El caso
Caja de Pandora, presentado el 5 de octubre por el Ministerio Público (MP) y la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ha puesto en
evidencia el involucramiento en hechos de corrupción de Álvaro Arzú, actual
alcalde de la ciudad de Guatemala.
Mario Sosa / Para Con Nuestra
América
Desde
Ciudad de Guatemala
Arzú
es uno de los personajes más representativos de la historia política reciente
del país. Nació a la vida política en el Movimiento de Liberación Nacional,
partido anticomunista que entre 1954 y 1996 dirigió la violencia criminal
contra la oposición a través de escuadrones de la muerte. De 1986 a la fecha,
Arzú ha controlado, de manera directa o indirecta, el Gobierno municipal de la
ciudad de Guatemala. Siendo presidente de la república (1996-2000), firmó los
acuerdos de paz con las fuerzas guerrilleras, desarrolló una política de
privatización de empresas estatales y modificó varias leyes que constituyen la
base de la actual fase de acumulación de capital por la vía del despojo y
saqueo de los bienes públicos. Proveniente de una familia de la burguesía
oligárquica de origen colonial, Arzú ha mantenido poder sobre diversas fuentes
de enriquecimiento y el control político de la capital del país, su feudo
político principal. Ha sido uno de los caudillos más importantes en la
configuración del sistema político, actualmente en crisis.
Su
participación en los hechos de corrupción denunciados devino en la solicitud de
que se le retirara la inmunidad en su calidad de alcalde municipal. Esto se
justifica en las evidencias que lo vinculan con hechos de peculado y de
financiamiento ilícito por la existencia de plazas fantasmas y por el uso de
recursos públicos municipales en su campaña electoral del 2015. De ser
favorable esta solicitud, Arzú podría ser detenido y enjuiciado.
Más
allá de lo anterior, el caso adquiere relevancia en el contexto de la actual
crisis política que vive el país. Arzú constituye uno de los soportes del
presidente Jimmy Morales, sobre quien pesan acusaciones de corrupción y varios
procesos de antejuicio que podrían implicar su enjuiciamiento y eventual salida
como gobernante. Es, asimismo, uno de los principales políticos que orquestaron
una campaña para detener las investigaciones del MP y la Cicig. Su reacción
podría significar que la disputa política contra estas instituciones de
investigación criminal se agudice, pero en condiciones de desventaja para él y
el mandatario.
El
caso vincula al alcalde capitalino con otras figuras que forman parte del pacto
de impunidad, que articula estructuras de empresarios, políticos, funcionarios
públicos y mafias que unieron intereses en torno al gobierno de Jimmy Morales
para defenderse de la amenaza de procesos de investigación judicial. Resalta
entre ellos el excapitán del Ejército Byron Lima, a quien Arzú pagó con
recursos municipales por la fabricación de productos de propaganda para su
campaña electoral en 2015. Lima fue condenado por haber participado en el
asesinato del obispo Juan José Gerardi en 1998, cuando pertenecía al Estado
Mayor Presidencial del entonces presidente de la república Álvaro Arzú. Durante
los hechos que se le imputan al alcalde capitalino, Lima dirigía desde la cárcel
una estructura criminal con operaciones fuera y dentro del sistema carcelario
en complicidad con funcionarios de alto rango, incluido el exministro de
Gobernación Mauricio López Bonilla, quien integraba el gobierno del
expresidente Otto Pérez Molina, ambos capturados por casos de corrupción y de
crimen organizado. Lima fue asesinado en 2016 dentro de un centro carcelario.
Relacionados
con Arzú y Lima en estos delitos aparecen un hermano de este último, su
exconviviente y un grupo de abogados que han sido defensores de criminales,
militares violadores de derechos humanos y genocidas que, además, integran la
fuerza política del gobierno actual. Están vinculados, asimismo, a un grupo de
exmilitares contrainsurgentes con quienes mantienen una campaña contra
defensores de derechos humanos y contra el MP y la Cicig. Estos familiares y
abogados vinculados con Arzú y Lima han sido capturados por estos hechos
ilícitos denunciados.
El
proceso de investigación contra Arzú constituye un duro golpe al pacto de impunidad
de quienes controlan actualmente el Estado. Queda por ver si las cortes,
elegidas con la influencia de estas redes delictivas, le darán protección al
alcalde o facilitarán el proceso para su enjuiciamiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario