A dos años
y dos meses de sus respectivos triunfos electorales, el gobierno de Mauricio
Macri provocó este jueves 14 de diciembre su primera gran crisis de gobierno,
tras una brutal represión que derivó en el fracaso de la sesión parlamentaria
convocada para aprobar la reforma previsional.
Rodolfo Koé Gutiérrez / CLAE
Todo
sucedió un día después de sus fracasos para imponer un TLC del Mercosur con la
Unión Europea y de la Conferencia ministerial de la Organización Mundial de
Comercio (OMG), que finalizó hasta sin declaración final.
En la calle
se vivió una jornada represiva que hizo recordar las trágicas jornadas del 19 y
20 de diciembre de 2001, cuando al grito de que se vayan todos cayó el gobierno
de Fernando de la Rúa, dando paso a la más grave crisis de la historia de
Argentina.
Tras sus
fracasos en la OMC y en la firma de un tratado de liberación comercial con la
Unión Europea, Macri amenazó con imponer un Decreto de Necesidad y Urgencia
(DNU), para saltearse la aprobación de Congreso a la resistida ley. Pero sus
socios políticos lograron convencerlo –a él y al jefe de gabinete Marcos Peña-
de retomar el diálogo político, con un llamado a una “mesa de diálogo” de
gobernadores y legisladores que apoyan el proyecto para relanzarlo en Diputados
el próximo lunes.
Los medios
hegemónicos anunciaron el viernes que el Gobierno prepara un decreto para
otorgar un plus que compense esa pérdida temporal que sufrirán los haberes de
los jubilados por el cambio de fórmula de la movilidad, lo que esperan
descomprima la tensión y sirva de guiño a un sector peronista, que costaría el
Estado entre tres y cuatro mil millones de pesos (más de 220 millones de
dólares).
Esto, creen
en la Casa Rosada, permitirá descomprimir la tensión y será un gesto para
terminar de convencer a un sector del PJ que aún dudaba en acompañar el
proyecto, pese a estar enfrentado con Cristina Kirchner,
Aunque
desde el Gobierno aclaran que la cifra de ese bono "no está cerrada y está
en evaluación", se baraja un desembolso que deberá hacer el Estado de
entre 3 mil y 4 mil millones de pesos.
Los
organismos de derechos humanos que exigieron al presidente Mauricio Macri el
cese inmediato de la represión a los manifestantes contra el ajuste previsional,
que afectará a 17 millones de personas, más de un tercio de la población.
También pidieron la inmediata libertad de todos los detenidos y la renuncia de
la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El gobierno
de Macri desencadenó un conflicto interno con sus principales socios y abrió
una línea de confrontación con los gobernadores peronistas y con la Central
General del Trabajo (CGT), que amenazó con paro general. La decisión de avanzar
con el ajuste en los haberes jubilatorios terminó con decenas de heridos de
balas de goma, unas 30 personas detenidas y el presidente, Mauricio Macri,
titubeando sobre la posibilidad de dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia
tras la derrota parlamentaria.
Fue un día
considerado de vergüenza nacional, con un Congreso sitiado por fuerzas de
seguridad desde la noche del miércoles –algo nunca visto en los pasados 34 años
en Argentina– y una represión brutal que duró más de nueve horas y dejó decenas
de heridos y detenidos, entre ellos parlamentarios, periodistas, jubilados,
trabajadores.
Miles de
jubilados, sindicalistas, activistas de derechos humanos y trabajadores, cuya
pacífica marcha fue impedida de llegar al Congreso por efectivos de
Gendarmería, celebraron la primera batalla ganada en su lucha para impedir que
se afecte a los sectores más vulnerables del país. La represión fue una de las
más feroces de años recientes.
El canal
Crónica TV titulaba “Infierno adentro, infierno afuera”, titulaba Crónica TV.
El presidente, de la Cámara de Diputados, el oficialista Emilio Monzó, trató de
aprobar la reforma sin el quórum reglamentario, mientras los diputados
opositores Matías Rodríguez recibía una dura golpiza que le propinaron los
gendarmes , el rostro de , Mayra Mendoza
fue rociado con gas pimienta, y Darío Martínez y Horacio Pietragalla (hijo de
desaparecidos) fueron agredidos por la fuerza represiva.
La diputada Victoria Donda, hija de
desaparecidos, fue pateada el miércoles por gendarmes y llegó este jueves en
muletas al recinto. El jefe de la bancada de Unidad Ciudadana, Agustín Rossi,
acusó a la administración Macri de haber generado en forma permanente, desde
diciembre de 2015 cuando asumió el gobierno, una política de violencia
institucional, y advirtió que ha tomado ese camino. Es un hecho inaudito en 34
años de democracia, concluyó.
Según el
macrista diario Clarín, la prioridad dada a la reforma previsional obedece a
que esos fondos, calculados entre 60 y 80 mil millones de pesos, serán
destinados por el gobierno a favorecer con 20 mil millones de pesos (mil 200
millones de dólares) a la gobernadora macrista de la provincia de Buenos Aires,
María Eugenia Vidal, a compensar a las
provincias con gobernadores peronistas y a “aceitar” la aprobación de las
reformas fiscales, y hacer creíbles las
metas fiscales para el 2018.
Los gremios
de la CGT denunciaron y repudiaron la militarización del Congreso y pidieron
que los excesos de las fuerzas de seguridad deben pesar sobre la cabeza de la
ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Pero las
manifestaciones se repitieron en varios puntos del país, en especial en La
Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, también fue un día de furia
cuando se quiso votar en la Cámara de Diputados una serie de leyes que también
golpeaban a sectores vulnerables y a los trabajadores.
¿Volverá la
calle, 16 años después, a gritar “que se
vayan todos”?
*Periodista
económico argentino, analista del Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE, www.estrategoa.la)
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