México: Ayotzinapa y el fin de la “verdad histórica”

Los grados de putrefacción del sistema jurídico mexicano son inimaginables; la muestra reciente de ello ha sido la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, que según diversas investigaciones periodísticas está involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Cristóbal León Campos / Especial para Con Nuestra América

Desde Mérida, Yucatán, México. 

La noticia de las nuevas órdenes de aprehensión dirigidas a 46 involucrados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, genera en el ánimo de miles de mexicanos y seres humanos en el mundo que han se mantenido firmes exigiendo justicia, un aire de esperanza de que al fin el crimen de Estado se aclare a detalle y se conozca el paradero de los desaparecidos. Sin embargo, no es posible elevar las campañas a todo el vuelo y asegurar como lo ha hecho Alejandro Gertz Manero, actual Fiscal General de la República, al declarar “se acabó la verdad histórica”. Realmente, eso únicamente sucederá cuando la justicia se aplique en todo sentido y con todo rigor sobre los involucrados, esto naturalmente, implica la detención y el enjuiciamiento de Enrique Peña Nieto y muchos mandos militares y policiacos que idearon, participaron, conocieron y ocultaron información desde aquella fatídica noche-madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.

 

Hay avances sin duda, el hecho de que por fin se habrán expedientes relativos a delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, proporciona una nueva dimensión a las investigaciones judiciales, el envío de nuevas evidencias físicas a la Universidad de Innsbruck para su indagación y la solicitud de colaboración a la Interpol para la detención de Tomás Zerón de Lucio, quien fuera el titular de la Agencia de Investigación Criminal, pueden sentar las bases para ir aclarando los niveles de responsabilidad criminal que llegan a los más altos cargos del poder en México, el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido la corrupción en las investigaciones anteriores que permitió la construcción de la llamada “verdad histórica” anunciada en 2015 por Jesús Murrilo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), con la cual el gobierno de Peña Nieto pretendió dar el carpetazo final y sepultar todo, para escribir una hoja más de la historia tan dolorosa de la guerra sucia que aún continúa en nuestro país, puesto que quiérase o no, las llagas siguen abiertas por tantos crimines de Estado cometidos sobre los movimientos sociales, dirigentes, militantes y opositores al régimen capitalista.  

 

La voluntad real del actual gobierno federal está puesta en los reflectores, los grados de putrefacción del sistema jurídico mexicano son inimaginables; la muestra reciente de ello ha sido la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, que según diversas investigaciones periodísticas está involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aunque eso no signifique que esta agrupación sea la única responsable como se quiso hacer creer, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es un crimen de Estado del cual no hay que perder la pista. “El Mochomo” fue reaprendido y fincado con nuevos delitos al salir del penal donde estaba preso tras seis años de búsqueda, la evidente complicidad de autoridades para su liberación empaña todo deseo real de justicia para este caso como para miles de otros que aún aguardan en la larga lista de impunidad característica del país. Los golpeteos políticos entre fracciones de diferente color y de intereses anquilosados en el sistema, son una prueba más a superar para alcanzar la verdad.

La esperanza de que se haga justicia sigue firme sin importar el dolor que ha significado este crimen de Estado, los Padres y Familiares de los 43, continúan con en su busque y exigencia de justicia recorriendo la nación, llevando su voz y su causa, construyendo nuevas redes de resistencia ya no sólo para la resolución de su caso, sino para que nunca jamás se repitan estos hechos, para que la sociedad se transforme y con ella el régimen que hizo posible la desaparición de los 43. La nueva dirección en las investigaciones no debe significar el fin de las movilizaciones y del reclamo social, al contrario, deben incrementarse para que la justicia y la verdad llegue hasta Ayotzinapa, una comunidad-escuela siempre golpeada, pero en permanente resistencia y lucha. Tal y como dijera Rosario Castellanos en su poema sobre Tlatelolco, sigamos sin descanso “hasta que la justicia se siente entre nosotros”.