Si algo ha fortalecido el rol del Estado en estos negros días ha sido la tragedia mundial del coronavirus. Nunca como ahora estuvo a prueba la más compleja construcción de la modernidad capaz de hacer efectiva la utopía de la igualdad de derechos entre los componentes de la sociedad.
Roberto Utrero Guerra / Especial para Con Nuestra América
Desde Mendoza, Argentina
Una pandemia de voracidad y características tan particulares sólo ha podido ser enfrentada con determinación y recursos a través de la centralización ejecutiva del aparato administrativo de los países, poniendo de manifiesto el rostro democrático de esta enfermedad: no se detiene en el bolsillo de las víctimas.
Atacado y debilitado desde hace casi medio siglo por economistas que comenzaron a criticar ferozmente su tamaño, agilidad y eficiencia, lentamente instalaron en la opinión pública la necesidad de emprender reformas. Reformas que fueron amputando funciones indelegables conforme el desarrollo alcanzado por el denominado Estado de Bienestar que vino creciendo a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Los treinta gloriosos años de la economía hicieron posible el establecimiento de políticas sociales que elevaron el nivel de vida de las sociedades. Educación, salud y seguridad social se extendieron a todos los estratos de la población, objetivo al que se fueron sumando la mayoría de los países conforme sus posibilidades concretas. Organizaciones mundiales estimularon a la creación de escuelas e institutos a los efectos de formar técnicos capaces de impulsar y extender los beneficios de las diversas prestaciones. Asimismo, se convocaron congresos y reuniones sectoriales progresivas en un momento en que aparecían las teorías del desarrollo. Esto dentro de las administraciones centrales que fueron adaptando sus viejas cajas de jubilaciones y ampliando institutos más específicos para satisfacer las complejidades de la seguridad social.
Otro tanto ocurrió con la educación y la salud, construyendo infraestructuras edilicias conforme una demanda cada vez más creciente. Cuestiones todas estas que convergieron en una mejor calidad de vida y una mayor extensión de la misma.
Por otro lado, los países en desarrollo ante la ausencia de un empresariado local con capital suficiente y riesgo, impulsaron infinidad de empresas públicas capaces de producir bienes y servicios. Sobre todo, estos últimos conformaron verdaderos holdings, capaces de dominar todo el proceso desde la extracción, refinamiento y distribución. Envergadura que absorbía muchos obreros y empleados, cuyos técnicos provenían de las universidades públicas, estableciéndose una pujante interrelación de investigación y gestión.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales YPF, Yacimientos Carboníferos Fiscales YCF, Gas del Estado y Obras Sanitarias de la Nación fueron ejemplo por varias décadas en Argentina como Petrobrás o Embraer en Brasil.
A partir de los ’70 del siglo pasado la voracidad de las multinacionales, la crítica de los medios y la intelectualidad comenzó una persecución sistemática a la gestión pública, haciendo foco en la cantidad de empleados, la obsolescencia de maquinaria y equipos y los déficits de explotación. Nadie reparaba que las mismas llegaban a los rincones más alejados del país, donde jamás lo hubiera hecho una empresa privada y que la necesaria inversión de reposición debía acompañar al crecimiento vegetativo de la población.
A fines de esa década las usaron de pretexto para solicitar préstamos externos que fueron a otros destinos. Situación de endeudamiento que llevó a la “década perdida” de la región en los años siguientes.
El objetivo era instalar el excesivo gasto y la pésima prestación entre los contribuyentes. Cuando desaparecieron no hubo ningún comunicador que escuchara el lamento de los excluidos de sus beneficios. Sus loas alimentaban el canto de sirenas del norte imperial.
Así Carlos Menem y su seguimiento a rajatabla del Consenso de Washington, destruyó líneas y ramales de Ferrocarriles, dejando cientos de pueblos incomunicados y centenas de miles de obreros en la calle. Le siguieron Agua y Energía de la Nación, Gas del Estado, Entel y decenas de empresas nacionales y provinciales. Se dilapidaron las joyas de la abuela como decía el ex presidente Raúl Alfonsín.
La paranoia del uno a uno y el discurso seductor y mentiroso del ingreso al Primer Mundo del riojano fueron el caldo de cultivo junto con la posterior y fracasada Alianza de la concentración y transnacionalización del patrimonio, cuyas consecuencias nos arrastraron a la crisis del 2001. Infierno olvidado que a quince años instaló en el poder a los mismos predadores e irresponsables que nos llevaron a la banca rota y la zozobra continua hasta fines del pasado año.
Reconstruido desde las cenizas y la disolución a partir de la asunción de Néstor Kirchner, el Estado fortalecido comenzó otra vez su silenciosa tarea de inclusión distribuyendo viejos y nuevos derechos en un espectro social más complejo y visible. A ese pujante período se deben el matrimonio igualitario y la asignación universal por hijo, entre otras muchas reivindicaciones.
El impulso a la investigación y la ciencia es un esfuerzo institucional y colectivo que desde la superficie no se observa, pero que es indispensable para el desarrollo del país en un su conjunto. Un país que ha venido luchando sostenidamente por imponer la industrialización por sobre los imperativos de reprimarizar la economía desde el campo sojero a la megaminería contaminante, a sabiendas que la transformación es un atributo para sus propios habitantes. Con institutos específicos de fomento a la investigación aplicada en áreas decisivas como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA o el Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI reconocidos en el exterior, nexos obligados entre las universidades y la población de todo el territorio del país, los que también fueron víctimas de recortes presupuestarios aviesos.
La Comisión Nacional de Energía Atómica CNEA otra creación de los años fecundos del primer peronismo ha sido pionera en la investigación de energía nuclear con usos pacíficos, por mencionar a vuelo de pájaro la amplísima y compleja acción estatal en apoyo al desarrollo del conocimiento y la ciencia.
Cinco premios Nobel corroboran la profundidad y continuidad de estas políticas, siendo uno de ellos, el Dr. Bernardo Housay el refundador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICET en 1958, cuyo origen también se remontaba a 1950 y cerrado por el golpe militar de 1955.
Resabio que se mantiene a pesar de tanto ataque neoliberal reciente, que ha permitido que los investigadores de la Administración Nacional de Institutos de la Salud, Dr. Carlos Malbrán hayan podido identificar el origen de las diversas cepas de coronavirus ingresadas al país: Asia, Europa y Estados Unidos. Incipiente promesa para poder encontrar algún alivio al flagelo.
La actual pandemia y la adopción de medidas urgentes para intentar detenerla ha sido posible gracias a la centralización de la decisión política del Poder Ejecutivo Nacional y sus respectivos provinciales y municipales conforme lo establecido en la Constitución Nacional.
A los efectos del control diario de la enfermedad y su avance, el presidente en consulta permanente con gobernadores e intendentes, amplia la incorporación de sectores a la menguada actividad económica. Siempre en correspondencia con las autoridades sanitarias y de investigación que advierten los posibles riesgos sanitarios.
En este sentido los gobernadores, quienes más conocen la situación de sus economías regionales, han sido fundamentales para reglamentar las cosechas del momento para el suministro de alimentos. Igualmente, los transportes se han ido adecuando a las necesidades y restricciones.
Pero tal vez lo menos advertido haya sido la tarea de los intendentes en bloquear sus municipios ante la presencia de infectados y hacer un relevamiento exhaustivo de cada persona que ingresó, su localización y seguimiento de contactos para alentar a las autoridades y obligar el estricto aislamiento de familiares y vecinos conforme la gravedad impuesta por la cuarentena.
Como nunca la autoridad local ha extremado su conocimiento del estado y condiciones del vecindario. Su acción coordinada con las autoridades de Gendarmería, policiales y sanitarias ha sido un freno al contagio. De allí la ampliación de sus facultades en la emergencia.
Este importante esfuerzo comunitario devendrá en una disminución de las víctimas del flagelo. En contraste con lo sucedido con los grandes países que han dejado librados a su suerte y posibilidades a sus habitantes.
Donald Trump, Boris Johnson y Jair Bolsonaro se han destacado por mirar al costado y jerarquizar la economía. Esto se advierte en el avance diario de la enfermedad, en las diversas estadísticas y las áreas afectadas. El monitoreo continuo compartido no deja lugar a dudas, expone las voluntades e intereses en forma descarnada. Ante la verdad no hay virus posible.
Ayer jueves el presidente Alberto Fernández, sus ministros, colaboradores y gobernadores provinciales decidieron la renegociación de la deuda: bajar los intereses de los bonistas y postergar el pago para 2023. En sus palabras, declarar un default virtual. Todos los recursos están destinados al mantenimiento y la salud de todos los habitantes donde quiera que estén. Medida que viene se viene analizando desde que comenzó la pandemia. Su férrea convicción se ha impuesto sobre las mayorías.
El dinero no es todo. Frente a la vida no significa nada. Menos si lo observamos en la historia humana. Historia solo posible por la inmanente sociabilidad del hombre, devenida solidaridad dentro del desarrollo organizativo alcanzado desde los primeros asentamientos.
Jerarquizar al Estado en momentos como este, es reconocer que con sus defectos como sucede con la democracia, es la única posibilidad de sobrevivir a las catástrofes.
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