Panamá: Constituyente, mercado regulado y corrupción

La coyuntura electoral ha obligado a los candidatos presidenciales a pronunciarse sobre la constituyente. Varios están de acuerdo con la convocatoria, otros prefieren que la nueva Asamblea se encargue de las reformas.

Marco A. Gandásegui, h. / Para Con Nuestra América

Desde Ciudad Panamá

Coincido plenamente con la opinión del reconocido abogado Mario Galindo, que no tiene sentido convocar a una Asamblea constituyente si su propósito es reformar la actual carta magna. También estoy de acuerdo con Galindo cuando dice que si el objetivo es ‘refundar la República’, como algunos proponen, entonces sí sería necesaria una Asamblea constituyente ‘originaria’. Es decir, hacer tabla rasa con todos los reglamentos, instituciones y símbolos republicanos existentes. La constituyente originaria reemplazaría de inmediato las viejas estructuras republicanas con nuevas.

En la actualidad, casi todos los sectores políticos y muchas organizaciones con bases sociales son partidarios de la ‘constituyente’. Muchos no entienden muy bien en qué consiste una Asamblea convocada para tratar la Constitución Política vigente. Lo que si tienen claro, casi todos, es que el ordenamiento legal de la República no les beneficia y quieren cambios.

Veamos estas dos propuestas. En primer lugar, la ‘reforma’ a la Constitución. En segundo lugar, la ‘refundación’ de la República. Todo panameño tiene su proyecto para reformar la Constitución vigente de 1972. Unos plantean la necesidad de arrancarle todo vestigio del militarismo que la vio nacer hace casi 50 años. Otros señalan las fallas que existen en las estructuras que sostienen los órganos del Estado. Incluso, hay quienes creen que la reforma puede resolver los problemas sociales (educación, salud, vivienda)  o de empleo. La Cámara de Comercio y asociaciones afines han propuesto cambios significativos que beneficiarían a las grandes empresas panameñas en detrimento de los sectores populares. Proponen una República al servicio de un mercado (regulado por ellos).

Galindo no lo afirma explícitamente, pero deja entender que una ‘reforma’ debe quedar en manos de la Asamblea Nacional, tal como establece la Constitución vigente. En cambio, la refundación de la República requiere de una Constitución totalmente nueva. Galindo utiliza el término ‘revolucionario’ para referirse a la situación. La constituyente originaria rompería con el pasado y establecería nuevas reglas para la República. Galindo es muy cauto y advierte que la nueva Constitución para una República ‘refundada’ no resolvería los problemas del país. Según el jurista, la nueva República sería el reflejo “de la correlación de fuerzas que, en la realidad de los hechos, exista entre los partidos y movimientos políticos que se disputen en las elecciones el nombramiento de los convencionales y, en consecuencia, el ejercicio del poder constituyente”.

Agrega, para dejar a los promotores de la constituyente pensando, “mientras esa correlación de fuerzas se parezca a la existente no puede esperarse que la constituyente, por muy originaria que sea, genere rupturas revolucionarias ni cosa parecida”. Galindo abre la ‘caja de Pandora’ al hablar de la correlación de fuerzas. Todo indica que se refiere a las fuerzas sociales que se organizan dentro de la sociedad para participar en la repartición de las riquezas del país.

La Constitución Política es un instrumento, es un medio, no es un fin. Quien maneja ese instrumento, legitima su poder. El poder es el fin. La correlación de fuerzas define quien tiene el poder. Galindo cita a César Quintero, quien en 1983, después de las reformas a la Constitución de 1972, afirmó que “el Acto Constitucional de 1983 no significó una reforma de la Constitución de 1972, sino una nueva Constitución que técnicamente sustituyó por entero a la que decía reformar”. Quintero quería decir que el poder económico – desplazado políticamente después del golpe militar de 1968 – le había torcido el brazo a la Guardia Nacional y había cambiado la correlación de fuerzas. Poco años después (1989), las Fuerzas Armadas de EEUU le hizo el camino para que los grandes propietarios regresaran al poder político y dieron vuelta en su totalidad la correlación de fuerzas. El poder económico no consideró necesario ‘refundar’ la República con una constituyente originaria porque como dijera Quintero, “el democrático Acto Constitucional de 1983 es la antítesis de la autocrática y autoritaria Constitución de 1972”.

La coyuntura electoral ha obligado a los candidatos presidenciales a pronunciarse sobre la constituyente. Varios están de acuerdo con la convocatoria, otros prefieren que la nueva Asamblea se encargue de las reformas. Saúl Méndez dice que apoya la ‘originaria’ y José Blandón también, bajo ciertas condiciones. La originaria tendría que trastocar la correlación de fuerzas y entregarle el poder a los sectores sociales que pongan fin al mercado ‘regulado’, madre de la corrupción, y canalizar las riquezas del país hacia el pleno desarrollo de la nación.