Expertos de las Naciones Unidas
(ONU) condenaron el martes 26 de marzo el asesinato de Sergio Rojas Ortiz,
defensor de derechos humanos y líder indígena, ocurrido el pasado 18 de marzo
en Costa Rica. Rojas Ortiz, de 59 años, que había sido objeto de otros
atentados, amenazas y detenciones en el pasado, gozaba de medidas cautelares de
protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sergio Ferrari / Para Con
Nuestra América
Desde la ONU, Ginebra
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| Sergio Rojas Ortiz |
Rojas Ortiz, según el comunicado difundido por la ONU en Ginebra, Suiza,
«defendió los derechos de su pueblo y de otros pueblos indígenas del país,
durante más de cuatro décadas, contra la ocupación ilegal de sus territorios».
"Exigimos a las autoridades costarricenses que identifiquen a los
autores materiales e intelectuales de este grave delito y los lleven ante la
justicia, de acuerdo con la ley", expresa dicho comunicado. El mismo es
suscripto por el francés Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos; su compatriota Agnès Callamard , Relatora Especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y Victoria Tauli Corpuz de Filipinas, Relatora especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas.
Sergio
Rojas Ortiz, activo miembro de la
Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), fue asesinado en su casa, en Yeri, cantón de
Buenos Aires, provincia de Puntarenas, tras haber acudido a la Fiscalía con
otros dos miembros de la comunidad para denunciar agresiones y amenazas. En ese
clima de tensión había decidido dejar de vivir con su familia para no ponerla
en peligro.
Los expertos internacionales urgen, también, al Estado costarricense
para que “aborde las causas subyacentes de esta violencia, en particular
garantizando los derechos de los pueblos indígenas a territorios y recursos”.
Los expertos añadieron que las familias indígenas que intentan recuperar
sus tierras se enfrentan a grandes peligros, en particular en las comunidades
Bribri de Palmital, Río Azul y Puente, así como el pueblo Brörán en el
territorio de Térraba.
La ley costarricense dispone que los territorios en cuestión son para
uso exclusivo de los pueblos indígenas. El pueblo Bribri ha presentado decenas
de denuncias tanto por la vía legal como la administrativa, reclamando la
aplicación de la ley. Frente a la falta de implementación de las decisiones de
desalojo en su favor y el estancamiento de los procedimientos judiciales,
también iniciaron recuperaciones de territorio. Todo ello ha dado lugar a
agresiones constantes por parte de los terratenientes.
"Las autoridades costarricenses deben proporcionar inmediatamente
una protección culturalmente apropiada a los integrantes de los pueblos
indígenas en situaciones de riesgo por la defensa de sus derechos”, enfatizan
los relatores internacionales.
En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a
las autoridades del país centroamericano a adoptar todas las medidas necesarias
para garantizar la seguridad del pueblo Teribe y Bribri en Salitre. Sin
embargo, “el Estado no ha llevado a cabo investigaciones adecuadas, enjuiciado
ni castigado a los responsables de los ataques continuos”, sentencian.
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