Añadamos
7 ingredientes -seguro existen muchos más- a la jugosa lista de pecados
capitales en la cultura parlamentaria del Perú: inmunidad, falsificación de
información, tráfico de influencias, transfuguismo, nepotismo, privilegio
salarial y enriquecimiento ilícito.
José Toledo Alcalde / Para Con
Nuestra América
Ser
funcionario público en el Perú fue, y seguro sigue y seguirá siendo,
considerado unos de los más atractivos negocios que ciudadana/o alguno podía, o
puede, ostentar. Cientos de candidatas/os a los curules planificaron, y seguro
siguen planificando, su vertiginoso ascenso social y económico en base a la
atractiva remuneración y nuevo statu
de privilegio que el nuevo oficio ofrece.
Todo
esto de espaldas a la triste realidad, de exclusión socio-económica, en donde
por ejemplo, el ínfimo salario mínimo es equivalente a US$280.86 dólares
americanos y en donde beneficios como la Compensación por Tiempo de
Servicios (CTS), al cual es recibida como apoyo al
desempleo al término de la relación laboral, las/os parlamentarias/as cuentan
con el beneficio en los meses de julio de cada año. Por mencionar sólo uno de
los varios antidemocráticos beneficios que se autoatribuyen funcionarias/as
públicos con base legal en una Carta Magna redactada por un puñado de
privilegiadas/os.
Entonces,
¿por
qué generamos la presente reflexión? Reflexión que no pretende ser en nada un
intento de análisis técnico sobre cada uno de los “ingredientes” mencionados
sino un sentir colectivo puesto en blanco y negro.
Una
de las razones, el Perú se encuentra en medio de una situación de excepción: el
cierre del Congreso de la República y próximas elecciones congresales
extraordinarias programadas para el 26 de enero de 2020 el cual tendrá que
cubrir el tiempo restante del actual régimen hasta el 2021 y tendrá, una vez
más, que cubrir 130 puestos.
Los 7
vicios, y muchos más, que históricamente han deteriorado la esquelética
estructura política del Perú amenazan con ser replicadas de generación en
generación sino se le pone fin de raíz.
Nos
remitimos a los hechos, es vox populi la
generalización de una cultura de la corrupción en las esferas de poder
(negocio) público y privado. Poderes del Estado, gobiernos regionales,
distritales, locales están involucrados en la más grande red del crimen
organizado siendo esta indiferente a la bandera política que la autoridad
pública haya representado. Lo sabemos, el entramado delictivo con corporaciones
privadas han hecho del oficio político la mejor herramienta del ilícito
enriquecimiento y abusiva concentración de poder.
Es
sabido que la inmunidad ha sido la gran cobertura en la cual se han escudado
las más obscenas sinfonías del delito público. Somos participes del parecer que
funcionarios públicos, como lo es con la ciudadanía en general, deben estar
sujetos a la misma resolución penal en caso de actos punidos por ley lo cual no
ha sucedido convirtiendo la inmunidad en el mejor escudo legal de protección al
crimen so pretexto de proteger políticamente a la/el funcionaria/o.
Hacemos eco
de lo sostenido por la ministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Revilla
Vergara lo cual, consideramos, sería una de las exigencias a la cual las nuevas
candidatas/os al Congreso deberían adherirse en respaldo con cargo de
obligatoriedad: “Sería ideal que los próximos candidatos al Congreso tengan como propuesta
normativa quitar esta protección de inmunidad a los congresistas […] No es
posible que por comisión de delitos anteriores a sus funciones como congresista
se mantenga la inmunidad. Eso ha pasado con representantes del Congreso, eso no
es lo correcto […] como país hemos venido haciendo un Frankenstein con el
Código Penal”. [1]
Todos los
demás vicios como Inmunidad,
falsificación de información, tráfico de influencias, transfugismo, nepotismo,
privilegio salarial y ausentismo amenazan con ser la comidilla de los
ávidos titulares del lucrativo business
farandulero de la mayoría, salvo honrosas excepciones, de medios de
comunicación.
Debería
, por lo menos en partidos o movimientos de izquierda o progresistas, ser una
exigencia con carácter de obligatoriedad de precandidatas/os y candidatas/os al
Congreso comprometerse con aceptar la separación del partido u organización y,
en caso de ausencia de inmunidad, ser denunciados/as ante las esferas jurídicas
correspondiente por haberse válido del apoyo de la ciudadanía y espacios
públicos con fines personales ajenos al interés común.
Se
teme que la alusión a la “juventud” como recurso “salvavidas” ante la caduca
estructura política sea una muletilla que pueda englobar serios problemas de
cohesión y madurez política.
Pareciera
ser que en la actualidad signos de modernidad política tenga que ver con declarar
a Venezuela “Dictadura” y a la izquierda con “terrorismo” a no ser que sea la
“izquierda moderada” o “democrática” como si el socialismo inclusivo y decente
no lo fuese.
Ojalá
que dentro de las exigencias que se puedan solicitar a las nuevos rostros, y no
tan nuevos, al Congreso, y al mundo de la política en general , se encuentre la
adhesión a la renuncia de hacer de estos, y otros vicios, la esperanza de
sueños de opio que ya ha metido a más de un representante de la “democracia” a
la sombra o a placenteras cárceles doradas como clínicas o acogedoras
residencias familiares.
Que
sean la decencia, honestidad, integridad, coherencia y soberanía aquellos
vicios que por su hábito y repetición sean inscritos en el nuevo ADN de una
cultura política auténticamente inclusiva y democrática.
¡El
pueblo tiene la palabra!
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