Costa Rica: En el ojo de la tormenta

Los escándalos de corrupción que actualmente sacuden el escenario político y llenan los espacios de los medios de comunicación hasta el punto de haber opacado el lanzamiento de la campaña electoral, demuestran que la corrupción más que en los individuos, por más elevada que sea la función que desempeñan, tiene su raíz en las actuales estructuras de poder.

Arnoldo Mora Rodríguez / Especial para Con Nuestra América

Desde siempre los costarricenses nos hemos acostumbrado a oír que nuestra Patria es un lugar privilegiado por la Naturaleza y por la historia… o por La Negrita si se es creyente. Para confirmar esta afirmación, reiterada hasta la saciedad, argumentamos mostrando la belleza de nuestra biodiversidad y la estabilidad política, especialmente durante las décadas de la Guerra Fría, que nos ha evitado los ríos de sangre que con que se ha teñido la historia de países hermanos. Sin embargo, esta visión optimista no deja de ser un tanto ilusa, como no pocos y preocupantes hechos más recientes  señalan. Prueba de ello es que el pesimismo cunde en amplios sectores de la población, sentimiento que amenaza por convertirse a mediano plazo en una protesta social de imprevisibles consecuencias. Las condiciones para ello están dadas, como lo muestran recientes encuestas, según las cuales un número mayoritario de  conciudadanos sostiene que nadie se hace millonario honradamente. Lo cual quiere decir que, para la mayoría de la gente, ya no son solamente los políticos sino todo aquel que acumula fortuna está bajo la sospecha de corrupción.

La indignación popular ha traspasado el ámbito de lo político y linda el de lo social; lo cual solo es explicable porque el contrato social, que había sostenido nuestra estabilidad política a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1949 parece ahora resquebrajarse. Los escándalos recientes corroboran este preocupante señalamiento. La paz y la estabilidad logradas durante la segunda mitad del siglo pasado se ve desmentida por los hechos desde inicios de este siglo.

Los escándalos de corrupción que actualmente sacuden el escenario político y llenan los espacios de los medios de comunicación hasta el punto de haber opacado el lanzamiento de la campaña electoral, demuestran que la corrupción más que en los individuos, por más elevada que sea la función que desempeñan, tiene su raíz en las actuales estructuras de poder. El contrato social que dio origen a la II República, da hoy la impresión de haberse roto. Este contrato social se fundaba en una alianza estratégica entre los sectores oligárquicos representados en el cortecismo y los sectores medios emergentes apoyados en las reformas sociales del 1943 y profundizadas por la Junta de Gobierno que representada a quienes  ganaron  la Guerra Civil de 1948. Esta alianza se hizo posible en base a un proyecto-nación cuyo objetivo era modernizar a un país todavía anclado en una economía básicamente agraria.

Pero las reformas económicas, impuestas por los organismos internacionales con el aplauso exultante de una oligarquía criolla que nunca asimiló la derrota política ni los logros sociales obtenidos por el movimiento popular en alianza con los sectores medios en la década de los 40s, a partir del primer gobierno de los Arias [1986-90]  los sectores medios se han visto sometidos a un proceso inexorable de proletarización, perdiendo sistemáticamente los logros conseguidos con su alianza con los clases populares en la década de los 40s. Como consecuencia de lo anterior, la brecha social se ha ensanchado  hasta el punto de que Costa Rica es actualmente el país en América Latina donde la distancia entre las clases sociales he crecido más. Hoy la distancia entre el 5% más rico y el 70% de pobres y sectores medios bajos es de 19 veces, el 1%  se ha apropiado del  38,5 % de la riqueza nacional, por lo que el porcentaje de pobres  [20%] y de quienes viven en pobreza extrema [6%] no ha disminuido desde 1994 mientras que la riqueza socialmente producida he crecido exponencialmente.  Esto explica el incremento de la violencia y el auge del narcotráfico que ya parece controlar amplias zonas del Caribe y de barrios suburbanos.

Pero lo más grave de la situación imperante es que la corrupción está dando muestras de haber alcanzado a los tres poderes de la nación, sin mencionar por el momento al Tribunal Supremo de Elecciones, del que espero ocuparme en el trascurso de la campaña electoral que acaba de iniciarse. Los medios de comunicación están tratando de llenar el vacío de control político dejado por lo sectores políticos organizados,  por lo que denuncian incesantemente la impunidad y se convierten en partidos políticos de facto. Más aún son ellos los que fijan la agenda política del país, cosa que debería hacer en primer lugar  el gobierno central. Sin embargo, los medios de comunicación comercial tienen límites establecidos férreamente por los intereses económicos y políticos de sus propietarios,  a quienes deben proteger y cuya corrupción deben encubrir.  Por eso enfatizan sus denuncias en contra de los personajes  y sectores políticos, cuya afinidad no le es cercana.  Por eso, la  ciudadanía consciente y los medios independientes deben denunciar todo encubrimiento o disimulo de la corrupción, venga de donde venga y sea quien sea quien la cometa; pues no son sólo los sectores públicos quienes incurren en esos desatinos, sino también y, en no menor  medida, poderosos  grupos de la sociedad civil, como se verá cuando, esperamos, se desvele toda la inmundicia contenida en los así llamados  Papeles de Panamá, donde, según se dice,  algunos influyentes grupos empresariales y financieros saldrían salpicados.

Pero no debemos olvidar que la corrupción, cuando se ha generalizado en una sociedad, es porque la crisis de ésta  no radica en sus miembros solamente sino principalmente en sus estructuras, es decir en las instituciones y reglas del juego que rigen  su funcionamiento.

Por ello, más allá del sensacionalismo que producen los escándalos, debemos ir pensando en un profundo y patriótico análisis crítico de las funciones del Estado, no sólo para sanar la putrefacción imperante, sino también para asumir los riesgos y daños que provocan los cataclismos con que la naturaleza  azota a nuestro suelo y nuestra población. Los huracanes y tormentas del Caribe llegaron para quedarse. El recalentamiento del clima, imperante en el planeta, aumenta el caudal de las aguas de los océanos y, con ello, la frecuencia y la potencia de  lluvias y vientos. El año pasado este fenómeno se dio en toda su crudeza en Upala; el de este año lo fue en todo el país, excepto en el Caribe; el año entrante y podría sobrevenir otra tormenta. Pero ¿estamos preparados? No podemos dejar todo el peso de la reconstrucción de las zonas afectadas y la prevención de nuevos cataclismos en manos tan solo del gobierno central y de las instituciones públicas ubicadas en la Meseta Central; la responsabilidad de asumir este reto recae en no menor medida, en toda la sociedad y, en especial, en las municipalidades. Es necesario planificar por regiones dejando de lado las obsoletas divisiones y jurisdicciones provinciales,  a fin de no solo correr a subsanar los daños, sino también a prevenirlos. El país debe combatir conjunta y organizadamente las inclemencias provocadas por el propio ser humano, sea por la corrupción de los sectores públicos o privados, sea por los efectos de nuestras acciones en la Naturaleza.  Pero antes debe hacerlo en la mente y la conciencia de los ciudadanos… Porque definitivamente, ya estamos en el ojo de las tormentas de la historia y de la naturaleza.