Guatemala: Un desalojo que desnuda al Estado

En lugar de instituir políticas públicas para resolver las causas de las contradicciones y problemáticas que afectan a la mayoría de la población, como la violación de derechos laborales, los despojos de tierras y las acciones violentas a manos de estructuras armadas controladas o ligadas al poder finquero, el Estado responde tal como lo ha hecho el poder colonial desde sus inicios: criminalizando a quien se resistía y protestaba contra los intereses de quienes se hicieron con la tierra.

Mario Sosa / Para Con Nuestra América

Desde Ciudad de Guatemala

El 15 de agosto ocurrió un hecho recurrente en la historia de Guatemala. En la comunidad Cubilgüitz (Cobán, Alta Verapaz) se perpetró un violento desalojo de 40 familias campesinas de origen q’eqchi’. La acción fue ejecutada por hombres fuertemente armados. Más allá de algunas de las circunstancias del acontecimiento, es necesario recordar que estas familias habían decidido ocupar tales tierras, propiedad de la familia Dieseldorff Grimler, como medida última de presión para lograr el reconocimiento efectivo de sus derechos laborales.

 

Este grave desalojo constituye una constatación más de una de las problemáticas estructurales que, en lugar de encontrar solución, siguen siendo resueltas a fuego y sangre. En perspectiva del bien común, el Estado resulta evidenciado en su incapacidad institucional para garantizar tutelarmente los derechos de tales familias campesinas, dada su orientación contraria a la búsqueda de soluciones para este tipo de problemáticas, en especial su política de dejar hacer y dejar pasar impunemente a grupos armados que actúan en interés del poder finquero y, complementariamente, en la ausencia de políticas públicas mediante las cuales se procure solución a la problemática que vive la población rural y campesina.

 

Tales ausencias, que muy probablemente son intencionadas, permiten que se gesten poderes que, en defensa de la desigual estructura agraria y de los mecanismos económicos y extraeconómicos de acumulación de capital, violan flagrantemente derechos laborales y actúan impunemente al punto de ejecutar acciones violentas como la ocurrida en una región por demás desigual en el acceso a la tierra y en un departamento con los más altos porcentajes de pobreza multidimensional del país: alrededor del 80 %.

 

Mientras estos hechos ocurren y se mantienen en la impunidad, comunidades, organizaciones y sus líderes suelen ser objeto de una política de criminalización y judicialización por parte de los poderes regionales y de las mismas instituciones estatales. Es decir, en lugar de instituir políticas públicas para resolver las causas de las contradicciones y problemáticas que afectan a la mayoría de la población, como la violación de derechos laborales, los despojos de tierras y las acciones violentas a manos de estructuras armadas controladas o ligadas al poder finquero, el Estado responde tal como lo ha hecho el poder colonial desde sus inicios: criminalizando a quien se resistía y protestaba contra los intereses de quienes se hicieron con la tierra.

 

Contrario a instituir políticas orientadas al bien común, el actual gobierno procede a destruir la poca y endeble institucionalidad que se orientaba a tratar de resolver con paliativos la problemática, tal el caso de la Secretaría de Asuntos Agrarios, suprimida como parte de las llamadas instituciones de la paz. Así las cosas, se avanza en ignorar la profunda conflictividad en el campo, agravada por el avance de diversas dinámicas de apropiación y acaparamiento de la tierra y de los territorios con el propósito de extender e intensificar el extractivismo agroindustrial, minero y energético.

 

La orientación que diversos gobiernos han dado a las instituciones públicas ha consistido en priorizar la producción para satisfacer la demanda internacional de materias primas por encima de la provisión de fuentes de empleo y de la producción de alimentos para una población que se debate en condiciones de pobreza, agravadas por la pandemia de covid-19. Esto es, se ha priorizado la gran empresa extractiva antes que el interés común, que en este caso requeriría considerar necesidades esenciales, las cuales por mandato constitucional deberían ser el objetivo del Estado y, en específico, de quienes ejercen gobierno, instituyen leyes y procuran justicia.

 

En un contexto de crisis agravada por la pandemia, es recomendable que las diversas organizaciones ciudadanas e instituciones que procuran metas de bienestar social se orienten a exigir la apertura de espacios de diálogo para reorientar la acción gubernamental hacia la solución de la problemática agraria y rural, así como los múltiples problemas sociales, que se agravarán aún más por las enormes carencias e ineficacias de las instituciones públicas —en especial en cuanto a políticas y recursos— y por las orientaciones ejecutivas carentes de buena voluntad y de búsqueda del bien común.