La decisión de liberar
al hijo de El Chapo, fue del gabinete de seguridad pero fue avalada por el
Presidente López Obrador. Persistir en mantenerlo arrestado hubiese ocasionado
cientos de muertos en la población civil. Inmediatamente la derecha en México y
en el mundo empezó a propalar la especie de que la decisión era producto de un
gobierno blandengue y sin mano dura.
Carlos Figueroa Ibarra
/ Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
El jueves 17 de
octubre, Culiacán la capital de Sinaloa
se estremeció durante 5 horas. A las 3 de la tarde cientos de sicarios (se
estiman casi un millar) generaron un caos en la ciudad. Literalmente invadieron la ciudad, la
cercaron y la inmovilizaron. Avituallados con armas del más grueso calibre y
potencia (conseguidas por el contrabando permitido por Washington)
protagonizaron aproximadamente 14 combates, realizaron 19 bloqueos de calles y
caminos y provocaron incendios en diversos lugares. Desde hace varios años he
podido observar que el narcotráfico mexicano ha logrado desarrollar una
operatividad militar digna de las guerrillas más numerosas y eficientes. En
varias ocasiones han logrado movilizar grandes contingentes armados, paralizar
carreteras, efectuar bloqueos para permitir a otros contingentes realizar
acciones militares y enfrentarse exitosamente a ejército y policías. En esta ocasión su éxito se debió además de
todo lo anterior, a que amenazaron con matar a población civil y a las familias
de militares estacionados en el lugar. El alto mando de la seguridad pública
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, decidió acceder al objetivo del
vasto operativo militar del Cártel de Sinaloa y liberó a Ovidio Guzmán después
de haberlo capturado. Ciertamente el operativo de captura del hijo de Joaquín
El Chapo Guzmán fue mal diseñado y ejecutado.
La decisión de liberar
al hijo de El Chapo, fue del gabinete de seguridad pero fue avalada por el
Presidente López Obrador. Persistir en mantenerlo arrestado hubiese ocasionado
cientos de muertos en la población civil. Inmediatamente la derecha en México y
en el mundo empezó a propalar la especie de que la decisión era producto de un
gobierno blandengue y sin mano dura. En el fondo el argumento de la derecha se
sustenta en una concepción de seguridad pública que ha demostrado su fracaso en
las últimas décadas: al narcotráfico se le enfrenta militarmente.
Aproximadamente 250 mil muertos ha ocasionado en los últimos trece años esta
estrategia equivocada. Los cárteles del narcotráfico siguen floreciendo lo que
evidencia como estupidez la estrategia
del espectáculo con la captura y extradición de capos. Hoy el Cartel de
Sinaloa, según el especialista Edgardo Buscaglia,
es la tercera organización criminal más poderosa del orbe y tiene filiales y
negocios en 84 países. La política de seguridad de la Cuarta Transformación se
asienta en garantizar la vida y bienes de la ciudadanía, no en estar
persiguiendo capos que fácilmente son reemplazables por los cárteles. Apunta a
la prevención social y a la inteligencia financiera que destruye el lavado de
dinero. Por supuesto que también a la implementación de la Guardia Nacional que
deberá alcanzar aproximadamente 270 mil efectivos.
En Sinaloa el 79% de la
población consideró acertada la liberación de Ovidio Guzmán, a nivel nacional
la aprobación nacional fue de 53%. 86% de los sinaloenses y 64% de los mexicanos creen que el saldo de
muertos hubiese sido mayor si no se hubiera liberado a Guzmán. Así las cosas en
México con la herencia terrible de inseguridad que dejó la corrupción neoliberal.
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