Amnistía Internacional nos alerta con respecto a que en
Guatemala el Estado está punto de dejar de ser materialización de lo público y
está convertiéndose en una maquinaria criminal.
Carlos
Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde
Puebla, México
Con esta frase comienza el capítulo de conclusiones y recomendaciones
del informe “Última oportunidad para la justicia en Guatemala” de Amnistía
Internacional. Recientemente publicado el mismo es una alarmante reseña de los
“peligrosos retrocesos para los derechos humanos y lucha contra la impunidad”
que se observan en el país. Al leerlo he pensado en la enorme paradoja del
gobierno de Jimmy Morales (2016-2020). Como es harto sabido, Morales era un
político condenado a la marginalidad en 2015 cuando surgió un poderoso
movimiento ciudadano que se rebeló contra corrupción. Fue esa ola de
indignación la que inesperadamente lo
llevaría a la Presidencia de Guatemala navegando sobre la imagen del ciudadano
puro.
Amnistía Internacional
documenta ampliamente en su informe, que en los últimos cuatro años hay
un enorme retroceso con respecto a los
avances que Guatemala había observado en la lucha contra la corrupción y la
impunidad. El gobierno de Morales ha desmantelado los avances observados desde
2007 cuando empezó a funcionar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG). Durante once años la
CICIG logró identificar más de 60 estructuras criminales y presentó más de 100 casos relacionados con
derechos humanos, libertades civiles, derecho a la salud e independencia
judicial. Con razón en abril de 2019 la popularidad de la CICIG llegaba a 70%.
Sostenido en la ultraderecha empresarial y política, el gobierno
guatemalteco ha impulsado diversas acciones que
conducen al Estado guatemalteco a ser cooptado por el crimen organizado.
En septiembre de 2017 el Congreso
intentó aprobar reformas al Código Penal para atenuar o conmutar penas para el
delito de financiamiento electoral ilícito y corrupción. En 2018 promovió las iniciativas de ley 5466 y 5474
contraviniendo estándares internacionales de prisión preventiva para liberar a
acusados de corrupción y crímenes cometidos durante el conflicto interno. También se
promovieron iniciativas de ley como la 5377 que persigue amnistiar a
personadas acusadas y condenadas de crímenes de derecho internacional y
violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. En febrero de
2019 se impulsó la iniciativa de ley 5257 que propicia el cierre arbitrario de
organizaciones de la sociedad civil y criminalización de los defensores de
derechos humanos.
Desde enero de 2018 el flamante Ministro de Gobernación Enrique
Degenhart suspendió la colaboración entre la Fiscalía Especial Contra la
Impunidad y la Policía Nacional Civil. Ese año
se observó una cifra record de 28 asesinatos y 18 intentos de asesinato
contra defensores de derechos humanos. En mayo de 2019 anunció el control del Archivo Histórico de
la Policía Nacional. En agosto de 2018 se anunció que la CICIG dejaría de
funcionar el 3 de septiembre de 2019 y aumentaron los ataques y amenazas a
jueces y fiscales. Los ataques contra la CICIG se arreciaron cuando en
septiembre de 2018 el gobierno le impidió el retorno al país a su director Iván
Velázquez.
Amnistía Internacional nos alerta con respecto a que en Guatemala el
Estado está punto de dejar de ser materialización de lo público y está
convertiéndose en una maquinaria criminal.
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