El ataque al empleo público en la tercera ola neoliberal

 En Costa Rica, como en el resto de América Latina, el ataque al mundo del trabajo nos revela el verdadero talante autoritario de unas derechas que reniegan de los principios democráticos y los desconocen cada vez que estos se convierten en un obstáculo para lograr sus propósitos.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

El neoliberalismo se impuso a sangre y fuego en América Latina. Literalmente. El golpe de Estado en Chile en 1973 abrió un camino y definió una metodología de shock político y económico, que pocos años después continuarían las dictaduras cívico militares en el cono sur, recurriendo a los mismos métodos y nutriéndose de los dogmas y programas emanados de los organismos financieros internacionales. En Argentina, en 1976, el periodista Rodolfo Walsh denunciaba en su Carta abierta a la Junta Militar que las desapariciones, las detenciones ilegales y las masacres, que sacudían "la conciencia del mundo civilizado", no eran "los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren". Y enfatizaba: "En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada". Tal fue el modus operandi de aquellos años.

 

La segunda ola neoliberal, que inició a mediados de la década de 1980 y se extendió hasta finales del siglo XX, tuvo sus pilares en la modernización de los Estados latinoamericanos vía programas de ajuste estructural, en una agresiva agenda de liberalización económica -a tono con el auge de los tratados de libre comercio y el discurso globalista- y en la transferencia, cuando no el despojo, de la riqueza pública de nuestras naciones (empresas estatales, bienes financieros, recursos naturales), que pasó a manos del sector privado en una suerte de subasta en la que saciaron sus apetitos los grandes capitales extranjeros (especialmente de Estados Unidos y Europa). Tras el espejismo de un crecimiento económico que no redistribuía la riqueza y de un consumo suntuario que obnubiló a las clases medias de nuestros países -que por fin accedían a la tierra prometida en Miami-, fue ampliándose cada vez más la brecha de la desigualdad social, con todas las implicaciones que ello tiene en términos de la negación de derechos fundamentales y satisfacción de necesidades básicas,  hasta llegar a niveles que superan a los de las regiones más empobrecidas del planeta.

 

Como contraofensiva al ciclo progresista y nacional-popular de inicios del siglo XXI,  y  entre golpes de estado blandos, la politización de lucha contra la corrupción y las manipulaciones de los grandes consorcios mediáticos, una tercera ola neoliberal golpeó a nuestra América a mediados de la década del 2010: la llamada restauración conservadora, que llevó al poder, entre otros, a la derecha fascista y neopentecostal en Brasil y Bolivia, a los traidores de la Revolución Ciudadana en Ecuador, a los herederos de Pinochet en Chile o a los chief executive officers en Argentina. Reformas tributarias regresivas; austeridad en los presupuestos nacionales y recortes en áreas sensibles como educación, salud, ciencia y tecnología, o infraestructura; así como nuevos zarpazos a los bienes y recursos públicos (muchos de ellos recuperados y nacionalizados en los últimos años), son parte de la nueva agenda.

 

Pero es el mundo del trabajo el principal objetivo de esta tercera fase del proyecto neoliberal: aquí y allá, donde los grupos de poder político y económico establecen su entente en el gobierno, avanzan como una aplanadora las leyes de flexibilización de las jornadas laborales y de las condiciones de contratación, en perjuicio de derechos conquistados por las organizaciones de la clase trabajadora; se debilitan las instituciones de protección social y de regulación de las relaciones de trabajo;  recrudece el ataque sistemático al sector público como chivo expiatorio de los desequilibrios fiscales (acusación que se sustenta más en prejuicios ideológicos que en evidencia empírica); y, en general, se impone una política económica que acaba por precarizar el empleo -público y privado-, los salarios y las pensiones, pero que favorece la acumulación de los privilegiados de siempre.

 

Costa Rica, que se deja llevar por la inercia neoliberal desde hace más de 30 años, no es la excepción. Amparándose en el argumento de las medidas extraordinarias a las que obliga la pandemia del covid-19, y presionados por la "necesidad" de cerrar un acuerdo de préstamo con el FMI (por $1750 millones de dólares), que desahogue la delicada situación fiscal del país, el gobierno del presidente Carlos Alvarado y las cámaras patronales más influyentes impulsan una polémica Ley marco de empleo público (21.336), con la que se pretende crear un régimen único de empleo, sometido a la administración del Ministerio de Planificación -instancia política sujeta a los vaivenes de turno-, que aumentaría sus funciones para controlar y regular todo lo relacionado con la contratación, salarios y condiciones laborales de los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado, las universidades, las instituciones autónomas y semiautónomas, las empresas públicas y las municipalidades. 

 

El proyecto, que recorre camino para su aprobación en la Asamblea Legislativa, fue ofrecido por el gobierno de Alvarado como parte de los términos negociados con el FMI; y para los dirigentes de las cámaras patronales, constituye una pieza clave de la hoja de ruta que debe guiar el nuevo ajuste estructural. Para la Universidad de Costa Rica, en cambio, la situación es muy distinta. En un informe técnico dado a conocer en días pasados, una comisión interdisciplinaria que estudió el proyecto concluyó que: 1) " No se tiene certeza económica de una reducción en el déficit fiscal ante la eventual aprobación de la Ley Marco de Empleo Público"; 2) " La afectación salarial podría reducir el consumo y la demanda en el mercado interno. Así, se dificultaría la reactivación económica, la cual es imprescindible para salir de esta crisis que ha profundizado la pandemia"; 3) "El proyecto de ley tiene vicios de constitucionalidad, pues afecta el régimen de autonomías administrativas de la Caja Costarricense del Seguro Social, las municipalidades y las universidades públicas"; y 4) "La discusión acelerada de este proyecto de ley no ha permitido un verdadero espacio de diálogo, reflexión y debate sobre sus implicaciones. Su impacto en amplios sectores de la sociedad podría generar un clima de agitación que polarice aún más al país. Esta sería una pésima señal en momentos en que el Gobierno intenta sellar los acuerdos con el FMI, los cuales son considerados como fundamentales para salir de la crisis económica".

 

En Costa Rica, como en el resto de América Latina, el ataque al mundo del trabajo nos revela el verdadero talante autoritario de unas derechas que reniegan de los principios democráticos y los desconocen cada vez que estos se convierten en un obstáculo para lograr sus propósitos. En lo inmediato, nuestra sociedad enfrentará una de sus más difíciles pruebas, pues el desenlace final del trámite de este proyecto de ley -nueva vuelta de tuerca al modelo neoliberal- podría asestar un golpe de muerte al Estado Social de Derecho que alguna vez marcó la llamada diferencia costarricense en el agitado contexto regional.