Ecuador: Agenda empresarial para el 2030

Los empresarios ecuatorianos persisten en una serie de propuestas: reducir el tamaño del Estado y el gasto público; suprimir o disminuir una serie de impuestos; flexibilizar las relaciones laborales a fin de recortar costos que afectan la competitividad; avanzar en la minería “responsable”; ampliar los acuerdos bilaterales de inversión, así como los tratados de libre comercio. 

Juan J. Paz y Miño Cepeda / Historia y Presente Blog

El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) ha decidido lanzar “Ecuador 2030” (http://ecuador2030.org), un proyecto que “busca sentar las bases para lograr un país moderno e innovador al integrar las nuevas tecnologías, formar a los profesionales de las futuras generaciones y trazar el camino correcto hacia un desarrollo productivo nacional”. Afirma que esos avances “se reflejarán en una mejora del ingreso per cápita, de la educación, del sistema de salud, de un empleo de calidad o de la generación de riqueza”, ya que “la finalidad del empresario es construir un país socialmente responsable, sostenible, y generar prosperidad y desarrollo económico”. Y añade: “con la transparencia, la conciencia social y la libertad como principales valores, Ecuador 2030 se basa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas”. Su consigna se resume así: “La meta es ingresar a través de un Pensamiento Exponencial de manera competitiva en la Cuarta Revolución Industrial y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

Son 17 los ODS, que se resumen en: fin de la pobreza, hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas; y, alianzas para lograr los objetivos.

Sin embargo, desde hace tiempos, los empresarios ecuatorianos persisten en una serie de propuestas: reducir el tamaño del Estado y el gasto público; suprimir o disminuir una serie de impuestos; flexibilizar las relaciones laborales a fin de recortar costos que afectan la competitividad; avanzar en la minería “responsable”; ampliar los acuerdos bilaterales de inversión, así como los tratados de libre comercio. 

El gobierno de Lenín Moreno ha trazado una ruta de políticas económicas en ese mismo sentido y hasta el momento progresa en la disminución de las capacidades estatales y la expulsión de miles de trabajadores del sector público; ha logrado leyes que perdonan deudas, multas, intereses y reducen impuestos; se apresta a aprobar reformas laborales planteadas por el sector empresarial, pese a que violan la Constitución y arrasan con derechos de los trabajadores; amplía fronteras mineras; proyecta vincular al país en acuerdos aperturistas como la Alianza del Pacífico.

 Además, se ha suscrito un acuerdo de largo plazo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que claramente se apuntala la reducción del Estado y de trabajadores de la burocracia; la disminución de impuestos privilegiando los indirectos sobre los directos; la “urgente reforma laboral”; y un esquema aperturista, bajo la visión neoliberal, que supone beneficios sociales con un mercado libre y con la hegemonía del capital privado interno y externo en el conjunto de la economía. 

 Con todo este paquete de fuerzas coincidentes en las mismas líneas de acción para el futuro económico del país, no se ve cómo el CEE pueda sustentar el logro de los ODS. La experiencia histórica de América Latina durante las décadas finales del siglo XX e inicios del XXI, que no son tomadas en cuenta al momento de argumentar sobre la base de algún antecedente, y que se caracterizaron por el impulso de políticas económicas iguales a las que siguen planteándose en la actualidad, solo demostraron la acumulación de graves perjuicios sociales y laborales, sobre los que se levantaron el florecimiento de los sectores privados y la maximización continua de las ganancias, lo que está demostrado por estadísticas y estudios internacionales. En Ecuador esa experiencia fue aún más grave, pues al deterioro sistemático de las condiciones de vida y de trabajo, junto a la acumulación de riqueza, también se unió la crisis del Estado y la debacle institucional y política, que en una década (1996-2006) condujo a siete gobiernos, con tres de ellos derrocados.

Pocos días atrás, durante el “Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 2019” de las Naciones Unidad, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), realizó un balance de los avances para el cumplimiento de los ODS (https://bit.ly/2Lkys8u). Allí insistió en que la igualdad “debe ser el motor del crecimiento, ya que la desigualdad es ineficiente desde el punto de vista económico y social, y conspira contra el desarrollo sostenible”; y remarcó que “la extrema concentración de la riqueza y la creciente desigualdad son los principales problemas que deben ser enfrentados para lograr mayores progresos”. Pero este tema ni siquiera aparece en la agenda “Ecuador 2030” del CEE, ni en las políticas del gobierno de Moreno y mucho menos en la Carta de Intención con el FMI.

Entre otros asuntos, Bárcena también señaló que “Para asegurar una distribución del ingreso más equitativa se necesitan políticas fiscales activas que permitan financiar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y así evitar que nadie quede atrás”; añadió que “para ampliar el espacio fiscal se debe reducir la evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos producto de la manipulación del comercio internacional de bienes; adoptar impuestos ambientales y de salud, así como en la economía digital; repensar los gastos tributarios para alinearlos con los resultados de la inversión; y fortalecer la tributación sobre la renta y propiedad personal”. Pero este tema tributario igualmente no aparece en las previsiones del CEE, del gobierno morenista, ni en la Carta con el FMI. Bárcena fue contundente: “La cultura del privilegio debilita la confianza en las instituciones. La CEPAL estima que la evasión tributaria en América Latina y el Caribe llega a los US$335.000 millones, o un 6,3% del PIB. ¡Podríamos financiar la Agenda 2030 con ese dinero!”, enfatizó.

Evidentemente, el pensamiento cepalino no es considerado en los círculos del poder económico, político e institucional del Ecuador. Tampoco las experiencias históricas. Y tampoco las recientes, porque, entre los más grandes países, Argentina y Brasil siguen las más radicales consignas empresariales de toda la región, auspiciadas por gobiernos conservadores, y los resultados de vida y de trabajo de sus poblaciones solo se han derrumbado. Pueden añadirse las experiencias de Colombia o Perú.

De modo que en Ecuador, pese a las palabras, no se alcanzarán los ODS si es que cualquier agenda para el 2030 no abandona los mitos del mercado libre vinculado a la empresa privada descontrolada por el Estado.