarias de las poblaciones de esas ciudades, independientemente que estén en situación de estancamiento o crecimiento. Demás está decir que los jerarcas del poder ejecutivo cargan una gran cuota de responsabilidad en la toma de decisiones y el ejercicio de acciones estratégicas desde su gestión pública en el nivel central; ninguno podría aducir desconocimiento de hechos ni causas, pues son responsables inmediatos de la direccionalidad institucional y la capacidad de gobernabilidad del Estado en representación del Gobierno Central.

En el interín de este impase, las poblaciones seguirán esperando ansiosamente su anhelado desarrollo humano y social en el corto o –tal vez mejor- el mediano plazo que, tal y como marchan las cosas hasta este momento, en medio de sospechas y denuncias por malversación de fondos, contrataciones administrativas dudosas y malos procesos constructivos por parte de autoridades de gobierno, será francamente una suerte de “sueño de los justos”.

Igualmente, una cuestión de fondos se encuentra sumamente internalizada en la sensibilidad social y la conciencia colectiva de la sociedad peruana, expresado en el binomio: pérdida de credibilidad política - corrupción en el sector público y privado. Por memoria histórica, sobran casos de corrupción en todas las esferas de poder político, desde dirigentes, ex candidatos presidenciales y ex presidentes de la República del Perú. Desde hace décadas, el fujimorismo ya ha demostrado con creces todo su potencial de cinismo y perversidad en abuso de autoridad, peculado,  falsedad ideológica, lavado de dinero, genocidio, violación de derechos humanos y traición a la patria, entre otros aspectos más en materia de corrupción. Basta recordar también el reciente escándalo de corrupción protagonizada por la compañía constructora brasileña Odebrecht que, bajo criterios estratégicos empresariales, puso las coimas en el tapete, una práctica ilícita consentida ambiciosamente por diversas personalidades, como un modus operandi del proceso de competencia comercial en el mercado internacional. En el caso peruano, lentamente siguen emergiendo los rostros ocultos de la corrupción desde las podredumbres acumuladas en las profundidades del hades del modelo económico neoliberal.

A toda costa, este pueblo reclama su dignidad y se autodefine intolerante con el crimen organizado, pues  espera ciertamente que el manejo de fondos de inversiones públicas y privadas no terminen más en las garras de corruptos ni en escándalos de corrupción, suficiente con lo que ya se ha registrado hasta el presente. Por esa razón, resulta deseable que esta coyuntura permita que tales fondos sean mejor administrados y logren formar parte de gestiones y alianzas estratégicas encaminadas hacia una mejor producción de excedentes, una distribución equitativa de los recursos y un desarrollo sustentable en el espacio rural y urbano.

En resumidas cuentas, se deduce que todos los procesos de planificación y de ordenamiento territorial que se ejecutan a espaldas de las necesidades o en contra de las poblaciones más vulnerables y empobrecidas  que viven en situaciones de abandono y riesgo, solo pueden generar  impactos negativos, inoportunos, ineficientes, ineficaces e impertinentes en el desarrollo humano, cultural, social, económico y político del país. Dichos procesos promovidos muchas veces desde el Gabinete se convierten en verdaderos muros en vez de puentes hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus poblaciones ante las necesidades más sentidas y constatadas dentro de sus diversos territorios. Inevitablemente, el conflicto seguirá siendo “la piedra en el zapato” mientras no exista una identificación de las prioridades de la realidad que logren incorporarse en una agenda nacional y traducirse consecuentemente en soluciones viables, con efectos e impactos favorables y cuantificables en plazos determinados.

El cambio social

Frente a la expansión de las ciudades, la estructura deficiente del empleo, el desplazamiento migratorio interno,  la creciente demanda de nuevos servicios y la alteración violenta del espacio natural y social, se hace necesario realizar estudios descriptivos e investigaciones explicativas que contribuyan con una comprensión de totalidad y una búsqueda de alternativas de cambio social.

En primer lugar, estos conocimientos permitirán constatar el grado de eficiencia, responsabilidad o irresponsabilidad de algunos funcionarios y autoridades locales en la atención de las demandas básicas ciudadanas, cuánto más las necesidades de sus poblaciones vulnerables. En segundo lugar, también permitirán descubrir posiblemente graves problemas de gestión, algunos enlazados a intereses empresariales creados y otros vinculados a sobornos y complicidades provenientes de representantes ejecutivos o gerenciales de importantes inversiones privadas.

De cualquier modo, se percibe que, dentro de este modelo económico neoliberal, la fuerza de las inversiones privadas y públicas apostarán coincidente y predominantemente por los intereses del capital en contradicción con el trabajo, con el propósito de facilitar condiciones a la inversión privada por encima de la inversión pública y alinear entonces el desarrollo económico nacional a las estrategias de un mercado internacional, sin controles, sin restricciones y sin fronteras.

Desde la perspectiva de su irracionalidad económica, este modelo pretende justificar los desastres naturales y sociales sin valorar la corresponsabilidad de la gestión pública y privada, encubrir la lógica de acumulación sin calcular los daños del proceso de deshumanización colectiva y negar la importancia del bien común sin considerar las necesidades fundamentales de las poblaciones prioritarias en las tres regiones del país.

Todo parece indicar por ahora que la mano invisible del mercado y la lógica de acumulación del capital podrán universalizarse en un continuum dentro del modelo económico neoliberal impuesto por la hegemonía del nuevo orden internacional, a fin de materializarse con esa lógica perversa y ciega sin hacer distinción alguna del espacio natural y social; así pues, podrá impactar libre y vorazmente, con más fuerza que la furia de la naturaleza, sobre toda su población empobrecida hasta sus últimas consecuencias,  sin discriminar más su condición etaria, étnica y de género.

Sin perder los estribos, inspirados en las buenas prácticas y conscientes de las necesidades de transformación social, puede afirmarse que existe preocupación real y visión crítica compartida por parte de intelectuales, colectivos sociales, movimientos populares y organizaciones políticas, mayoritariamente declarados de izquierda. Estos sectores organizados reafirman con sus demandas que la representación competente del poder ejecutivo, acompañado de su espíritu vigilante, logre reorientar eficientemente las políticas estatales y sus acciones estratégicas hacia la satisfacción de las necesidades prioritarias y la construcción de un espacio social humanizado en áreas de mayor impacto, zonas de riesgo y puntos geográficos estratégicos del país especialmente.

El impacto provocado por El Niño costero sobre suelo peruano ha puesto en evidencia un desastre natural y social de envergadura inimaginable e incalculable que atenta contra la calidad de vida de sus poblaciones, caracterizadas por grandes diferenciaciones y brechas sociales, condición totalmente contraproducente con las aspiraciones legítimamente enunciadas en tratados y pactos internacionales, como los Objetivos del Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, abiertamente, expresadas en los procesos de resistencia histórica de todos aquellos movimientos sociales y populares que luchan por el Derecho de los Pueblos a su Autodeterminación desde las realidades más cruciales del continente latinoamericano.

Con un sentido de esperanza y solidaridad, se reconoce que todas aquellas iniciativas espontáneas y orgánicas de la sociedad peruana puedan convertirse de alguna manera en una llamada de atención al Gobierno Central, el poder ejecutivo y legislativo particularmente, a fin de que se pongan de acuerdo de una vez por todas y, en aras de la gobernabilidad, promuevan en forma eficaz un mejor proceso de planificación y ordenamiento territorial, fundado en la afirmación de una nueva ética política, la vocación de una cultura de paz y el fortalecimiento del amor por la patria.

*Sociólogo, Educador y Teólogo.