Ecuador y el “Servicio Ampliado” con el FMI

El acuerdo con el FMI, como ocurrió con las 16 Cartas de intención anteriores, es un instrumento para apuntalar el nuevo modelo empresarial de desarrollo que el gobierno de Lenín Moreno ha definido como política de Estado, dejando de lado tanto el programa de gobierno inicial, como el régimen económico que consta en la Constitución.

Juan J. Paz y Miño Cepeda / Historia y Presente Blog

El gobierno de Lenín Moreno ha anunciado como exitoso y síntoma de la confianza internacional, un futuro acuerdo con el FMI y, además, con otras instituciones crediticias. En concreto, Ecuador obtendría un crédito de “Servicio Ampliado” (SAF) del FMI por 4.209 millones de dólares, y entonces podrá beneficiarse del incremento en el cupo de financiamiento que llega hasta 6.070 millones de dólares de “libre disponibilidad” a través de CAF, BM, BID, BEI, FLAR y AFD. No es, por tanto, inminente el crédito de estas últimas instituciones. Ha quedado confuso el incremento del cupo, como si se tratara de crédito ya consolidado.

El Ministro de Economía ha sostenido que el crédito SAF con el FMI es “distinto” a los créditos Stand-By del pasado, porque no es de corto plazo, sino que ahora es de “largo plazo”, y requiere un programa de medidas económicas con igual alcance. Pero todo lo que hay que explicar e informar acerca de las condiciones del crédito, ha quedado revestido por una fraseología “misteriosa” que no aclara nada.

El Ministro, en ese lenguaje que quiere decir todo y al mismo tiempo esconder mucho, ha afirmado en una radio quiteña, que el acuerdo con el FMI es para superar definitivamente el “socialismo del siglo XXI” y evitar el camino de “Venezuela” en nuestra economía, argumento simplemente ideológico, que no se compadece con la realidad histórica del Ecuador ni en la década pasada ni en los casi dos años de gobierno morenista. Además, en otras declaraciones y adaptando una serie de palabras a las circunstancias del momento, ha afirmado que se imponen “ajustes económicos”, “cambios estructurales” y una “carta de intención”; que el FMI trata el asunto por “objetivos” y que, por tanto, Ecuador se encamina a simplificar el sistema tributario, cambiar tributos, incrementar la recaudación de impuestos, mejorar la eficiencia en la recaudación tributaria, “formalizar” el trabajo, reducir la masa salarial, fomentar el empleo de los jóvenes y de las madres de familia, hacer “reformas” laborales, reducir el gasto corriente, “optimizar” el gasto público, reducir el déficit, “optimizar” las empresas públicas, “fortalecer” las reservas internacionales, reformar la legislación para dar “independencia” al Banco Central (BCE), y que en los acuerdos “hay un componente de gasto social”, además del combate a la corrupción y la “defensa” de la dolarización.

La Jefe de la delegación del FMI, Anna Ivanova, ha dado a conocer que se trabaja con el gobierno ecuatoriano desde hace ocho meses (es decir, desde agosto de 2018), lo cual explica los pasos que se han venido dando, para “ajustar” la economía a los requerimientos del FMI, como son los recortes presupuestarios para 2019, los ajustes de precios a las gasolinas, la reducción en 10% del personal de las empresas públicas o las remisiones y exenciones tributarias.

De acuerdo con los artículos 419.3 y 419.5 de la Constitución de 2008, el acuerdo con el FMI tendría que pasar por la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, incluso porque habría que modificar leyes. Pero el Ministro muy rápidamente opta por declarar que ello no es necesario, mientras la Defensoría del Pueblo sostiene que esos pasos son constitucionalmente obligatorios.

En todo caso, más allá de los misterios, lo cierto es que el nuevo acuerdo con el FMI no se diferenciará, en nada, con las cartas de intención que Ecuador suscribió entre 1983 y 2003, porque las medidas de “ajuste” van en la misma línea de reducir o achicar al Estado, estrangular el gasto público, flexibilizar las relaciones laborales, revisar impuestos, poner bienes y servicios públicos en la esfera de los intereses privados, liberar controles estatales y favorecer el “mercado libre” tanto como las inversiones privadas.

El acuerdo con el FMI, como ocurrió con las 16 Cartas de intención anteriores, es un instrumento para apuntalar el nuevo modelo empresarial de desarrollo que el gobierno de Lenín Moreno ha definido como política de Estado, dejando de lado tanto el programa de gobierno inicial, como el régimen económico que consta en la Constitución. El país verá aclararse el misterio de las definiciones y las palabras en próximas medidas concretas, que llegarán después de concluido el proceso electoral del 24 de marzo, pues en medio de las elecciones los anuncios resultarían inconvenientes.

Como se puede advertir en todo tipo de medios de comunicación, el acercamiento al FMI ha sido saludado y bendecido por los dirigentes de las cámaras de la producción y por los analistas y economistas con visión empresarial y neoliberal. Algunos adornan aún más el beneplácito sosteniendo que por fin se superará el “estatismo” del gobierno anterior, para dar paso al emprendimiento privado y a los capitales extranjeros que ahora sí llegarán al Ecuador.

Sin embargo, desde la perspectiva de la historia económica, contrariando la opinión “oficial”, el desarrollo y el avance social conducen a otras conclusiones: todo modelo exclusivamente empresarial, si bien puede promocionar la esfera de los negocios y provocar un crecimiento capitalista acelerado, nunca ha logrado solucionar las condiciones sociales y laborales de las amplias mayorías de la población. Además, los acuerdos del Ecuador con el FMI del pasado así lo demuestran, porque no sirvieron para cambiar al país. No se entiende cómo ahora sí ese milagro pueda llegar y menos aún de la mano del mismo FMI y de los mismos y viejos conceptos económicos que vuelven a repetirse en el presente.

De otra parte, numerosos estudios, como los de la CEPAL, han demostrado que solo con explícitas políticas de Estado, destinadas a redistribuir la riqueza, imponer fuertes impuestos directos a las capas ricas, fortalecer capacidades estatales y atender con buena calidad de bienes y servicios públicos a la población, es posible superar las estructuras que condenan a amplios sectores sociales a continuar viviendo en condiciones laborales y sociales deterioradas.

Pero estos argumentos, estudios y previsiones no interesan. La balanza ya se inclinó, desde hace casi dos años, a seguir un modelo que responde a consignas empresariales y que solo beneficiará, en el largo plazo, a las mismas elites que tradicionalmente han controlado el poder económico y político del Ecuador. La culpa de ese giro no está en el FMI, sino en el camino que decidió tomar el gobierno desde 2017.