La contienda electoral del próximo año se perfila como uno de los grandes
desafíos para el proceso de cambio en Bolivia, por lo que hay que estar atentos
sobre cómo el sector público-privado estadounidense observa este proceso y
actúa en función de determinados intereses políticos y económicos en el país
andino.
Tamara Lajtman y Axel Arias
Jordán / CELAG
La candidatura de Evo Morales para las elecciones
presidenciales de 2019, avalada por el Tribunal Constitucional del Estado
Plurinacional de Bolivia el año pasado, ha sido impugnada en reiteradas
ocasiones por el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.). Desde el Departamento de
Estado, se ha expresado una profunda preocupación por la decisión de dicho
Tribunal al “declarar inaplicables las disposiciones de la Constitución del
país que prohíben a los funcionarios electos, incluido el presidente, cumplir
más de dos mandatos consecutivos”.[1] En el Congreso, la legisladora republicana Ileana
Ros-Lehtinen, manifestó la necesidad de que las naciones
envíen un mensaje claro a Bolivia sobre el afán de Morales de perpetuarse en el
poder[2]; además, indicó que “el pueblo de Bolivia necesita nuestra
ayuda”, haciendo un llamado “a prestar atención a lo que está sucediendo” en el
hemisferio.[3] En la misma línea se manifestó la embajadora en las
Naciones Unidas, Nikky Haley, cuando visitó Colombia, en agosto pasado, al
indicar “que Bolivia es el próximo país del que debemos estar atentos”.[4]
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