Alzar la voz contra la industria minera tal como se está haciendo en
Guatemala hoy día no es un capricho: ¡es una medida imprescindible en favor de
la salud de la población y en defensa del medio ambiente!
Marcelo
Colussi / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
 |
| Mina Marlin, en Guatemala. |
La minería es vital para las sociedades; el desarrollo humano hace uso
creciente de metales y diversos minerales. Desde la aparición del cobre hace
9,000 años hasta los elementos hoy conocidos como estratégicos (coltán, niobio,
torio -futuro sustituto del petróleo-), la historia de la humanidad va de la
mano de la investigación minera.
¿Qué es lo cuestionable entonces? La forma en que se hace la
explotación, el descuido y desprecio de las poblaciones, la búsqueda de lucro
empresarial a cualquier costo. El caso de la mina Marlin, en Guatemala, lo
evidencia de modo patético.
La empresa Minera Montana Exploradora de Guatemala S.A., subsidiaria de
la transnacional canadiense Goldcorp, es propietaria del proyecto minero
Marlin. Inició exploraciones en territorio maya-mam y maya-sipakapense en 1996
(municipios de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos),
con una licencia del Ministerio de Energía y Minas. En 2003 el Ministerio de
Ambiente aprobó el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social
presentado por la empresa. Dos meses después, Energía y Minas otorgó licencia a
la minera para explotar oro y plata. Ambas resoluciones carecen de validez,
pues no se realizó una consulta ciudadana para consensuar el proyecto en
cuestión, tal como lo estipula el artículo 15.2 del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo -OIT-, que también es ley guatemalteca,
y que obliga a hacer un referéndum para tomar este tipo de decisiones. La mina
Marlin comenzó operaciones, saltando estas regulaciones legales, en el 2005.
En Sipakapa, el pueblo
maya-sipakapense realizó una consulta popular en 2005, donde 99% de la población dijo no a la actividad minera en
su territorio, sabiendo de los severos daños medioambientales y sanitarios que
la misma podría acarrear, tal como sucedió en otros puntos del planeta, de lo
que ya existe copiosa información. El resultado del plebiscito fue ignorado por
el gobierno y la empresa.
La explotación minera implica la desaparición de 142 hectáreas de
bosques y suelos en los primeros dos años de operaciones, y una eliminación de
cobertura boscosa de 289 hectáreas al final de las actividades. La operación
genera 170 barriles de desechos mensuales (una tercera parte son desechos
orgánicos), con una estimación total de 23 a 27 millones de toneladas de
residuos al final del proyecto.
Los desechos generarán una escombrera con 38 millones de toneladas de
basura. Dicha área se extenderá en 157 hectáreas, y el depósito de lodos en 150
hectáreas, existiendo una alta probabilidad de liberación de aguas ácidas del
material depositado en la escombrera en época de lluvias, así como de
ocurrencia de derrames con consecuentes riesgos sanitarios y ambientales para
las poblaciones, el entorno y las especies acuáticas.
La empresa perfora 60 pozos de 7 metros de profundidad para detonaciones
diarias. Producto de las detonaciones se han ocasionado daños en viviendas
ubicadas en sus inmediaciones. Desde el inicio de operaciones, las poblaciones
de las aldeas locales han padecido una creciente escasez hídrica. En la
población maya-mam de San Miguel Ixtahuacán se han secado 6 pozos.
Parte de los deshechos de la mina van a parar a los ríos Cuilco y Tzalá
y sus afluentes, que son las principales fuentes de agua de la región para
consumo y actividades de subsistencia. A partir de su contaminación, aparecen
los problemas de salud. Existen altas concentraciones de cobre, aluminio,
manganeso y sobre todo arsénico. Todo ello ocasiona diversas afecciones
dermatológicas, gástricas, neurológicas, y en muchas ocasiones: cáncer.
Más allá de pomposas declaraciones de gobierno y empresa, la realidad es
cruel. Denuncias de afectación en la salud en la población de Sipakapa y San
Miguel Ixtahuacán por el consumo de aguas contaminadas surgieron desde casi los
inicios de las operaciones de la mina. Dichas denuncias se basaban en: a)
problemas de salud por trabajar en la mina; y b) problemas de salud provocados
por la supuesta contaminación de las fuentes de agua, o escasez debido a la
secada de los ríos. Pero dichas denuncias siempre fueron desvirtuadas por la
empresa y por el Estado.
En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos -CIDH- otorgó medidas cautelares a favor de 18 comunidades del pueblo
indígena maya. La CIDH solicitó al Estado de Guatemala que suspenda la explotación
de la mina Marlin, e implementar medidas efectivas para prevenir la
contaminación ambiental, hasta tanto la Comisión adoptara una decisión sobre el
fondo de la petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares. Pero en
el 2011, contrariando la voluntad popular, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, obviamente por presiones recibidas de parte de la empresa,
modificó las medidas cautelares que había otorgado. Por lo pronto, suprimió la solicitud de suspensión de las
operaciones de la mina, de descontaminar las fuentes de agua y de atender los
problemas de salud.
La mina Marlin extrae
minerales a partir de 2003, pero desde 2012 solo trabaja su subsuelo. Tiempo
atrás su director informó que la mina iría cerrando paulatinamente para finalizar
operaciones en 2016. Sin embargo, en 2014, solicitó una prórroga y nuevo
subsuelo para trabajar. Por ley, una mina en Guatemala dispone como máximo de
20 kilómetros cuadrados para explotar su superficie y su subsuelo por un lapso
de 25 años. La estrategia de Montana para continuar al menos dos años más fue
restar un kilómetro ya explotado que no rendía para agregar otro kilómetro
cuadrado con potencial en su subsuelo, que no forma parte de su área de
explotación. La maniobra le permitió seguir operando. Y el Estado aprobó la
jugarreta.
La autorización fue
firmada a principios de enero del 2016; Montana fue notificada de la
autorización el 11 de enero de 2016, tres días antes de que concluyera el
mandato del presidente provisional Alejandro Maldonado. Un mes después, el
proyecto siguió adelante bajo la presidencia del nuevo mandatario Jimmy
Morales. Finalmente, por las presiones populares, la mina cerró en mayo del
2017.
Durante más de 11 años
de operación ganó Q. 32,000 millones (más de 4,000 millones de dólares),
mientras que el Estado recibió como regalías Q. 705.29 millones (unos 100
millones de dólares). Aunque cesaron las operaciones, los trabajos de
recuperación ambiental y desmantelamiento de la infraestructura se extenderán
hasta el 2020. Son necesarios: tratamiento de agua a largo plazo, recuperación
de la roca estéril, reforestación, control de erosión y remoción de
instalaciones, equipo y desechos de la mina. Sin embargo no hay un plan real de recuperación por parte de la
empresa. La misma pagó una fianza de Q. 8 millones para cubrir la recuperación
del área, aunque según cálculos de expertos se necesitarían Q. 389 millones (49
millones de dólares).
La mina se va, las dádivas que deja de regalía son absurdas, y quedan
las enfermedades y la deforestación. Como dijera Atahualpa Yupanqui: “las penas son de nosotros, las vaquitas son
ajenas”. ¿Hasta cuándo?
No hay comentarios:
Publicar un comentario