El Salvador, Guatemala y la impunidad

En países con una violencia creciente debido, en buena medida, al desgarramiento del tejido social producto de la guerra represiva, llevada a cabo por ejércitos puestos a las órdenes de oligarquías corruptas respaldadas por los Estados Unidos, los responsables siguen valiéndose de todo tipo de artimañas para evadir responsabilidades. 

Rafael Cuevas Molina/Presidente AUNA-Costa Rica

En El Salvador y Guatemala, países del Triángulo Norte centroamericano que se encontraron bajo la embestida de la represión y la guerra, en los cuales se cometieron algunas de las peores masacres de los que tiene memoria nuestra sufrida América Latina, en las que los desparecidos y asesinados se cuentan por miles, y que aún sufren las consecuencias de tal panorama de holocausto, sus respectivos congresos se aprestan a elaborar y aprobar sendas leyes que, para proteger a los culpables, pretenden hacer borrón y cuenta nueva.

En el caso guatemalteco, de pasar la ley, en menos de 24 horas quedarían libres asesinos culpables de crímenes de lesa humanidad, para cuyas condenas hubo que pasar sobre infinidad de obstáculos puestos por quienes abiertamente se proclaman “vencedores de la guerra” pero perdedores de la batalla legal.

Como ya es conocido, asesinos como Efraín Ríos Montt, solo para mencionar al más conocido, se valieron de todo tipo de subterfugios para evitar ser juzgados, luego para entorpecer los juicios y, por último, para anular las sentencias que les desfavorecían. Aún así, algunos de ellos han  podido ser condenados, como es el caso del exgeneral y exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García, quien fue condenado por la ilegal captura y tortura de Emma Molina Theissen, y la posterior desaparición de su hermano menor, Marco Antonio Molina Theissen, de 12 años de edad.

En El Salvador, el diputado Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano, estudia proponer una ley en la que se concede “amnistía amplia e incondicional a favor de todas las personas” sin importar el sector al que pertenecieron ni la manera en la que hayan participado en diversos delitos antes de 1992, sea que se les haya iniciado algún procedimiento o no.

El diputado Parker fue asesor jurídico del Estado Mayor de las fuerzas armadas durante la guerra de los años 80 y, según  la Comisión de la Verdad,  que fue un organismo establecido por los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que pusieron fin a la guerra civil en ese país, para investigar las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto bélico, “existe plena prueba” de que Parker ocultó “las responsabilidades de altos oficiales” en las violaciones a los derechos humanos.

Una de ellas, es la masacre contra la población civil de El Mozote por el batallón de élite del Ejército salvadoreño Atlácatl (conformado por militares entrenados por la CIA en la Escuela de las Américas), durante un operativo de contrainsurgencia, realizado en 1981. La Comisión de la Verdad determinó que aproximadamente 600 hombres, mujeres y niños campesinos salvadoreños fueron asesinados en la que se considera no solo el mayor acto de violencia contra población civil cometida por agentes gubernamentales durante la guerra civil, sino también la peor masacre en el Hemisferio Occidental en tiempos modernos.

Es decir, que como dice el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), “tendríamos una ley de amnistía propuesta por un grupo de personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”.

En países con una violencia creciente debido, en buena medida, al desgarramiento del tejido social producto de la guerra represiva, llevada a cabo por ejércitos puestos a las órdenes de oligarquías corruptas respaldadas por los Estados Unidos, los responsables siguen valiéndose de todo tipo de artimañas para evadir responsabilidades.