La
justicia de primera instancia persigue a Luiz Inácio Lula da Silva y lo
encarcela sin pruebas, mientras actúan impunemente en Brasil autores
intelectuales de ferocidad sin límite, empresas privadas de seguridad con
prácticas ilegales y sicarios que asesinan a mansalva a indígenas, campesinos y
trabajadores rurales.
Raúl Montenegro / Página12
En
Brasil se está desarrollando un experimento social sin precedentes que todos
los países democráticos de la región y el mundo siguen con honda preocupación.
En lugar de los tradicionales golpes militares con fuerzas armadas en la calle
y generales que asumen el poder, desde 2016 las minorías poderosas han
desplegado un innovador y autoritario golpe de estado múltiple, donde se
combinan golpe parlamentario, golpe judicial y sobre todo, golpe mediático
desde medios hegemónicos como la Rede Globo. Ampliaron así los golpes
institucionales registrados en Honduras y Paraguay. Después del ensayo exitoso
que logró el desplazamiento de Dilma Rousseff de la presidencia, el objetivo es
que Lula da Silva, primero en intención de voto para las próximas elecciones,
no pueda presentarse como candidato.
No
es casual que los poderes económicos reales intenten derribar la candidatura
del expresidente de Brasil, pues en uno de los países más desiguales del
planeta, Lula logró sacar de la pobreza a más de 30 millones de brasileños.
Semejante transferencia de recursos y poder a los más desprotegidos es
considerado un peligro inaceptable por quienes se benefician con el trabajo
esclavo y explotan sin grandes trabas gubernamentales los recursos naturales
del país.
La
desigualdad social ha crecido junto a cuerpos policiales del Estado y empresas
privadas autorizadas por el gobierno, como “Atalaia Seguridad y Vigilancia” del
Estado de Pará, en Amazonas. Grandes propietarios de tierras, madereras y
empresas mineras contratan ejércitos privados que amenazan, torturan e incluso
asesinan personas. Existe además una importante cantidad de sicarios dispuestos
a matar por encargo, en su mayoría protegidos por los poderes locales, y
sectores corruptos de la policía y la justicia. Según la Comisión Pastoral de
la Tierra solamente en 2017 fueron asesinados 70 líderes sociales y ambientales
en Brasil.
La
justicia de primera instancia persigue a Lula y lo encarcela sin pruebas,
mientras actúan impunemente en Brasil autores intelectuales de ferocidad sin
límite, empresas privadas de seguridad con prácticas ilegales y sicarios que
asesinan a mansalva. Para esta verdadera mafia descentralizada no existe Lava
Jato, ni parece ser una prioridad para el juez Sergio Moro.
Lula
es un obstáculo para el Brasil armado y rico que resuelve sus apetencias de
tierras y poder con corrupción, asesinatos impunes y múltiples golpes de
estado. En Brasil se han naturalizado prácticas aberrantes como la guerra
química contra los agricultores más pobres que viven en tierras apetecidas por
los poderosos. Yo mismo estuve en el campamento Helenira Resende del MST, en
cercanías de Marabá, donde los aviones pulverizaban deliberadamente peligrosos
plaguicidas sobre niños y adultos para que abandonen las tierras. Lo mismo se
practica en Nova Guarita, en Matto Grosso, donde los aviones pulverizadores
lanzaron venenos desde el aire sobre el campamento de pequeños agricultores
Raimundo Vieira III.
La
apuesta de los poderosos es que Lula pase 12 años en la cárcel. Nuestra
preocupación, como premiados con el Nobel Alternativo, es que si Lula logra
sortear la persecución judicial, se presente o no como candidato en las
próximas elecciones, pueda ser víctima de sicarios que matan a quemarropa. No
olvidemos que ya dispararon balas de plomo contra su caravana en Paraná, el
único Estado que no ofreció custodia policial durante su recorrido. En Paraná
actúa el juez Sergio Moro, y en una cárcel de ese mismo estado está preso Lula.
Nosotros, los galardonados con el Right Livelihood Award que estuvimos en
Curitiba, pedimos al poder judicial brasileño que cumpla y haga cumplir la
Constitución; que Lula sea liberado y se proteja su vida. Que se protejan las
vidas de los indígenas, campesinos y trabajadores rurales de Brasil. Y que se
haga justicia por aquellos que fueron asesinados.
Raúl
Montenegro: Biólogo, profesor titular plenario en la Universidad Nacional de
Córdoba. Presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y
Premio Nobel Alternativo 2004.
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