Los marines del siglo XXI

La poderosa bomba que significa la fusión de la postverdad como falso referente de la realidad, con la masificación de las redes sociales y medios de comunicación ajenos a cualquier responsabilidad social con la verdad, está creando un instrumento muy peligroso sobre el que se fundamentan las decisiones políticas.

Sergio Rodríguez Gelfenstein / Especial para Con Nuestra América

Desde Caracas, Venezuela

La semana pasada, durante la presentación de mi libro más reciente, hablaba de la manera cómo los medios de comunicación haciendo uso de la “postverdad” generan escenarios de conflicto, y le dan connotaciones distintas acorde a los intereses imperiales. A continuación los afanes políticos oligárquicos asociados con los poderes transnacionales manipulan los deseos de la ciudadanía a favor de oscuros beneficios de grupos que se mantienen en la sombra y que son los verdaderos usufructuarios de las acciones derivadas de las situaciones creadas. Reviso la prensa y encuentro -por ejemplo- estas tres noticias.
 

1. “Los agentes policiales usaron armas de fuego en la Explanada de los Ministerios para dispersar a los manifestantes. Al menos 49 personas resultaron heridas este miércoles (…), tras recibir disparos por parte de la policía, informaron medios locales. Los manifestantes se hallaban en la Explanada de los Ministerios en el marco de las protestas (…) cuando los policías comenzaron a disparar contra ellos. Medios locales refieren que los manifestantes rompieron ventanas y atacaron los edificios en la explanada. El presidente ordenó este miércoles enviar a las Fuerzas Federales a las calles (…) durante una semana. Según decreto presidencial quedó `… autorizado el empleo de las Fuerzas Armadas para garantizar la ley y el orden en el Distrito Federal en el periodo del 24 al 31 de mayo de 2017´. Los manifestantes marcharon hacia el palacio presidencial para exigir la renuncia del presidente y exigir elecciones directas inmediatas, pero la Policía los dispersó con bombas lacrimógenas”.

2. “Una de las promesas de la campaña (…) fue no volver a convocar la Ley Antiterrorista. Pero tras la quema de siete camiones durante la noche de ayer, el Ministerio Público decidió acudir a la polémica medida para investigar los hechos. La información, fue confirmada por el gobernador de la provincia (…). Ayer, siete camiones resultaron quemados, (…) uno de los ataques fue a un camión de la empresa Transol, que transportaba gas propano y butano. En el lugar se habría encontrado un lienzo que decía: `(…) No más represión y justicia contra nuestra lamngen, libertad a los presos políticos´. La pancarta hacía alusión a tres polémicos casos de violencia: La estudiante Fabiola Antiqueo Toro, quien perdió su ojo izquierdo tras el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por la policía; Lorenza Cayuhán, quien dio a luz engrillada a su pequeña hija Sayén; y Macarena Valdés, muerta en extrañas circunstancias mientras lideraba la oposición a la instalación de una hidroeléctrica en Tranguil”.

3. “El Gobierno (…) decretó un toque de queda y mantiene militarizada la comunidad de Buenaventura, frente a las protestas y disturbios que se han generado desde el viernes. Luego de celebrar un Consejo de Seguridad en Buenaventura, las autoridades confirmaron que el toque de queda comprendido entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana (hora local) se mantendrá por tiempo indefinido, con el objetivo de evitar saqueos y preservar el orden público. La Gobernadora (…), indicó que la seguridad en Buenaventura fue reforzada con 1.500 policías y más de 700 militares, mientras que el ministro de Medio Ambiente (…), indicó que el puerto (…) se encuentra controlado.

El funcionario, designado (…) para dialogar con los habitantes de la región, reiteró que, ante esta situación –que ha llevado a un paro cívico que cumple seis días– es necesario una mesa de negociación que permita resolver los problemas que generaron este hecho. Por las acciones, que el presidente calificó como "vandálicas", se encuentran 11 policías heridos y 80 personas detenidas, presuntamente involucradas en los saqueos, además de pérdidas materiales, que se cuantifican en más del equivalente a un millón 300 mil dólares, Los habitantes de Buenaventura denuncian que en vez de atención del Ejecutivo, reciben represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Los agentes del Esmad usaron gases lacrimógenos para dispersar a los protestantes, a pesar de que en el sitio se encontraban personas de la tercera edad y niños. “La situación se desbordó y es necesario un puente internacional que sirva como intermediario entre fuerza pública y comunidad”, aseguró una organización social en un comunicado en el que solicita una `acción urgente´ para resolver la situación de manera que no haya más represión”.

Lo curioso de estas informaciones es que ninguna de ellas está referida a Venezuela como pudiera pensarse, sino a Brasil, Chile y Colombia, países gobernados por la derecha. También resulta particular, que las mismas, han pasado bastante inadvertidas para los medios transnacionales de la información e incluso para la gran prensa de los países donde ocurren tales hechos, que prefieren informar sobre Venezuela en sus primeras planas. Tampoco sorprende, que para la OEA, tales acontecimientos no revistan la importancia necesaria como para convocar una reunión de consulta o tan siquiera para motivar una declaración del Secretario General. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, en el caso de Brasil, se limitó a expresar su preocupación por los hechos, “motivados en denuncias de corrupción” que involucran al presidente de facto Michel Temer. Michael Fitzpatrick, Subsecretario Adjunto de Estado para América del Sur (que incluye a los tres países mencionados) expresó que “Nos preocupamos por la violencia, pedimos la calma, pero tenemos fe en las instituciones democráticas de Brasil”.

Es evidente el impacto nocivo que genera el uso interesado de los conceptos cuando por ejemplo, se le llama dictadura al gobierno del presidente electo de Venezuela, mientras que por el contrario se le da esa potestad al gobernante de facto de Brasil, o cuando se justifica como normal que en ese país, la policía use armas de fuego para dispersar a manifestantes que no agredían a la autoridad, al mismo tiempo que se tilda como represión a la respuesta con armas no letales en el marco de la ley de la policía venezolana para repeler ataques directos de grupos terroristas que utilizan indumentaria y armamento de combate en su accionar político. De la misma manera, la militarización y el toque de queda de una importante región de Colombia es minimizado frente a la generalización y sobre exposición de la violencia en Venezuela, en una situación que afecta solo a 19 de los 333 municipios del país, precisamente aquellos que son gobernados por la oposición.

O cuando se habla de desmanes y destrozos causados por manifestantes en Chile o Brasil, mientras que se asume como válido que en Venezuela los activistas opositores violentos, apliquen el terror cotidiano a través del ataque a instalaciones públicas, incluyendo hospitales y escuelas o impidan durante semanas el libre acceso de los ciudadanos a su trabajo o centros de educación. En Colombia se aprecia como legítimo que las fuerzas del orden se propongan evitar saqueos y mantener el orden público, mientras que en Venezuela ese objetivo es demonizado por los medios. De la misma manera, se acepta que en Colombia sea valedera buscar la vía del diálogo y la negociación, de la misma manera que en Venezuela el camino pacífico es rechazado y manejado como no aceptable por los medios de comunicación.

La poderosa bomba que significa la fusión de la postverdad como falso referente de la realidad, con la masificación de las redes sociales y medios de comunicación ajenos a cualquier responsabilidad social con la verdad, está creando un instrumento muy peligroso sobre el que se fundamentan las decisiones políticas. En la actualidad, es suficiente emitir un tweet, una afirmación irresponsable en facebook, publicar una foto en otro contexto, lugar y fecha para que cualquier rumor se transforme en hecho de la realidad. A partir de ello, los ciudadanos que desconocen la veracidad de lo que escuchan, ven o leen, toman decisiones sin fundamento ni base. Peor aún, dirigentes políticos inescrupulosos se valen de ello para manipular sin apego alguno al mínimo comportamiento ético y a la necesaria decencia que obliga la función pública.

Este es el ambiente propicio para la instrumentalización de políticas que sumergen a los individuos en una condición de objeto inconsciente de las decisiones de otros, generalmente grupos de poder que nunca aparecen pero que son los grandes generadores del caos y los principales ganadores tras la manipulación de millones de ciudadanos. Los medios de comunicación y las redes sociales hoy, son lo mismo que fueron los marines ayer: herramienta principal de la intervención y la agresión.