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sábado, 22 de agosto de 2020

Guatemala: la jueza Yassmín Barrios y la legalidad injusta

 A la jueza Barrios la Fundación contra el terrorismo la acusa de haber aceptado un premio, otorgado por la organización Train Foundation, por su lucha por la justicia y los derechos humanos. De hecho, la Fundación contra el Terrorismo pudo haberla acusado de cualquier cosa, porque de lo que se trata es de utilizar las instituciones encargadas de impartir justicia como plataformas para hostigar, desacreditar y, de ser posible, inhabilitar  a quienes se han comprometido con la verdad.

Rafael Cuevas Molina/Presidente AUNA-Costa Rica


Yassmín Barrios
En un artículo publicado el 14 de agosto pasado en la revista ContraPunto de El Salvador, Roberto Cuellar, quien fuera a finales de los años 70 y principios de los 80 parte del servicio social del Socorro Jurídico del Arzobispado que apoyaba a Monseñor Romero, se refiere al diario que escribía el hoy san Romero de América, en el que se quejaba de lo que llamó la “legalidad injusta”: “rescato de tan preciado documento testimonial e histórico mi vertiginosa y por cierto atrevida experiencia asesorando a un extraordinario ser humano –superior en espiritualidad y lucidez que cuestionó la insolvencia del Derecho, la ley inmoral que nadie tenía que cumplir y la “legalidad” injusta.”[1]

 

La idea de la legalidad injusta resuena en mi cabeza ahora que me he enterado que la Fundación contra el Terrorismo, esa organización heredera de los escuadrones de la muerte que asolaron a Guatemala (como la Mano Blanca y El Buitre Vengador), ha puesto una demanda contra la jueza Yassmín Barrios, que estuvo al frente del juzgamiento de casos tan emblemáticos como el de los asesinato de Monseñor Juan Gerardi y Myrna Mack, la masacre del Plan de Sánchez, el genocidio comandado por el general Efraín Ríos Montt, desapariciones forzadas, o el del grupo de crimen organizado y narcotráfico de los Zetas, solo por nombrar algunos. 

 

A la jueza Barrios la Fundación contra el terrorismo la acusa de haber aceptado un premio, otorgado por la organización Train Foundation, por su lucha por la justicia y los derechos humanos. De hecho, la Fundación contra el Terrorismo pudo haberla acusado de cualquier cosa, porque de lo que se trata es de utilizar las instituciones encargadas de impartir justicia como plataformas para hostigar, desacreditar y, de ser posible, inhabilitar  a quienes se han comprometido con la verdad.

 

No se trata, por cierto, de un caso aislado. En América Latina, se ha instaurado en los últimos años lo que ya se conoce como el lawfare o guerra jurídica, que consiste en el uso abusivo de los procedimientos legales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, con el fin de provocar repudio popular contra un oponente. Los casos más sonados han sido los que se llevan a cabo contra Lula da Silva en Brasil; Rafael Correa en Ecuador y Cristina Fernández de Kirschner en Argentina.

 

Lo que antes hacían los Escuadrones de la Muerte y los ejércitos, secuestrar, torturar y asesinar para amedrentar, o dar golpes de Estado para apartar a quien se había hecho incómodo para los grupos económicos y políticos poderosos, ahora se hace de esta forma. Claro que no se descarta el asesinato individual y colectivo, el amedrentamiento ni los putch, como lo atestigua el caso mismo de Yassmín Barrios: cuando fue jueza del caso de Monseñor Juan Geradi y Conedera, asesinado apenas dos días después de la presentación del informe Guatemala: nunca más del que fue coodinador, en el que se evidenciaban las apabullantes violaciones a los derechos humanos que había cometido el Ejército de Guatemala en los años de la guerra (1960-1996), su casa, en donde vive ella sola con su madre anciana, fue objeto de un atentado con bombas.

 

En Guatemala, este tipo de acusaciones forma parte de una estrategia más amplia que busca evitar los juzgamientos a los culpables de crímenes políticos y de lesa humanidad cometidos por quienes durante décadas se creyeron intocables, que se han adueñado del aparato de Estado para utilizarlo en sus negocios sucios y quieren impunidad.

 

Como la misma jueza Yassmín Barrios lo dice, está acusación es una verdadera salida de tono, porque no hay absolutamente nada punible en recibir un premio que enaltece la labor profesional y ética de una mujer intachable. Pero ,también debe tenerse en cuenta que la “legalidad injusta” de la que hablaba Monseñor Romero, sigue moliendo en estos anquilosados molinos, y así como sin pruebas condenaron a Lula, la jueza Barrios debe ser apoyada para que estos malandrines no se salgan con la suya.



[1] . Cuellar, Roberto (14/08/2020) “´No me adulen…´ - Remembranza de san Romero de América, en aniversario de su natalicio”, en revista digital ContraPunto, San Salvador. Localizable en: https://www.contrapunto.com.sv/cultura/memoria/-no-me-adulen----remembranza-de-san-romero-de-america-en-aniversario-de-su-natalicio/14799?fbclid=IwAR0_bdbHwXpyi9Rsn8rQ9idTsL_rXHzCAcJjiR0vALAG95QU9-cx6sTWU6M

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