Reconciliarse cuando los genocidas reaccionan justificando sus acciones e incluso amenazando a los testigos en los juicios, cuando resta por conocer crucial información sobre las víctimas y lejos de restituirse la identidad de cientos de personas, es sencillamente imposible.
Alejandra
Serantes[1] y Rodrigo Gómez
Tortosa[2] / Especial para Con
Nuestra América
Desde Buenos Aires, Argentina
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| Fotografía de Paz Aner. |
El pasado es perseverante, por la elemental
razón de que guarda las claves del presente. Esta es una premisa indiscutible
en todo proceso de justicia transicional. Otra premisa es la que manifiesta que
sino se logra romper el círculo de la impunidad, el horizonte del futuro trae
consigo una carta blanca para que la sociedad ceda a la negación y las graves
violaciones a los derechos humanos se repitan.
Las declaraciones recientes del Jefe de
Bloque del Pro, Nicolás Massot, en la Cámara de Diputados no son palabras
aisladas lanzadas al terreno del debate social, sino que integran la estrategia
clara y acumulativa de una ideología revivida recientemente a partir de las
conjeturas negacionistas del ahora ex Ministro de Cultura Darío Lopérfido. Como
reflexionara Hannah Arendt, uno pierde el control de las palabras cuando las
vierte en el tejido social; pero esto no niega la posibilidad de que múltiples
interlocutores tenga un objetivo específico y controlado.
En este sentido, sugerir “hacer como Sudáfrica y llamar a la
reconciliación” es apelar -de modo deliberado- al retroceso.
La Memoria, la Verdad y la Justicia son en su
conjunto un proceso indivisible que constituimos todas y todos los argentinos,
y en especial, las organizaciones de derechos humanos, con constancia y
presencia. Cada 24 de marzo, cada baldosa por la memoria, cada sitio de homenaje a las víctimas y de
condena a los crímenes de lesa humanidad y en sí, cada acción tendiente
a reparar a un pueblo que padeció un genocidio, renuevan la afirmación de una
postura colectiva frente este proceso popular único en el mundo.
Argentina, concluida la dictadura cívico
militar, adhirió a la mayoría de los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos y se ubicó en el podio como uno de los Estados exportadores de
“tecnología y saberes” en la promoción y protección de los derechos humanos .
Signatario de los nueve grandes tratados de Naciones Unidas, Argentina tuvo un
rol central junto a Francia, en la redacción de la Convención para la
Protección de Todas las Personas a la Desaparición Forzada. A su vez los
organismos de derechos humanos argentinos tuvieron una participación activa en
el impulso de la ratificación y la puesta en marcha del Comité contra la
Desaparición Forzada (CED). La Convención misma esta dedicada a Marta Ocampo de
Vazquez, entrañable Presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
En mayo de 2012 Naciones Unidas constituyó la
Relatoría Especial sobre la promoción de
la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición reconociendo
la necesidad de que exista un Experto independiente que diera cuenta técnicamente
de los principales desafíos que había en esta temática. En su último informe a
la Asamblea General de octubre de 2017 (A/72/523)[1],
éste desarrolló acerca de la necesidad de tener un enfoque marco de la
prevención ante graves violaciones de derechos humanos como es el Genocidio. En
este sentido, recomendó como imprescindible para garantizar la no repetición de
estos crímenes la realización de intervenciones en el ámbito de la cultura y
las artes, el fortalecimiento de la educación en derechos humanos y la
protección de los archivos a fines sociales y judiciales. Evidentemente el
Relator retomó estrategias exitosas que se implementaron en Argentina en el
camino hacia la justicia y que persisten como praxis de un proceso abierto y
presente.
¿Qué es del caso Sudafricano entonces? A diferencia de Argentina, no
existió posibilidad alguna de constituir un Juicio
a las Juntas o iniciar otro tipo de proceso de Justicia Transicional en
dicho país. Esto se debió a que por un
lado el poder político y económico continuaba en manos de quienes fueron los
perpetradores de los crímenes del apartheid y por el otro, a que existía una
alta la posibilidad de caer en una guerra civil. La Comisión de Verdad y
Reconciliación de Sudáfrica fue
el camino posible no el óptimo.
Sus objetivos eran descubrir la verdad del pasado del sistema apartheid
y consolidar la Nación. Esta Comisión solo entendió el tratamiento de un
número reducido del total de las víctimas de este sistema de segregación y
tenía grandes limitaciones en sus competencia. Los perpetradores debían
presentarse a la misma y ser investigados para poder acceder a un indulto
individual que sería otorgado, o no, después de una evaluación por el Comité de
Amnistía. Todo esto condicionado a un acuerdo para obtener la verdad, que era el objetivo político
perseguido por la Comisión.
En las
propias palabras de Mandela la Comisión contribuyó de forma magnífica al proceso de curación de Sudáfrica porque las
víctimas de las atrocidades pudieron conocer lo que les había ocurrido a sus
seres queridos. Sin embargo esta negociación que consideraron conveniente
-amnistía por verdad- fue
blanco de intensas críticas y hasta demandas en contra de la Comisión por parte
de familiares de víctimas quienes consideraron que su accionar violaba el
derecho internacional.
Para
muchos no fue un precio justo para la paz, ya que la justicia debería no ser
negociable.
En conclusión, y aprendiendo del análisis
comparativo de ambas experiencias, el tratamiento integral de los hechos como
los sucedidos en la última dictadura debe buscar la verdad -como derecho
fundamental de las víctimas y la sociedad toda-, la justicia con el
desbaratamiento de todas las estructuras que sostienen la impunidad, establecer
mecanismos reparatorios y consolidar la construcción de una memoria colectiva y
crítica. Cabe destacar que por más de 15 años, durante la vigencia de las Leyes
de Obediencia Debida y Punto Final, en este país reinó la impunidad y eso
conllevó a que los genocidas no vertieran a la sociedad ni una sola gota de
verdad.
Reconciliarse cuando los genocidas reaccionan
justificando sus acciones e incluso amenazando a los testigos en los juicios,
cuando resta por conocer crucial información sobre las víctimas y lejos de
restituirse la identidad de cientos de personas, es sencillamente imposible. La
Argentina ha logrado justicia y reparación para las víctimas sin menoscabar un
solo ápice de las garantías constitucionales procesales, ya que los genocidas
han podido hacer uso de todas sus defensas en los Juicios.
Por ello, la memoria, la verdad y la justicia
hacen a la democracia, son un antídoto integral ante la negación y
el desconocimiento y constituyen el único marco social en el cual puede
reconstruirse una relación ética entre la gente, las instituciones y el futuro.
[1] Abogada. Maestreanda en Diversidad Cultural.
Especialista en Derecho Internacional.
[2] Politólogo y Abogado.
International Coalition Against Enforced Disappearances (ICAED). Federación Latinoamericana
de Familiares Desaparecidos (FEDEFAM).
Twitter: @rodagt
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