Militares desarrollistas y reformistas

Después de la independencia, la mayoría de países latinoamericanos iniciaron su vida republicana con gobiernos militares. Sus caudillos formaron parte esencial de la historia de la región, bien como dictadores o patrocinando gobernantes civiles, al servir de instrumento en las confrontaciones por el poder entre las elites liberales y conservadoras.

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda / www.historiaypresente.com

El caudillismo militar cambió con el avance del siglo XX, por una serie de factores. De modo que las intervenciones de los militares se volvieron institucionales. En países como Ecuador, con la Revolución Juliana (1925); en Chile, con el “Comité Militar” (1924); o en Brasil, con el “tenentismo” (iniciado en 1922, culminó con la Revolución de 1930 que llevó al poder a Getulio Vargas), la joven oficialidad jugó un papel fundamental para iniciar procesos históricamente destinados a superar el régimen oligárquico, que se caracterizó por la hegemonía despótica de la elite terrateniente, comercial y financiera en el poder, que impedía la modernidad capitalista. Esos militarismos tempranos fueron socialmente reformistas, nacionalistas, con orientación popular. Incluso hubo militares socialistas.

 

Las orientaciones institucionales cambiaron con la guerra fría. Bajo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947), los militares latinoamericanos pasaron a formar parte de las estrategias de seguridad continental de los EEUU, fueron técnicamente asesorados e ideológicamente orientados en el anticomunismo, especialmente a raíz del triunfo de la Revolución Cubana (1959), cuando las fuerzas armadas de todos los países quedaron preparadas para impedir cualquier proceso parecido. De modo que durante la década de 1960 las dictaduras militares que se sucedieron en distintos países (como Argentina, 1962 y 1966; Ecuador, 1963; Brasil, 1964; Bolivia, 1966) estaban convencidas del cumplimiento de una trascendental misión anticomunista y, al mismo tiempo, desarrollista. El surgimiento de una serie de guerrillas en varios países latinoamericanos parecía justificar las posturas militares. Sin embargo, el desarrollismo, convertido en modelo económico por esas mismas dictaduras, sirvió doblemente: de un lado, para superar los vestigios del régimen oligárquico; de otro, para impulsar la definitiva consolidación del capitalismo en sus países.

 

El rasgo anticomunista se reprodujo, en forma brutal, una década más tarde: en Chile, con la implantación de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en Argentina, con Jorge Videla (1976-1981); Uruguay, con Juan María Bordaberry (1972-1976); Bolivia, con Hugo Banzer (1971-1978), a quienes hay que sumar Alfredo Stroessner (1954-1989) en Paraguay. Los estudios sobre la época han calificado, con exactitud, de dictaduras terroristas a las que dominaron el Cono Sur del continente, mediante la institucionalización de los asesinatos, torturas, desapariciones y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La perniciosa “Doctrina de la Seguridad Nacional” sirvió de fundamento para encontrar “enemigos internos” (siempre las izquierdas y especialmente el marxismo), lo que incapacitó a los militares para comprender las dinámicas políticas derivadas de las sociedades civiles latinoamericanas, profundamente fraccionadas por diversos intereses de clase. En consecuencia, las dictaduras terroristas inevitablemente atacaron a los sectores populares, clases medias y laborales, para consolidar una vía capitalista de exclusivo beneficio para las elites empresariales y los capitales transnacionales.

 

Pero hubo dos dictaduras que se colocaron lejos de esos modelos de terrorismo de Estado: una fue la “Revolución Peruana” encabezada por el general Juan Velasco Alvarado entre 1968 y 1975; y otra, el “Gobierno Revolucionario y Nacionalista de las Fuerzas Armadas” en Ecuador, presidido por el general Guillermo Rodríguez Lara, entre 1972 y 1976. La dictadura de Omar Torrijos (1968-1981) en Panamá, no tuvo los rasgos que caracterizaron a las del Perú y Ecuador, si bien impulsó parcialmente el desarrollismo y algunas políticas sociales, aunque su logro más trascendente fue el acuerdo con los EEUU para la “panameñización” del canal. Su muerte, en un raro accidente de aviación (31/julio/1981), ha sido comparada con el similar accidente aviatorio que sufriera el expresidente ecuatoriano Jaime Roldós (24/mayo/1981), lo que despertó las sospechas de que estas dos personalidades fueron víctimas del “Plan Cóndor”, orquestado por el dictador Augusto Pinochet.

El gobierno peruano se orientó por las “Bases Ideológicas” y el ecuatoriano por la “Filosofía y Plan de Acción” inspirada en los conceptos de sus vecinos. Ambos proclamaron “ni capitalismo, ni comunismo”; pero el que pasó a llamarse como “socialismo peruano” adquirió rápidamente fama internacional; y, si se lee con detenimiento, la “Filosofía…” de los militares ecuatorianos sorprende, porque, sin utilizar un lenguaje marxista, prácticamente contiene principios que habían sido reivindicados por las izquierdas. De modo que los militares de los dos países resultaron ejecutores históricos de la liquidación definitiva del régimen oligárquico tradicional, impulsaron la industrialización y afianzaron un tipo de capitalismo social, pues claramente llevaron adelante políticas que favorecieron el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la amplia población, aunque bajo un marco autoritario, jerárquico y controlador, que nunca llegó a los extremos antihumanos de las dictaduras del Cono Sur. 

Los dos gobiernos fortalecieron al Estado, formularon planes de desarrollo, colocaron los sectores estratégicos en manos estatales y coincidieron en llevar una política nacionalista en materia petrolera, que despertó las reacciones de los EEUU: Perú nacionalizó al sector, claramente afectó a la International Petroleum Co. y creó PETROPERÚ; en Ecuador se revisaron contratos petroleros, concluyó la refinería, el Estado controló las exportaciones petroleras, también la mayoría accionaria del consorcio Texaco-Gulf y se creó CEPE. En los dos países, el “estatismo” requirió de numerosas entidades públicas que aumentaron la burocracia; pero también sirvieron para proveer amplios servicios públicos y para desarrollar infraestructuras que, de otro modo, no se habrían logrado. En Perú se hizo una reforma agraria que afectó a la oligarquía serrana y particularmente a la azucarera costeña; en Ecuador esa reforma ya fue iniciada por la Junta Militar de 1963-1966, pero el Nacionalismo Revolucionario todavía la planteó para suprimir los últimos vestigios del sistema hacienda (aunque suspendió la aplicación de uno de los artículos radicales de la ley). Perú fue más lejos: nacionalizó la banca, estatizó la industria pesquera, impuso el control estatal sobre la radio, la televisión y llegó a nacionalizar todos los medios de comunicación; creó el “Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social” (SINAMOS) e incluso las “comunidades industriales”, con participación de los trabajadores en la administración de las empresas. Además, estableció relaciones diplomáticas con la URSS (adquirió allí adelantadas armas de guerra), la República Popular China, Corea del Norte y los países socialistas de Europa del Este.

Resultan coincidentes las reacciones oligárquicas y de las elites empresariales contra los dos gobiernos militares, así como las sensibilidades despertadas en los EEUU que, en cambio, respaldaban abiertamente a los otros regímenes terroristas en la región. La política petrolera nacionalista de Rodríguez Lara, que había frenado la voracidad privada, fue combatida permanentemente. En los dos países no faltaron acusaciones de “comunismo” y  “estatismo”. La relativa crisis económica por el derrumbe de los precios del petróleo llegó en 1975. En agosto de ese año, un golpe de Estado colocó en el poder al general Francisco Morales Bermúdes (1975-1980), quien abandonó la “revolución” y se propuso erradicar a la izquierda radical que supuestamente había adquirido excesiva influencia. En Ecuador, el 1 de septiembre de ese mismo año el general Raúl González intentó un golpe de Estado, que, pese a su fracaso, fue determinante para que las fuerzas armadas decidieran el recambio a través de un “Consejo Supremo de Gobierno” (1976-1979), que dio un giro derechista, pues abandonó la filosofía nacionalista en materia petrolera, adoptó políticas represivas e inició el endeudamiento externo que repercutió gravemente sobre los gobiernos constitucionales iniciados en agosto de 1979.

 
La década de los setenta resultó inédita en Ecuador porque el crecimiento económico fue espectacular (las exportaciones petroleras de dos años y medio, a partir de agosto de 1972, equivalen a los ingresos del comercio externo del país durante su vida republicana) y ciertamente mejoraron las condiciones de vida y de trabajo, por el desarrollismo, el reformismo y hasta el “populismo” militar. Pero mientras el proceso peruano ha merecido múltiples libros e investigaciones, el ecuatoriano apenas ha sido estudiado. Desde luego, su “estatismo” continúa atacado por las elites económicas, que solo admiten como válido un modelo basado en el mercado y el reinado absoluto de la empresa privada que, sin embargo, como se demostró durante las décadas finales del siglo XX e inicios del XXI, así como en la actualidad, solo ha servido para liquidar capacidades estatales, perjudicar el desarrollo nacional, reconcentrar la riqueza y deteriorar la calidad de vida y de trabajo en el país.

De otra parte, el reformismo desarrollista militar en Ecuador y Perú ha dado otra lección histórica para las mismas filas militares latinoamericanas: cuando la institución se ha colocado del lado de la población y no de las elites oligárquicas y empresariales, no solo se ha logrado avances económicos y cambios sociales, sino que se ha evitado caer en los traumáticos sistemas de represión brutal, como los que caracterizaron a las dictaduras del Cono Sur, varios de cuyos responsables, aunque sea años más tarde, fueron conducidos ante cortes internacionales y a juicios por delitos de lesa humanidad.