Cartes representa los
intereses de los grandes terratenientes paraguayos, y propugna las mismas
medidas que imponen los gobiernos de la Argentina de Mauricio Macri y el de
Brasil de Michel Temer y la corrupción, símbolos regionales de un modelo
económico libreempresista, entregado al capital transnacional, desregulador y
enemigo del gasto público sin importar el costo social.
Celso Guanipa Castro
/ Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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| Horacio Cartes, presidente de Paraguay. |
El presidente paraguayo
Horacio Cartes parece dispuesto a declarar el estado de excepción en todo el
país y desplegar las fuerzas militares, con la excusa de la existencia de una
amenaza al normal funcionamiento de las instituciones, tras el incendio el
último día de marzo de la sede del Congreso por un centenar de manifestantes
contra una enmienda constitucional que permitiría su reelección.
Una extraña
permeabilidad del cordón policial, en momentos ausente y vacilante, abrió el
paso a poco más de un centenar de personas que consumaron lo que siempre se
dice, pero nunca se hizo: quemar el Congreso, señala Paulo César López en E´a.
Mientras, el periodista Osvaldo Zayas se arriesga a afirmar que lo ocurrido es
una réplica del Incendio del Reichstag de 1933, pretexto del recién asumido
canciller de Alemania, Adolfo Hitler, para tomar el control del Parlamento y
desatar una tenaz persecución contra los comunistas, a quienes atribuyó el
ataque.
Como antecedente de esta
posibilidad, cabe recordar que el 17 de agosto de 2013, dos días después de la
toma de mando de Cartes, cinco guardias de una estancia ubicada en el
departamento de San Pedro, fueron asesinados en un ataque atribuido al Ejército
del Pueblo Paraguayo (EPP), lo que produjo la sanción de la norma 5036/13, que
modificó la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna. Con la quema del
Congreso el presidente culmina la sujeción del único órgano del Estado que se
le había escapado de las manos, el Senado.
Cartes dijo que “el
incendio generado en la sede del Congreso Nacional demuestra, una vez más, que
un grupo de paraguayos empotrados en la política, y en los medios masivos de
comunicación, no escatimarán esfuerzos para destruir la democracia y la
estabilidad política y económica del país”. Añadió que desde hace meses estos
vienen anunciando hechos de violencia y derramamiento de sangre, frente a lo
cual aseguró que su gobierno mantendrá “el orden jurídico” de la República.
Del millar de
manifestantes que protestaban contra la enmienda constitucional que habilitaría
a Cartes a ser reelegido, un centenar se desprendió, cruzó las vallas, burló el
cordón policial, ingresó a la sede del Congreso y de un chispazo desató una
llamarada que llegó hasta el tercer piso de la sede parlamentaria. ¿Qué pasó
con esos ostentosos despliegues capaces de disuadir a una suma de varias
multitudes?, se pregunta el portal E´a.
La prensa dio cuenta
del asesinato de Rodrigo Quintana, dirigente de la Juventud Liberal de La
Colmena, por un disparo en la cabeza, y de
la agresión al candidato del Partido. Partido Liberal Radical Auténtico
(PLRA), Efraín Alegre, y del parlamentario Edgar Acosta, además de heridas a
varios periodistas y personal sanitario y más de dos centenares de detenidos.
Los incidentes llegaron a niveles fuera de lo común: un centenar de personas
saquearon negocios, quemaron patrulleras.
La enmienda
El frente conformado
por el oficialismo, el conglomerado de partidos liderados por el candidato más
popular según las encuestas –el Frente Guasu de Fernando Lugo– y la facción
liberal de Blas Llano presentó el proyecto de enmienda constitucional para
convocar a un referendo sobre la reelección presidencial, lo que permitiría que
dos candidatos hasta ahora inhabilitados podrán correr en las presidenciales de
2018, Lugo y Cartes. Y, agazapado, mirando desde las tribunas, otro
expresidente, Nicanor Duarte Frutos sigue conservando al menos en parte sus
ambiciones de retorno.
La composición de las
fuerzas involucradas en la actual pugna de Paraguay es confusa sorprende que el
principal aliado de los cartistas pro reelección sea el Frente Guasú, coalición
de agrupaciones de centroizquierda, a la que pertenece el ex obispo y ex
presidente Fernando Lugo, destituido en 2012 con el apoyo entusiasta del
Partido Colorado..
El Frente Guasu sostuvo
que los oligopolios de medios y la oligarquía organizaron una manifestación
violenta con métodos vandálicos, alquilando barrasbravas, para alzarse contra
la voluntad popular. Agrega que la convocatoria del Senado “a la máxima
autoridad nacional, la voluntad popular expresada en sufragio”, para decidir si
quiere o no que Lugo –al igual que otros expresidentes y el actual en
ejercicio– pueda volver a ser candidato genera nerviosismo en los grupos de
poder. Refiere que el objetivo de estos sectores no es echar a Cartes, sino
impedir el referendo.
Por su parte, el
Partido de los Trabajadores (PT) declaró que la carrera por la reelección solo
tiene por objetivo lograr la impunidad y potenciar los negocios. Además tildó
de “bochornoso y nefasto” que los senadores del Frente Guasu se sometan ante
quienes perpetraron el golpe de 2012.
El alarmismo de la
cobertura de los medios hegemónicos contrastó con el ambiente de normalidad que
impusieron en ocasión del golpe de 2012, y calificaron de “golpe parlamentario”
la cuestionada sesión en que se presentó el proyecto de enmienda. En esta
jugada de los grandes medios se nota la frontal oposición de los grupos
Zuccolillo y Vierci a la recandidatura de Cartes y lo demuestran con la
publicación de encuestas que lo ubican en los últimos puestos de intención de
votos.
El presidente controla
–a pesar de la prohibición constitucional- 12 diarios, radios, televisoras y
sitios cibernéticos, se ha constituido en una amenaza en la lucha por el
liderazgo económico, aunque no en referencia informativa.
Mientras, no reciben
atención las cuestiones de fondo que afectan al Paraguay y particularmente a
los sectores más vulnerables de su población: desigualdad de ingresos, inequitativa
distribución de la tierra, gasto social insuficiente, bajo nivel de
industrialización, un mercado agropecuario controlado por monopolios y
oligopolios, deficitaria balanza de pagos y en general un índice de desarrollo
humano que muestra una deficiente calidad de vida.
La nueva triple alianza
Cartes (arquitecto,
junto al líder del Partido Liberal Blas Llano, del golpe parlamentario a
Fernando Lugo) accedió al poder en 2013 como el candidato más votado de la
transición democrática. Antes, logró modificar los estatutos del Partido
Colorado para poder ser candidato a presidente por ese partido (no contaba con
la cantidad de años de militancia partidaria que el estatuto partidario
requería).
Gracias a su mayoría
parlamentaria logró que se aprueben leyes importantes como la Ley de Defensa
Nacional y Ley de Alianza Público Privada y logra el mayor endeudamiento
externo de la historia del país. En connivencia con el poder judicial, logró
declarar nula y fuera de la ley una huelga docente, lo que desmovilizó al
sector más importante del sindicalismo paraguayo, el de la función pública.
Desde 2013 militarizó
la zona norte del país, con desalojos violentos en Guahory y San Benito de
Itapúa, produciendo éxodos de la población mientras se favorecía a frigoríficos
(en general de capital brasileño) y a terratenientes brasiguayos.
Fue hábil en la
concentración de poderse, al quitarle al congreso el poder de decidir sobre la
intervención de los militares en suelo nacional. Concentra el poder
institucional, tras decretar que el presidente puede dar a empresas publicas la
concesión de servicios públicos (antes necesitaba la venia parlamentaria),
preparando su privatización. De los nueve miembros de la Corte Suprema de
Justicia seis son afines al presidente.
Cartes representa los
intereses de los grandes terratenientes paraguayos, y propugna las mismas
medidas que imponen los gobiernos de la Argentina de Mauricio Macri y el de
Brasil de Michel Temer y la corrupción, símbolos regionales de un modelo
económico libreempresista, entregado al capital transnacional, desregulador y
enemigo del gasto público sin importar el costo social.
La reelección de Cartes
constituiría, obviamente, una garantía de permanencia para las políticas que
impulsan sus patrocinadores, entre ellas la exclusión de Venezuela del Mercosur
(su canciller fue la voz cantante del trío desintegracionista) y un voto seguro
en OEA para cualquier maniobra contra los gobiernos progresistas del
continente.
*Periodista y
politólogo paraguayo. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE)
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