El presente ensayo de reflexión histórico-política tiene como objetivo exponer algunos aspectos de lo que fue la experiencia del gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende (1970-1973) para la sociedad chilena, especialmente, para sus sectores populares y trabajadores, es decir, para el pueblo.
Juan Carlos Gómez Leyton / Para Con Nuestra América
Desde Santiago de Chile
A la memoria de mi padre
Luis Gómez Plaza (1930-2019)
obrero allendista y
socialista constructor del siglo xx.
“Chile es hoy la primera nación de la tierra
llamada a conformar el segundo modelo
de transición a la sociedad socialista…
edificada según un modelo
democrático, pluralista y libertario”.
Salvador Allende, mayo de 1971.
Presentación
El triunfo electoral de la UP y de Salvador Allende remeció intensamente la institucionalidad política no solo nacional, sino, también regional e internacional. Las reacciones fueron diversas y contradictorias. La consternación y la desolación entre los grupos dominantes fue total en cambio entre los sectores populares la alegría fue intensa, ferviente, ardiente, vigorosa, potente, profunda y cargada de esperanza, confianza y expectante por el nuevo porvenir que se abrió con el triunfo presidencial. Como título un semanario de la época al asumir el gobierno Salvador Allende, el 4 de noviembre de 1970, ese día se “abrieron las puertas de la historia”.
Hoy 50 años más tarde esa historia sale a debate. Y, lo más probable que la discusión histórica y política sobre el carácter y proyección teórica y política de la inédita vía democrática (pacífica) hacia el socialismo inaugurada por la izquierda chilena, volverá estar en palestra pública. Diversos actos conmemorativos se están realizando y se realizarán recordando con fuerza nostálgica lo acontecido en esos “mil días que estremecieron al mundo”, al decir, del historiador F. Gaudichaud. Sin lugar a duda, que la conmemoración estará cruzada por la coyuntura política abierta en octubre de 2019, es decir, por la insurgencia política popular y ciudadana que remeció las estructuras de la dominación capitalista neoliberal.
El proyecto neoliberal instalado en Chile en 1975, dos años más tarde del Golpe de Estado que derroco al gobierno de la Unidad Popular, triunfante en 1970, fue la violenta respuesta de las clases propietarias y dominantes nacionales e internacionales al proyecto revolucionario de las clases trabajadores y populares. La crisis orgánica de la sociedad neoliberal impone revisar lo que fue el proyecto popular para que el actual proceso constituyente abierto en diciembre de 2019 avance por una salida popular, revolucionaria y socialista, en otras palabras, anticapitalista.
El presente ensayo de reflexión histórico-política tiene como objetivo exponer algunos aspectos de lo que fue la experiencia del gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende (1970-1973) para la sociedad chilena, especialmente, para sus sectores populares y trabajadores, es decir, para el pueblo. Como también exponer cuál fue el principal conflicto político y social librado durante los tres años de gobierno popular cuya resolución abrió la puerta a la barbarie y al actual presente histórico: la reestructuración capitalista neoliberal de la formación social chilena.
Se organiza en dos apartados y una conclusión. En el primero, planteo la relevancia política de la experiencia popular, su relación con la democracia y brevemente sus realizaciones. Y, en la segunda, expongo el principal conflicto político de la UP, que no fue otro que el intento revolucionario de abolir la propiedad privada de los medios de producción. Pues, sin ello, es imposible realizar un proceso de superación del capitalismo. En la conclusión nos referimos como en la actual coyuntura política, abierta en octubre de 2019, la problemática por la propiedad privada vuelve a la palestra del debate constitucional. Las clases propietarias actuales sienten que cambiar la constitución es poner en riesgo el “sagrado” derecho de propiedad.
1.-Revolución, Democracia y Socialismo en la Unidad Popular
La experiencia revolucionaria de la UP tuvo la capacidad y la audacia histórica y política de plantearse la transformación radical de la sociedad capitalista nacional, utilizando para ello, la institucionalidad democrática. Sin plantearse la posibilidad de suspender el ejercicio de la misma con el objetivo de construir un camino democrático al socialismo. Por esa razón, descarto de manera categórica la idea de que esta experiencia haya sido una experiencia reformista o populista como la han calificado algunos analistas nacionales e internacionales. Tampoco fue una revolución democrático-burguesa, sino fue un genuino proceso revolucionario radical. O sea, una revolución social. En decir, un intento cabal de transformar el modo de producción existente.
Tengamos presente que el marxismo identifico a las revoluciones impulsadas por los sectores sociales burgueses en la sociedad moderna contra el orden feudal o tradicional señorial, las denomino como “democrático burguesas”. Estas se realizaban con el objetivo de imponer el régimen democrático que impulsara resueltamente el patrón de acumulación capitalista: el poder social pasaba a ser controlado por la burguesía. El punto central que esta no era solo una revolución política que inauguraba un nuevo régimen político, sino también una revolución social que arrancaba el poder a las viejas clases dominantes. Las revoluciones democrático burguesas del siglo XIX y algunas realizadas en el XX se realizaron por diversas vías. Desde la insurgencia popular y ciudadana al estilo Revolución Francesa 1789 o a través de procesos electorales o guerras civiles. Estas fueron vías hacia la modernidad capitalista e instalación de regímenes democráticos liberales. Una vez, configurada y consolidada la sociedad burguesa moderna, el régimen democrático y la constitución de la clase proletaria moderna, emergía la nueva conflictividad social y política central de este tipo de sociedades, el conflicto entre el capital y el trabajo. La lucha entre la burguesía y el proletario, por ende, ordenará la política desde el siglo XIX hasta la actualidad.
La presencia y fortaleza del movimiento obrero y popular al interior de las sociedades capitalistas tanto centrales como periféricas proporcionaron nuevos contenidos políticos a las luchas por la ampliación de la democracia liberal y, sobre todo, por la constitución de la democracia social, económica y política, o sea, por el socialismo. Esto último, por cierto, supone poner fin a la forma capitalista de dominación, a través, de la revolución social. Sin lugar dudas, la realización de la primera revolución socialista triunfante en Rusia, en 1917, introdujo un nuevo horizonte político e histórico para las luchas democráticas de los proletarios a nivel mundial.
Con el triunfo de la revolución social en Rusia en 1917, en Europa oriental como más tarde de la Revolución social en China en 1949, en Asía, y una década después en 1959 en Cuba en América Latina; podríamos sostener que llegaron a su fin en el siglo XX, las revoluciones democrático-burguesas. Desde 1917, dicha forma revolucionaria, dará lugar a las revoluciones sociales proletarias y populares con el objeto imponer, el socialismo.
Cabe señalar que la dominación capitalista-burguesa comenzó a cambiar radicalmente desde el triunfo y consolidación de la revolución socialista soviética y la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). A partir de ese momento en las sociedades capitalistas centrales como periféricas surgen los regímenes totalitarios, autoritarios, antidemocráticos, directamente contrarrevolucionarios, que emplearan métodos violentos, tales como la guerra civil y los golpes de estados militares, contra no solo el movimiento obrero, sus partidos y sus organizaciones sociales y sindicales, sino también, de los partidos y movimientos democráticos y liberales. De manera, en aras de defender la continuidad del orden capitalista, las burguesías, estaban dispuestas no solo con arrasar a través de una contrarrevolución, la democracia como al movimiento obrero y popular. De allí que la lucha del movimiento obrero y popular adquirió un hondo significado democrático.
Ambos procesos, el revolucionario, potenciado por los trabajadores y el contrarrevolucionario activado por las clases dominantes nacionales e internacionales se hicieron presente desde el mismo momento que se produce el triunfo popular en 1970.
Por esa razón, el triunfo de la izquierda nacional en septiembre de 1970, se inscribe en una larga lucha política y social por la ampliación de la democracia liberal representativa y, sobre todo, terminar con la dominación capitalista. La UP y Salvador Allende G., llegan al gobierno del Estado de Chile con el objetivo central de producir la transformación integral de la sociedad capitalista, en otras palabras, realizar una revolución social, semejante, a las realizadas en Rusia, China y Cuba. O sea, cambiar el carácter de clase del Estado, pasando desde la dominación burguesa-capitalista al poder de la clase obrera y de los sectores populares de la formación social chilena. Así lo planteó Salvador Allende en el discurso inaugural de su gobierno, el 5 noviembre de 1970:
“Chile acaba de dar una prueba extraordinaria de desarrollo político, haciendo posible un movimiento anticapitalista asuma el poder por el libre ejercicio de los derechos ciudadanos. Los asume para orientar el país hacia una nueva sociedad, más humana, en que las metas últimas son la racionalización de la actividad económica, la progresiva socialización de los medios productivos y la superación de la división de clases”. (Destacado del autor)
Para conseguir dicho fin, el gobierno popular implemento el programa de la UP en los tres años de su gestión. Este contemplaba un conjunto de medidas y acciones que afectaron directamente la estructura y las fuentes del poder social de las clases dominantes, tanto de la burguesía nacional como internacional. Las transformaciones estructurales que realizo la UP fueron acompañadas, como veremos, por un conjunto de medidas que favorecieron ampliamente a los sectores sociales populares que habían sido permanente postergados y olvidados por la mayoría de los gobiernos burgueses que le precedieron. El gobierno popular revolucionó, alteró y modificó radicalmente a la sociedad chilena y sus instituciones y, al mismo tiempo, que potenció el carácter revolucionario de la democracia.
Esto último suponía que la democracia en cuanto régimen tenía un conjunto de requisitos mínimos tales como: la existencia de elecciones libres, imparciales, transparentes y frecuentes; sufragio universal; libertad de reunión y de asociación; libertad de expresión y de opinión; información plural y alternativa y derecho ciudadano a competir sin ninguna restricción por cargos públicos; un sistema político de partidos en competencia y sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil y político. Todos estos requisitos o condiciones procedimentales e institucionales necesarias que configuran un régimen político democrático se habían logrado en Chile, tan solo tres años antes de la elección de Salvador Allende.
En efecto, la democracia plena ha tenido en Chile solo una vigencia de seis años, entre 1967 y 1973. Antes de ese periodo el régimen democrático tenía una serie de defectos que limitaban su existencia. Entre otras, por ejemplo, la exclusión y manipulación del sufragio popular, la prohibición de la participación política de las mujeres, la exclusión de los campesinos de los procesos de toma de decisión política y de la organización sindical; exclusión, censura política, persecución política y reclusión política durante 10 años, etcétera. La lista de las imperfecciones de la democracia chilena, entre 1932 y 1967, es bastante larga y son muchas para que se siga sosteniendo que Chile contaba con una tradición democrática de larga duración, con una democracia estable y pacífica previo a la ruptura democrática de 1973. Esa democracia existe o es parte de la mitología histórica y política nacional.
Cabe señalar que la izquierda chilena a lo largo del siglo XX denunció de manera, permanentemente, las limitaciones como los vicios de esa mala democracia. Por ello, uno de sus objetivos políticos era reemplazarla o ampliarla sustantivamente. Más que un régimen democrático estable durante el siglo XX, en Chile se verifico un largo proceso de democratización política con avances, quiebres y retrocesos. Es, justamente, ese conflictivo proceso político lo que permite la instalación de la democracia plena entre 1967-1973. Con posterioridad a la elección presidencial de 1970, durante el gobierno popular, la democracia política se amplió significativamente. Pues, el proceso democratización popular se extendió hacia el ámbito económico, social y cultural.
Ahora bien, la democratización de la democracia fue posible por la existencia y la participación activa de un conjunto de hombres e incluso mujeres que lucharon de manera constante por establecer e imponer algunos de los requisitos necesarios para nombrar o calificar al régimen político como democracia. Y, sobre todo, fue necesario la existencia de un ancho, diverso y plural movimiento social y político ciudadano por la democracia. Fueron estos factores, lo que permitió que hacía fines de la década de los años sesenta el régimen democrático lograra superar los principales obstáculos que los sectores antidemocráticos levantaron permanentemente con el objeto de impedir la instalación de un régimen democrático pleno.
Salvador Allende Gossens, era uno de los principales líderes políticos y sociales de la izquierda socialista y marxista nacional que durante 43 años (1930-1973), como lo han demostrado la mayoría de los historiadores y analistas, tanto nacionales como extranjeros que han estudiado su trayectoria política, lucho por instalar el socialismo democrático en Chile. Allende, desde el inicio de su carrera política, situó a las formas y mecanismos democráticos como principios fundamentales y primordiales de su praxis política y revolucionaria socialista.
Por esa razón, defendió categóricamente las instituciones democráticas, especialmente, aquellas que permitían acceder al gobierno, por medios institucionales y por la expresión directa de la voluntad ciudadana popular. Teniendo claro esos principios, construyó y elaboró una específica estrategia política destinada obtener la presidencia y el gobierno al interior de un Estado capitalista: la vía política institucional.
Esta vía se define esencialmente como democrática estaba destinada a ganar electoralmente la presidencia y acceder al gobierno en representación de las fuerzas sociales populares y de izquierda, desde su formulación, a comienzos de los años 50 del siglo XX, busco potenciar el carácter revolucionario de la democracia. Ella constituye el principal aporte práctico, teórico e histórico concreto legado por Salvador Allende a la izquierda no solo nacional sino latinoamericana y mundial.
Salvador Allende liderando a la izquierda chilena en el FRAP (Frente de Acción Popular), primero, se presentó como candidato presidencial en 1958 y 1964. Luego en 1970, liderando a la UP. Sin embargo, su afán presidencial se había iniciado en 1952 cuando lidero el Frente del Pueblo, coalición política que construyó como protesta política en contra de la decisión del Partido Socialista Popular, su partido, de apoyar al exdictador Carlos Ibáñez del Campo. Su consecuencia política democrática impedía por principios y valores éticos apoyar a un dictador.
Ahora su afán de ganar una elección presidencial y convertirse en presidente de la República no tenía una ambición personal tampoco tenía el objeto de administrar políticamente el Estado y la sociedad capitalista, sino que su objetivo político fundamental y trascendental era revolucionar y transformar la sociedad para iniciar el camino hacia el socialismo. Durante 20 años, 1952-1970, Allende luchó y defendió ese proyecto político-histórico. Murió el 11 de septiembre de 1973, defendiendo no solo el gobierno popular que dirigía sino, esencialmente, a la democracia.
Si bien, tomo las armas en ese momento definitivo fue para defender la democracia de aquellos que a través de la violencia política buscaban destruirla. Régimen político que él se había comprometido respetar y respaldar por voluntad popular. Además, era el régimen que había permitido poner en marcha la experiencia socialista, revolucionaria, popular allendista y de la Unidad Popular.
La experiencia allendista de la Unidad Popular (1970-1973) fue considerando un proyecto político extremadamente peligroso para la dominación y hegemonía capitalista, pues, como he dicho, le devolvía a la democracia, bajo su forma liberal representativa, la potencia revolucionaria con la cual, ésta, había irrumpido en la política moderna durante el siglo XVIII, especialmente, con la revolución francesa de 1789. Además, la experiencia popular allendista, no solo potenciaba ese carácter, sino que sumaba a ella, también, la potencia revolucionaria del proyecto socialista, triunfante en la revolución bolchevique de 1917. O sea, la revolución chilena, conducida por Salvador Allende y la Unidad Popular, a diferencia de las revoluciones burguesas (XVIII y XIX) no tenía como objetivo hacer viable la dominación capitalista derribando las formas de gobierno obsoletas como la monarquía, sino, que buscaba cambiar y destruir la sociedad capitalista. Construyendo en su reemplazo la sociedad socialista democrática. Para esos fines, había que subvertir, modificar, transformar, o sea, revolucionar la democracia. Y, eso es lo que hizo el gobierno popular.
El triunfo popular en septiembre de 1970 encendió todas las alarmas y puso en alerta al capital tanto nacional como internacional. El capital se agito nerviosamente en sus centros de poder. Richard Nixon, presidente estadounidense, histéricamente ordenó, al entonces director de la Central de Inteligencia Americana (CIA), Richard Helms “hacer un esfuerzo a fondo para evitar que Salvador Allende tomara posesión” de su cargo. Y, autorizo 10 millones de dólares para que el “marxista chileno no se siente en la silla presidencial”. De manera desde el mismo día del triunfo popular, el imperialismo yanqui coludido con la derecha chilena, puso en marcha una estrategia política destinada a enfrentar el triunfo popular con todos los recursos humanos, logísticos y financieros posibles.
El miedo imperial lo expresaba Henry Canciller, el canciller del gobierno de Nixon, en cuatro puntos a pocos días del triunfo allendista: 1.- “si Allende era ratificado por el Congreso surgiría en Chile un régimen comunista y que Argentina, Bolivia y Perú podrían seguir este ejemplo”; 2.- “la toma del poder por parte de Allende… nos planteara graves problemas a nosotros mismos (USA) y a nuestras fuerzas en América Latina, y, desde luego, al conjunto del hemisferio occidental”; “la evolución política de Chile es muy grave para los intereses de la seguridad nacional de EE.UU. por razón de sus efectos en Francia e Italia” y 4.- “El gobierno de Allende puede estar en el origen de problemas en el funcionamiento de Comité de Defensa Interamericano y en el de la OEA”.
La preocupación del Canciller era comprensible, el fracaso de la apuesta reformista que había representado el gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), que constituía la solución política al avance de los movimientos populares y revolucionarios en América Latina, dejaba abierta la solución militar, es decir, el uso de la violencia armada. Desde el principio el gobierno popular estuvo bajo la amenaza del imperio.
La estrategia imperial tuvo como objetivo, inicial, obstaculizar o impedir el ascenso al gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular, fracaso. Debió, entonces, desplegar, desarrollar e implementar un conjunto de acciones destinadas a derrocar al gobierno popular. Esta estrategia nunca descarto la violencia política terrorista. Todo lo contrario. Ella fue el principal instrumento utilizado para desestabilizar al gobierno popular. La invocación a la violencia política no era una apelación retórica como ocurría en ciertos sectores de la izquierda chilena de la época, sino, la derecha, la puso en práctica de manera concreta. No tenía problema para ello, pues tenía toda una experiencia histórica acumulada en su utilización. La había usada en reiteradas veces en el pasado en contra del pueblo.
El asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider, el 25 de octubre de 1970, por parte de un torpe comando armado de derecha, constituye el hito histórico-político que inaugura la violencia política en el país. La cual tendrá una vigencia durante 20 años (1970-1990). Como he dicho la violencia terrorista será la principal herramienta utilizada por la dictadura cívico militar, instalada por las clases dominantes, en contra del pueblo chileno.
El uso de la violencia política por parte del capital, o sea, por la derecha nacional, a objeto de frenar la democratización de la sociedad chilena no era una novedad en la historia del país. En esta oportunidad, el uso de la violencia tenía un fin último de más largo alcance impedir el éxito de la vía democrática al socialismo por todos los medios posibles. Sin embargo, los logros y éxitos del gobierno popular no pudieron ser frenados durante los mil días de gobierno popular.
El avance social, económico, político y cultural experimentado por los sectores populares producto de las realizaciones del gobierno de la Unidad Popular, afectaron directamente los intereses internos y externos de los grupos dominantes. Durante tres años, esas realizaciones agudizaron la conflictividad social y política, en otras palabras, la lucha de clases, se hizo manifiesta en toda la formación social chilena. Todo estaba en disputa.
Una vez instalado en el gobierno, el 4 de noviembre de 1970, Allende y la Unidad Popular iniciaron un ingente proceso de democratización política, social, económica y cultural dirigido a mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores, las y los campesinos, las y los pobladores, de las y los estudiantes, de los pueblos originarios, de los hombres, mujeres, niños y niñas populares. Por primera vez, en 160 años de vida independiente, el gobierno del Estado de Chile, gobernaba para el pueblo y con el pueblo.
El gobierno popular realizó una serie de transformaciones revolucionarias de carácter estructural que fueron acompañadas de un conjunto de medidas aparentemente menos importantes, pero profundamente significativas para la vida social de los sectores populares. Por ejemplo, el plan de medio litro de leche diario para todos las niñas y los niños y madres sin distinción social o de clase. Las y los niños fueron prioridad uno del gobierno de la Unidad Popular. Esta medida significo, entre otras cosas, la disminución de la mortalidad infantil. Y, sobre todo la felicidad de los niños y niñas populares.
La organización popular impulso nuevas formas democráticas de participación política y fomento el desarrollo del poder popular. Los trabajadores iniciaron un conjunto de experiencias de autogestión de sus centros productivos, en los diversos cordones industriales, ya sea de la ciudad capital como de otras ciudades del país. Los pobladores se organizaron para hacer frente a la ofensiva patronal y de los sectores pequeños burgueses mercantiles, especialmente, de los comerciantes minoristas. Se crearon las Juntad de Abastecimiento y Precios (JAP), para implantar un sistema de distribución de alimentos y artículos esenciales “democrático y equitativo”.
Si bien, la educación, fue uno de los ámbitos en donde la lucha clases y la conflictividad social y cultural entre los dos proyectos de sociedad, el capitalista y el socialista, en pugna, se hizo sentir con inusitada virulencia y odiosidad de parte de los defensores del orden capitalista. Recibió, la educación, una atención preferencial de parte del gobierno popular. Las escuelas y liceos se transformaron en espacios de libertad, participación y compromiso social y político. Las universidades se abrieron para los sectores populares. El derecho a la educación fue una realidad para todas y todos. La inclusión social abrió los colegios y liceos reservados solo para los sectores medios y altos a las y los jóvenes populares.
La cultura dejó sus estrechos marcos elitistas durante los tres años del gobierno popular. El teatro, el ballet y la música “culta”, especialmente, aquella que estaba encerrada en el Teatro Municipal, espacio oligárquico por excelencia, recorrió con sus acordes los espacios populares, las industrias y poblaciones. Roberto Matta, pinto su mural: El Primer Gol del Pueblo de Chile, en una pared popular de la población San Gregorio, de la comuna de La Granja, en la zona sur de Santiago. Pablo Neruda obtenía el premio Nobel de Literatura en 1971. Y, la editorial Quimantú, distribuyó millones de ejemplares del libro conmemorativo en honor al vate. La poesía nerudiana llegó millones de niñas y niños de Chile.
De manera que bajo el gobierno de la Unidad Popular surgieron nuevas formas de organización popular tales como los cordones industriales, comandos comunales, regionales, que constituían el germen de un nuevo orden social impulsado por el poder social popular y por los trabajadores para reemplazar el Estado burgués y acelerar el tránsito del capitalismo al socialismo.
Durante los mil días que estremecieron a la sociedad chilena la frontera que cerca a la democracia capitalista fue presionada y tensionada al máximo. En efecto, la acción más revolucionaria que emprendió la Unidad Popular fue, justamente, poner fin a la frontera de la democracia capitalista, que no es otra, que el derecho de propiedad privada de los medios de producción. Las realizaciones estructurales del gobierno popular tienen relación directa con la principal fuente poder social del capital y, sobre la cual, se levanta la sociedad capitalista. Veamos de manera específica este punto.
La Democratización de la propiedad privada de los medios de producción
La historia del siglo XX en la formación social chilena está marcada por el conflicto político, social y económico entre el capital y el trabajo. Y, es al interior de este conflicto donde hay que situar no solo la crisis del capitalismo nacional durante la década de los sesenta y setenta, sino también al gobierno de la Unidad Popular. Lamentablemente, ese conflicto tuvo una resolución a favor del capital, a través del Golpe de Estado de septiembre de 1973, hace cuatro décadas y media. La instalación de la dictadura cívico-militar de carácter terrorista, la reestructuración neoliberal del capitalismo nacional y la emergencia de la sociedad neoliberal son parte constitutiva de esa resolución. Pero, ello no significa, de ninguna manera, la superación ni su desaparición; todo lo contrario, durante estos 45 años, el poder del capital ha impuesto su total y más completa hegemonía y dominación sobre el trabajo. La conflictividad entre el capital y el trabajo, actualmente, se manifiesta de manera distinta de la forma como se exteriorizó durante el periodo del capitalismo industrial. Pero, insisto sobre este punto, no ha dejado de existir ni ha desaparecido. La lucha clase sigue siendo el motor de la historia, tal como lo fue durante el gobierno de la Unidad Popular.
El triunfo de la Unidad Popular en 1970, es parte de la lucha política de clases, o sea, la manifestación política del conflicto entre el capital y el trabajo. Ese triunfo dice relación directa con la capacidad que tuvo el trabajo de desarrollar un efectivo poder contrahegemónico. Se trata del poder de las y los trabajadores y de los sectores populares que, durante el siglo XX, se conformó como un poder subversivo y transformador de las fuentes directas del poder social del capital, o sea, de las relaciones sociales de producción.
Este contrapoder social, político e histórico se había venido fortaleciendo tanto social como políticamente desde las últimas décadas del siglo XIX. Hacia 1970, tenía casi un siglo de experiencia política acumulada. Este contrapoder de los trabajadores, en particular, y de los sectores populares, en general, se identificó histórica y políticamente con la lucha por la democracia social, política y económica, o sea, en otras palabras, con el socialismo desde los inicios del siglo XX.
Por eso, democracia y socialismo en el proyecto histórico popular eran sinónimos y se potenciaban recíprocamente. Esa era la fuerza del proyecto democrático y socialista de la Unidad Popular y del Gobierno de Salvador Allende. Este tenía como núcleo central de sus propósitos políticos e históricos: poner fin a la explotación del “hombre por el hombre” y la abolición de la propiedad privada de los medios de producción.
Por esa razón, el proyecto político, social e histórico de los trabajadores y de los sectores populares se caracterizó desde siempre por su vocación anticapitalista. Y, lo anticapitalista se expresaba de forma muy concreta: poner fin a la fuente principal de la explotación y de la desigualdad social y económica: la propiedad privada de los medios de producción. La mayoría de los programas sociales, económicos y políticos de las primeras organizaciones proletarias y populares nacionales, a inicios del siglo XX, se plantearon como objetivo primordial y central de su lucha política, la socialización de la propiedad y la creación de la propiedad social. Por esa razón, socialización y/o la estatización de la propiedad privada, especialmente, de los medios de producción ya sea industriales, mineros y agrarios, siempre estuvo presente en el imaginario político de los trabajadores y los sectores populares. La base material del socialismo lo constituía la propiedad social de los medios de producción.
La vocación revolucionaria y anticapitalista del movimiento social popular lo expresa de manera ejemplar el principal líder de los trabajadores chilenos Luis Emilio Recabarren quien, en su proyecto de constitución política de 1921, en el artículo 7° establecía que:
“En la República Federal Socialista de Chile, sólo hay “propiedad social” administrada por la “Asamblea Industrial”, por la “Municipalidad” y por la “Asamblea Nacional”;
y en artículo 9 señalaba que:
“Es propiedad social la tierra y sus productos, la manufactura, la habitación, medios de producción, elementos de servicios públicos, transportes y cuanto no sea de inmediata utilidad o uso individual”.
Cincuenta años más tarde en 1970, el Programa de la Unidad Popular, establecía como objetivo central del gobierno popular, la constitución del Área Social de la Producción. El programa justificaba la creación del Área Social de la Producción en los siguientes términos:
“Las fuerzas populares únicas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo”.
Para tal efecto,
“El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con la política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras que están en el poder de capitalistas extranjeros y de los monopolios internos”.
Entre el proyecto socialista de Recabarren y el programa de gobierno de la Unidad Popular hay una continuidad ideológica y política que permite sostener que la izquierda chilena y el movimiento popular tenía una profunda convicción de que la única forma de superar la desigualdad y la explotación era poniendo fin al capitalismo. La principal diferencia entre lo que postulaba Recabarren y lo postulado por la Unidad Popular estaba en quien debía administrar la propiedad social. Para él primero, era el Municipio, es decir, el poder local, mientras que, para los segundos, el Estado, o sea, el poder central. No obstante, esa diferencia, muy relevante, la abolición de la propiedad privada era, entonces, para la izquierda una condición necesaria y fundamental en la construcción de la sociedad socialista.
Durante el gobierno popular la lucha social y política que marca el periodo esta signada por la democratización/socialización/estatización popular de la propiedad privada de los medios de producción. El impulso y desarrollo del poder popular que se expresó en la ocupación y dirección por los trabajadores de cientos de centros productivos evidenciaban que la pérdida del poder social que experimentaban los sectores capitalistas.
La acción social y política de los trabajadores y sectores populares (pobladores, campesinos, indígenas, etcétera) de expropiar la base material del poder del capital implicaba la creación y desarrollo de su propio poder. La base material del poder popular estaba, justamente, en la conformación de la propiedad social. Este proceso fue dual. Tanto por arriba, es decir, a través de la acción gubernamental como por abajo a través de la acción directa de los trabajadores. Los iconos históricos y políticos de este proceso fueron:
(a) la Reforma Agraria, que permitió la expropiación de los grandes latifundios con el objeto distribuirlos entre los campesinos sin la tierra;
(b) la Nacionalización de la gran minería del Cobre, en junio de 1971, que recupero para uso y disfrute de la sociedad chilena los recursos naturales mineros;
(c) la estatización de la banca nacional como extranjera, anunciada el 30 de diciembre de 1970;
(d) la expropiación de la emblemática industria textil: Yarur Santiago, el 28 de abril de 1971, iniciándose con ella el traspaso de la industria manufacturera nacional al poder de los trabajadores y,
(e) la estatización de las empresas de telecomunicaciones transnacionales.
(f) La toma directa de tierras, industrias y empresas por parte de los trabajadores para incorporarlas al área social de la producción.
La democratización de la propiedad no fue solo un acto gubernamental, sino, también, fue la expresión del poder los sectores dominados: trabajadores, pobladores, mineros, campesinos, indígenas, de hombres y mujeres pobres del campo y de la ciudad.
Estos sectores sociales no tienen derecho ni acceso a la propiedad privada de los medios de producción en las sociedades capitalistas. Pero tampoco el derecho a disponer de un espacio donde poder habitar, por ejemplo, en la ciudad. Por esa razón, desde fines de los años 50 del siglo pasado, se había iniciado la ocupación de los espacios urbanos tanto fiscal como privados para “encontrar un sitio” donde habitar y vivir. A través de las “tomas de terreno”, el movimiento social popular de trabajadores sin viviendas, comenzaron a ocupar terrenos para construir sus casas. Primero, fueron las “poblaciones callampas” y luego, los campamentos y las poblaciones populares.
La “toma” fue un acto de apropiación colectiva de la propiedad privada se transformó entre 1970-1973, en la principal forma de acceso de los sectores populares y trabajadores a la propiedad. Este proceso fue otra modalidad de democratización de la propiedad por el poder popular que conducía a la transformación radical de la sociedad capitalista.
Dado que la democratización de la propiedad consistía en despojar, arrebatar y expropiar el poder social, económico y político que la propiedad de los medios de producción confería a la clase capitalista nacional como extranjera, las clases dominantes tomaron consciencia de que el centro neurálgico del conflicto se encontraba situado fuera del campo institucional de la democracia. Puesto, que dicho proceso, no solo se democratizaba a la propiedad sino también al Estado y hacía extensiva la democracia a todos y todas. La propiedad privada de los medios de producción dejaba de ser un patrimonio individual o familiar un pequeño y selecto sector de la sociedad, sino que se volvía una propiedad social colectiva-pública-estatal-común. Los “no propietarios”, por ejemplo, los campesinos que accedieron a la tierra, gracias la reforma agraria, de manera colectiva, durante el gobierno de la Unidad Popular, adquirieron no solo un poder social, económico y político, sino, sobre todo, dignidad.
Los sectores obreros y populares estaban realizando durante la UP una importante experiencia de organización y coordinación, bajo un gobierno que sentían como propio y al que exigían avanzar en su programa y reivindicaciones, además se comenzaron a extender tomas en las fábricas, las poblaciones y el campo, como hemos señalado, como también la participación en los organismos de administración o gestión, que ampliaban la participación obrera y popular, exigiendo a las autoridades gubernamentales de aumentar la cantidad de empresas del Área de Propiedad Social, las que se radicalizaron a partir del paro patronal de finales de 1972.
Las experiencias de las huelgas, la requisición y traspaso al área social fue un enorme triunfo revolucionario de los trabajadores, pues implicaba dos cosas la potencia del poder popular y poner fin a las formas tradicionales de explotación.
La expansión democrática social asumió una clara orientación subversiva pues desafío y discutió frontalmente la dominación, la hegemonía y la violencia del capitalismo –desde la explotación de la fuerza de trabajo al uso represivo del Estado-. La democratización del Estado, implico la expulsión relativa de las clases propietarias de él y su ocupamiento parcial por parte de los sectores sociales no propietarios. Esta situación profundizo la crisis política de la dominación capitalista abierta por la acción del gobierno de la Unidad Popular.
Las clases propietarias nacionales como extranjeras comprendieron que debían defender a cualquier precio, la propiedad de los medios de producción. Para tal fin, estos grupos propietarios nacionales buscaron el apoyo de los sectores medios, a través de una alianza política y social en defensa del capitalismo.
Agrupados y organizados en el Frente Nacional del Área Privada (FNAP), que reunía a los dueños del capital y de los grandes, medianos y pequeños empresarios y propietarios de la industria y el comercio, lograron el apoyo de las organizaciones gremiales de profesionales autónomos y técnicos, tales como los Colegios Profesionales, orientándolos en una intensa campaña contra el gobierno popular y el socialismo. El FNAP, logro conseguir el apoyo y solidaridad de los sectores medios pro-capitalista. Potenciando su oposición política y social al socialismo con la progresiva alineación del Partido Nacional con la Democracia Cristiana que concluyó en 1973, al conformarse la Confederación Democrática (CODE). La unidad de las fuerzas antisocialistas acentúo, intensifico e incremento la lucha clases en el país.
Conformándose dos grandes bloques políticos sociales, por un lado, los defensores de la vía chilena al socialismo y el gobierno popular, la UP; y, por otro, los defensores del capitalismo, la CODE. Ambos conglomerados, a pesar, de la aguda conflictividad buscaron resolver el conflicto por la vía institucional. Concurrieron con dicha intención a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Los primeros lograr amplios apoyos electorales al gobierno y los segundos, alcanzar la mayoría parlamentaria requerida y necesaria para destituir constitucionalmente, o sea, políticamente, al presidente Allende y así poner fin al gobierno popular. El resultado, fue inesperado para la oposición anticapitalista. El 44,23% obtenido por la UP, marcaba un significativo aumento del apoyo ciudadano popular a la gestión del gobierno de Salvador Allende. Mientras que el 55,49% obtenido por la oposición antisocialista, implicaron dos cosas, a) los sectores anti UP experimentaron en tres años, una reducción porcentual de 8 puntos. En 1970, la candidatura de R. Tomic, demócrata cristiano, obtuvo un 28,08% de las preferencias ciudadanas y el candidato de la derecha Jorge Alessandri, el 35,29%. Los sectores antisocialistas en 1970, sumaban el 63,37%. Tres años eran menos, tan solo el 55,49%. En términos generales, a pesar que estos sectores eran mayoría en la sociedad chilena, el proceso democrático del presidente Allende amplio su apoyo electoral pasando de 36,63% a un 44,23%. Cabe señalar, que Allende fue el primer presidente que vio crecer el apoyo electoral inicial de todos los presidentes de la República, que lo precedieron en el periodo de 1932 a 1973. Esa era la fuerza electoral de la vía democrática al socialismo.
La fortaleza institucional adquirida por la democracia política bajo el gobierno allendista, a pesar de su proceso de trasmutación hacia una democracia social y económica, robustecía y potenciaba el proyecto popular al aumentar su fuerza electoral. Sin embargo, al mismo tiempo, endurecía, enfurecía y desesperaba a la oposición antisocialista nacional como imperialista. Fundamentalmente, porque el análisis de la proyección futura de los resultados electorales de marzo de 1973, apuntaban a señalar que la UP, dado el crecimiento electoral experimentado entre 1970 y 1973, podía volver a ganar la elección presidencial de 1976. De manera que las parlamentarias notificaron a las fuerzas antisocialistas dos cosas, por un lado, la vigencia e importancia de las instituciones democráticas para el proceso político impulsado por la UP y, por otro, la imposibilidad de frenarlo o derrotarlo a través de los mecanismos democráticos.
El gobierno de la UP desde su inicio fue, técnicamente, lo que se conoce en el lenguaje politológico, un “gobierno dividido”. Nunca tuvo mayoría en el parlamento. Por esa razón, debió buscar instrumentos disponibles en la institucionalidad para lograr hacer avanzar su programa de gobierno y llevar a cabo las realizaciones estructurales propuestas. Uno de esos instrumentos fueron los “resquicios legales”. Estas eran disposiciones legales olvidadas dictadas por gobiernos precedentes con distintos fines. Uno de esos instrumentos era el Decreto-Ley 520 dictado durante el gobierno de la República Socialista de 1932. Este texto legal y constitucional había sido utilizado por diferentes gobiernos posteriores a esa fecha, incluso de la derecha empresarial de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964).
Del DL-520 permanecían vigentes cinco artículos referidos a la propiedad privada de los medios de producción que declaraban la utilidad pública de las empresas agrícolas, industriales y de comercio y de los establecimientos dedicados a la producción y distribución de artículos de primera necesidad. Por lo tanto, todos eran susceptibles de ser expropiados.
Armado con esta legalidad el gobierno popular inicio la emblemática construcción del Área Social de Producción el 1 de diciembre de 1970 con la expropiación de la no menos emblemática industria textil Bellavista-Tomé. A partir de esa fecha todas las expropiaciones de empresas e industrias ya sea impulsadas por el ejecutivo como por la acción directa de los trabajadores estuvieron amparadas legalmente en el DL-520. Tal como lo expresó el lienzo de colocaron las obreras y obreros en la industria textil Yarur Sumar, requisada en abril de 1971, desde ese momento los espacios productivos de Chile, constituían “territorios libres de explotación”.
Ese había sido el compromiso del “compañero presidente” a las y los trabajadores. Allende en su visita a la industria Yarur Sumar, había dicho, dirigiéndose y respondiendo el discurso de recibimiento que había pronunciado el dueño de la empresa Amador Yarur y ante medio millar de trabajadores: “…si soy elegido, Amador…aunque seamos amigos, te quitaré esta industria. Pertenecerá a los trabajadores y al pueblo de Chile”. El profundo miedo a la reacción del patrón, solo cuatro obreros se atrevieron a aplaudir las palabras de Salvador
La forma como se logró la expropiación de la industria Yarur Sumar no solo inauguro la transición efectiva del capitalismo al socialismo, sino también, otra forma, otra praxis política y social, la de las y los trabajadores, diferente y contradictoria con la vía institucional propiciada por el presidente Allende, la acción revolucionaria directa y el socialismo participativo, un socialismo desde abajo. Era otra forma de buscar el mismo fin y al mismo tiempo superar y sobrepasar los obstáculos que les imponía al proceso la institucionalidad existente.
Desde el primer momento la lucha por la democratización del derecho de propiedad privada y el fin de la explotación se libró en dos niveles como fue la norma a lo largo de todo el gobierno popular. Por un lado, la dimensión jurídico-político, o sea, al interior del régimen político que confrontaba al Ejecutivo y al Parlamento. Y, por otro lado, la acción directa de las y los trabajadores. Los cuales a través de la “toma” y la ocupación de las industrias, exigían al Ejecutivo, su incorporación al área social de la producción. Mientras la discusión jurídica-política se estancaba por arriba. Por abajo, cientos de empresas e industrias, pequeñas, medianas y grandes, pasaron a estar bajo el control obrero. Muchas de ellas fueron ocupadas por el poder popular y obrero en reacción al intento de golpe de estado del 29 de junio de 1973. Impulsado por el Partido Nacional, la agrupación nacionalista Patria y Libertad y un sector del Ejército.
La apelación coyuntural a las Fuerzas Armadas, por parte de la derecha extrema, fue la reacción desesperada a la promulgación de la normativa que institucionalizaba y constitucionalizaba el Área Social de la Producción por parte del gobierno popular.
Las Fuerzas Armadas van intervenir, finalmente, no solo para dar “solución” al conflicto por la propiedad, sino del sistema capitalista nacional. Instalando en el poder la dictadura cívico militar del General Augusto Pinochet (1973-1990). La dictadura del capital puso en marcha un violento proceso de restauración de su dominación y hegemonía. Para tal efecto, destruyó íntegramente el contrapoder de los trabajadores y de los sectores populares. Poniendo en marcha una maquinaria de guerra y destrucción con el objeto de masacrar al pueblo.
Conjuntamente con el genocidio popular, la dictadura militar destruyó la democracia. Reestructuro completamente el modo de producción capitalista. Restaurando el derecho de propiedad privada de los medios de producción y el poder social de las clases dominantes. Para tal efecto, devolvió las industrias, empresas y campos a sus “propietarios”. Y, estos echaron a las y los trabajadores, en palabras de Jorge González, líder de Los Prisioneros: “les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron se escondieron. Merodean por nuestra ciudad”
El asesinato no solo de Salvador Allende sino del pueblo de Chile, fue posible, fundamentalmente, porque la experiencia revolucionaria del gobierno de la Unidad Popular y del presidente Allende fue: una revolución democrática desarmada.
El proceso constitucional actual y el derecho de propiedad
El proceso político y social abierto con la insurgencia política popular y ciudadana de octubre de 2019 ha situado nuevamente el conflicto por la propiedad privada de los medios de producción, bienes comunes, hay en el centro de la conflictividad de la discusión constitucional. El temor de las clases propietarias de que este derecho sea cuestionado por los sectores no propietarios nacionales, o sea, por la gran mayoría de la ciudadanía. Ha alertado a los gremios.
Así lo han expresado en un reciente documento elaborado por la SOFOFA en donde establecen una hoja de ruta para enfrentar la defensa los principios fundamentales de la sociedad capitalista, en él se lee:
“nos preparamos para afrontar una crisis sanitaria, económica e institucional de una profundidad inédita en los últimos 30 años. Desde el año 1982 no teníamos una caída trimestral de nuestra economía como la del segundo trimestre de 2020 alrededor de 3 millones de personas sin empleo. La salida de esta crisis requerirá del esfuerzo de todos y, más que nunca, de la acción decidida de las empresas”. Para ellos “proponemos una hoja de ruta con un punto de partida y dos vertientes que deben evolucionar en paralelo como vasos comunicantes”
El punto de partida es la recomprensión del Chile post Covid-1, los dos ramales son el proceso constitucional y la recuperación económica social. Para esos efectos es necesario considerar siete pilares centrales, siendo el primero, la conservación de la propiedad privada de los medios producción.
El documento señala en primer lugar la promover un “reformismo gradual que parta, sin renegar, de lo que hemos construido en los últimos 30 años y de la tradición constitucional de nuestro país”. En función de este punto, los empresarios, plantean que la:
“Base fundamental de la democracia constitucional (léase capitalismo democrático), del funcionamiento eficiente de los mercados y del sistema de contratos (elemento económico) es la propiedad” (negritas nuestras).
Para tal efecto, es fundamental para los gremios propietarios “que se delimiten los alcances y formas de expropiación, como la hace la Carta Magna” en otras palabras, la Constitución de 1980-2005.
Este documento es inequívoco en plantear el fondo del conflicto político abierto en octubre 2019 y del proceso constitucional de diciembre de 2019 y señalado por el actual Canciller Andrés Allamand en marzo del presente año. Según el exparlamentario de ganar el Apruebo “la izquierda va a sentirse autorizada para terminar con las actuales formulaciones del derecho de propiedad y la libertad de enseñanza”.
En razón de evitar esa situación la derecha política y los gremios empresariales han comenzado de gestar toda una estrategia política institucional para evitar que el derecho de propiedad sea, nuevamente, como hace 50 años, cuestionado abiertamente por los “no propietarios”. La derecha ha iniciado su transformación hacia una socialdemocracia neoliberal con el objeto de conservar el régimen capitalista. Están dispuestos a modificar muchos o todos los aspecto no centrales ni fundamentales de la constitución de 1980. Siempre y cuando no se toquen los preceptos y articulados donde se protege el derecho de propiedad de los bienes comunes. Actualmente, en manos de no más de 1% de la población nacional.
De la misma forma que la Unidad Popular entre 1970 y 1973 revoluciono la sociedad chilena al intentar abolir el derecho de propiedad y la defensa de los propietarios fue total, hoy los gremios se preparan para enfrentar una supuesta modificación de dicho derecho. Sin embargo, lo que habría tener en claro que el actual proceso constitucional no se observan actores políticos y sociales que apunten a la realización de una revolución en perspectiva socialista. Pues, la lucha por el socialismo, en Chile, lamentablemente, es cosa de celebración y conmemoración. Y, no del presente, menos aún del futuro.
Nota Bibliográfica:
A. López Dietz y otros: Testimonios de los Cordones Industriales. Reconstruyendo la Historia con sus protagonistas. Ediciones U. Academia de Cristiano / Instituto de Pensamiento Socialista. Santiago de Chile, 2015.
El Mercurio, Santiago, 30 de agosto de 2020, pág.20.
F. Gaudichaud: Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo. Poder Popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2016.
J.C. Gómez Leyton: La Frontera de la Democracia. El derecho de propiedad en Chile 1925-1973. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2004.
H. Latorre Cabal: El Pensamiento de Salvador Allende. FEC, México, 1° Edición, 1974.
N. Davidson: Transformar el Mundo. Revoluciones burguesas y revolución social. Ed. Pasado & Presente, Barcelona, 2012.
Santiago Centro, 03 de septiembre de 2020
©JCGL/jcgl
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