He leído
atentamente lo publicado en redes sociales y prensa a propósito de la reacción del
Presidente del Congreso de Guatemala, Álvaro Arzú Escobar, con motivo de la
renuncia de la diputada Vicenta Jerónimo a los beneficios que gozan los
diputados. La confrontación entre Arzú y Vicenta no puede ser más
representativa.
Carlos Figueroa Ibarra
/ Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
El Presidente del
Congreso representa inequívocamente dado su linaje todo el legado colonial que
está presente en la oligarquía guatemalteca. La diputada del Movimiento para la
Liberación de los Pueblos (MLP) es una mujer indígena que por lo mismo encarna
a la parte más oprimida y explotada (mujer, indígena y pobre) del pueblo de
Guatemala. El primero es imputado como representante de la política venal
agrupada en el llamado Pacto de Corruptos además de ser representante orgánico
de la más rancia derecha en el país. La segunda es una luchadora por los
derechos humanos y de la naturaleza, los dos ámbitos depredados
inmisericordemente por la lógica del capital.
Más allá de lo
simbólico que resulta esta confrontación a propósito del gesto político de
Vicenta Jerónimo, mi experiencia política en México me hace ver su
planteamiento de manera muy atenta. Vicenta ha expresado en consonancia con su
partido la renuncia a un teléfono celular con llamadas ilimitadas y uso de
internet, seguro médico y de vida, fondo rotativo de caja chica por 2 mil
quetzales (aproximadamente 266 dólares) y a cinco de las ocho contrataciones de
asistentes o asesores a los cuales tienen derecho los diputados. También a las
comidas de medio día que el Congreso les da los diputados para que puedan usar
ese espacio de tiempo en reuniones de trabajo. Y si lo anterior fuera poco,
Vicenta ha renunciado a la mayor parte de su salario (Q.29,150: 3,890 dólares aproximadamente). La
reacción de Arzú ha sido airada y ha acusado a Vicenta de demagógica
(“populista, mediática”).
Acontece que de acuerdo con informaciones periodísticas
un diputado/a guatemalteco además de su salario, recibe miles de quetzales más en dietas, bonos, aguinaldos y gastos de
representación. Además, seguros de vida y salud que en conjunto implican una
erogación de 16.5 millones de dólares
anuales, fondo de caja chica por un total de
600 mil dólares. En suma, un despilfarro de dinero que resulta
ultrajante en un contexto en el cual Guatemala tiene un 60% de pobreza (que
aumenta a 80% en regiones indígenas) y 50% de niños desnutridos.
En México, desde las
filas de Morena y del progresismo en
general, hemos hecho bandera del aforismo planteado por Andrés Manuel López
Obrador: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. La lucha contra la
corrupción y contra los gastos suntuarios de la alta burocracia ha sido
implacable en los 4 meses del Gobierno de la Cuarta Transformación. Honestidad
y austeridad republicana han implicado ahorros
en miles de millones de dólares para el gasto público. Por ello, no comparto
que se diga que es demagógico y o diversionismo el planteamiento de Vicenta. Al
contrario, lo saludo y lo comparto.
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