La corrupción y la
judialización de la política, utilizadas por el gobierno sólo para
desprestigiar a los opositores, pero sin verdaderas intenciones de hacer
justicia, ni castigar a los culpables, se está transformando en bumerang para
el gobierno de Juan C. Varela.
Olmedo Beluche / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
Al igual que ha pasado
en Perú, en Panamá crecen sin cesar una serie de “malestares” sociales y
políticos que auguran un final fuera de pronóstico: creciente descontento
popular por la carestía, la falta de empleos y salarios dignos, debacle de
todos los servicios públicos que elevan el sufrimiento diario de la gente;
denuncias de corrupción que salpican para todos lados entre partidos, políticos
y empresarios, las cuales no se reducen a lo de Odebrecht; y una disputa
violenta entre la oposición, que domina el Legislativo, y el gobierno.
La crisis social toma
la calle y se expresa en media docena de protestas diarias, que a veces
incluyen bloqueos: padres de familia de escuelas cercanas a la ruina, sin agua,
con colapso de estructuras, insalubres, sin electricidad o con todos esos
problemas combinados.
Vecinos de suburbios
que deben cerrar calles para que los medios de comunicación hagan saber a las
autoridades que tienen días sin agua potable o que las calles son
intransitables. En lo macro, el paro general de Colón del mes de marzo,
constituye la prueba palpable del estado crítico del país.
Ni hablar de la
violencia que impone la dictadura del miedo en los barrios populares, alias
“marginales” o “zonas rojas”, ni de las peripecias del transporte público.
La corrupción y la
judialización de la política, utilizadas por el gobierno sólo para
desprestigiar a los opositores, pero sin verdaderas intenciones de hacer
justicia, ni castigar a los culpables, se está transformando en bumerang para
el gobierno de Juan C. Varela.
La gente asiste con
indignación al espectáculo de ver salir por la puerta de atrás, bajo el
subterfugio de “medidas cautelares”, a los corruptos que entraron a la cárcel
por delante. Para no decir que los allegados al gobierno sospechosos de recibir
coimas de Odebrecht, o vinculados a escándalos como los Panamá Papers, y otros,
no pasan por la fiscalía a declarar. Al final sólo quedan presos “los hijos de
la cocinera”.
Ya nadie espera que
habrá justicia, ni confía que las denuncias obedezcan a las buenas intenciones
de un “gobierno honesto”, en el cual nadie cree tampoco. Lamentablemente
dejaron de publicarse los estudios de opinión respecto a la popularidad del
gobierno, que debe estar por el suelo. A Varela se la acaba la poca
credibilidad que tenía, incluso entre quienes le apoyaron.
Irónicamente, quien sí
gana popularidad entre los sectores más pauperizados es el único preso (eso
porque está en Estados Unidos): Ricardo Martinelli. En el imaginario equivocado
de muchos sectores populares, este se ha vuelto un “Robin Hood”, del cual dicen
que: “robó pero también repartió”, en alusión a la bonanza de empleo que hubo
en su gestión.
La última escena de
este drama la ha dado el rechazo de la Asamblea Nacional a dos magistradas
propuestas por el presidente Varela para la Corte Suprema de Justicia,
propuesta que creyó que podía imponer sin negociar, a sabiendas de que carece
de mayoría legislativa y que ha gobernado hasta aquí pactando, con el PRD
primero y con Cambio Democrático (el partido de Martinelli), después.
Los diputados del PRD y
CD, también están tiznados por denuncias de corrupción y de manejo de partidas
públicas millonarias desviadas para pagar sus campañas electorales, partidas
cuyo informe se niega a entregar la actual presidenta de la Asamblea, Yanibel
Ábrego, incumpliendo la Ley de Transparencia, pues saldrán a flote algunas
“bellezas”. Esas bancadas mayoritarias, han declarado la guerra al presidente
de la República.
La nueva alianza
opositora, PRD-CD, cambió la composición de la Comisión de Credenciales y se
rumora que ya acumula hasta tres denuncias contra Varela por corrupción, con lo
cual podrían iniciarle un juicio político y destituirle, antes de las
elecciones de mayo de 2019.
El contralor de la
república movió ficha en favor del oficialismo enviando a la Procuraduría las
auditorías de los diputados, con lo cual algunos podrían ser destituidos y
llamados a juicio a su vez. Se especula que el presidente Varela podría cerrar
la Asamblea Nacional, antes que lo saquen a él, y convocar una Asamblea
Constituyente con la que se comprometió en las elecciones y nunca cumplió.
Hay un precedente en la
historia panameña de algo así: en 1967, cuando el presidente saliente imponía
mediante el fraude a su sucesor, la Asamblea enjuició a Marcos Robles por
corrupción y lo destituyó, pero éste mantuvo el respaldo de la Guardia
Nacional, la cual a su vez cerró la Asamblea destituyendo a los diputados de
hecho.
El escenario está
servido para cualquier situación, o una “salida a la peruana”, en la que el
Congreso destituyó a PKK, o una salida inversamente proporcional, al estilo de
la ensayada por Marcos Robles en 1967.
Los sectores populares
organizados, pero dispersos y no muy unidos, movilizados pero todavía a media
máquina, podrían ser los que definan la salida, si logran superar su habitual
papel de “convidado de piedra” en el escenario político nacional. Entre tanto,
la caldera sigue acumulando calor y presión. Veremos
Panamá, 26 de marzo de 2018.
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