La
recaptura de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara por violar las
condiciones de prisión preventiva, ocurrido el 18 de febrero, constituye un
hecho que vuelve a desnudar la reconfiguración cooptada del Estado como un
continuo operado por elites y redes de poder.
Mario Sosa / Para Con Nuestra
América
Desde
Ciudad de Guatemala
La
investigación preliminar que lleva a la recaptura de Alejos evidencia un
conjunto de hechos de trascendencia política y judicial. 1) Una jueza señalada
de beneficiar a poderosos, aprobó el traslado del reo a un hospital privado,
lugar donde tenía a disposición licores, comida y otras bebidas, donde mantenía
reuniones indebidas y de cuyas instalaciones salía sin ninguna custodia. 2) En
dicho hospital Alejos concertó con jueces, diputadas (incluida la primera
vicepresidenta de la Junta Directiva del Congreso), abogados, aspirantes a
magistrados de cortes y un representante de universidad privada, quienes
intervienen o tienen familiares y amigos que participan en el proceso de
selección de altos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de
Apelaciones y el Tribunal Supremo Electoral. 3) La inexistencia de
justificación sanitaria y carencia de custodia del reo, implica a funcionarios
con altos cargos en el sistema judicial y penitenciario, al decidir y crear
condiciones para su permaneciera en el lugar y en esas circunstancias. 4) En el
mismo hospital también fue recluida meses atrás, por decisión de la misma
jueza, la ex candidata presidencial, Sandra Torres, acusada de financiamiento
electoral ilícito, correligionaria de Alejos y señalada por miembros de su
propio partido de estar participando en la negociación de elección de
magistrados.
La
información disponible evidencia que Gustavo Alejos estaba urdiendo
transacciones para determinar de forma anómala, la calificación y selección de
magistrados a las cortes del país. Este hecho, sumado a las denuncias sobre
influencias y presiones hacia la Comisión de Postulaciones, muestra la
continuidad de redes que operan la cooptación del Estado. Su propósito, como
resulta claro, es controlar las cortes en función de los réditos económicos,
políticos y judiciales que esto significa, así como entorpecer y revertir
procesos judiciales para liberar de la cárcel a personajes poderosos,
retrotraer procesos de investigación y enjuiciamiento, y reproducir condiciones
de impunidad.
Un
sistema de justicia efectivo, que garantice los derechos, procesos, sanciones,
reparaciones y correctivos para construir una sociedad democrática y justa, es
inexistente. Lo demostró la indagación coordinada realizada por el Ministerio
Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
entre 2015 y 2019, entidades que evidenciaron
y procedieron a señalar, capturar, procesar a elites por su
participación en diversos delitos de alto impacto. Estas elites de poder
económico, político, militar y criminal, lograron finalmente que dicha comisión
fuera expulsada del país.
La
recaptura de Gustavo Alejos en estas andanzas ilegales y el injustificado
retraso en la selección de los magistrados de las altas cortes, producto de
impugnaciones y otros vericuetos políticos, ponen en entredicho tal proceso y
la idoneidad de los postulantes que han avanzado a la siguiente etapa. Las
prácticas de cooptación que nuevamente son reveladas públicamente, confirman la
continuidad de alianzas entre elites de poder “fuera” y “dentro” del aparato
institucional para beneficiarse mutuamente. Esto implica, en términos
conceptuales, la reconfiguración cooptada del Estado, que se orienta, mediante
práctica ilegales, a subvertir las reglas y garantizar que en las instituciones
se intermedie e impongan los intereses de tales elites, por sobre el interés
común y la búsqueda de justicia y democracia.
En
este marco y siendo el carácter intacto del régimen político, solo podemos
esperar que el sistema de justicia –como el resto de los principales aparatos
del Estado- opere en función de intereses de redes y elites de poder. Así las
cosas, surge la pregunta: ¿Qué condiciones son necesarias para subvertir la
captura y la reconfiguración cooptada del Estado?
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