La Ley Marco de Empleo Público ¿pactamos con el bien común o con la precarización?

 En lugar de ofrecer una reforma laboral acorde con la Costa Rica que está recibiendo la revolución digital y que celebra su bicentenario de independencia,  la clase política que nos gobierna escoge ignorar la historia de derecho del país y sus pactos sociales.

María Leonela Artavia Jiménez* / Especial para Con Nuestra América

Muy a menudo la discusión sobre el trabajo captura la atención de los sectores políticos, económicos, sociales y de la población en general; en el caso costarricense, la discusión sobre este tema resurge en un tiempo particular de pandemia, fuerte desempleo y con las finanzas del país desfalcadas por una reforma tributaria que tardó en llegar y que, cuando lo hizo, dejó por fuera lo grueso del problema: la evasión y la elusión fiscal.

  

A ello se suma el esfuerzo sostenido por décadas en torno al cuestionamiento de lo público por parte de la prensa y de organizaciones empresariales que ha dado copioso fruto. El discurso de privilegios de la clase trabajadora pública ha calado muy profundo en el modo de pensar de los y las costarricenses, de manera que es palpable la segmentación entre sectores, en la que el privado (que es más una amalgama entre lo popular-informal y lo empresarial) resiente los “beneficios” de quienes trabajan en el sector público.  Habiéndose roto la cuerda que les unía como una sola clase – la trabajadora-, es más fácil desmovilizar las luchas y echar andar procesos que dan la impresión de afectar solo a esos otros y otras que gozan de supuestos privilegios. 

 

El descontento no es gratuito, las condiciones de la población trabajadora han desmejorado en el tiempo: podemos constatar el aumento sostenido del trabajo informal en la última década, que llegó a su punto cúspide en el cuarto trimestre del 2019 con un 47%, solo reducido por la oleada de desempleo provocada por la pandemia, y que dada la vulnerabilidad de la población en informalidad les afectó con mayor fuerza. Además, el desempleo no pareciera dar señales de reconversión, por lo que, aunque hay más personas que deciden autoemplearse y emprender, hay muchas otras que ni siquiera desde la cuenta propia pueden trabajar. Ante esto, el sector público ha estado blindado, justamente por la calidad del empleo que ofrece al proveer de protección social, estabilidad y jornadas por lo general de tiempo completo que cubren del subempleo, razón que atiza el descontento social por parte de quienes se encuentran en peores condiciones. 

 

Ante este panorama, no es de conocimiento común que el desmejoramiento de las condiciones de la población trabajadora no es una característica exclusiva de nuestro pequeño país, sino que el mundo del trabajo está pasando por momentos complicados en diferentes latitudes. Según la CEPAL (2018), desde el 2015 las condiciones del trabajo en Nuestra América se han deteriorado; las causas son múltiples, como también lo son sus explicaciones, pero podríamos indicar que este fenómeno responde al propio comportamiento del sistema capitalista y a lo que podríamos interpretar como la fase descendente del ciclo económico que origina sus épocas de crisis, como la que vivimos en estos momentos. 

 

En este contexto de crisis, hay una serie de proyectos de ley que se tienen preparados como los mesías de una Costa Rica en dificultades y que necesita urgentemente ser “reactivada”. Entre estos emerge el expediente 21 336 “La Ley Marco del Empleo Público”, que amenaza en múltiples sentidos la trayectoria de respeto a los derechos laborales en el país, y que podría impactar más de lo esperado el desarrollo humano y con ello el bien común.

 

Es cierto que el empleo público requiere de mejoras que le permitan: i) responder a las necesidades actuales y futuras de la población con mayor eficiencia, y ii) regular aquellas áreas que se alejan de la búsqueda de un empleo de calidad con justa remuneración. No obstante, el problema radica en que la solución que se propone está muy lejos de ser la reforma institucional que se requiere, y  en su lugar, se propone una que carece de viabilidad institucional, plagada de vicios de  inconstitucionalidad, y, ajena a la trayectoria de respeto a la dignidad de las personas trabajadoras característica del marco legal costarricense. La revisión del expediente 21336 da pie para la discusión en torno a varios elementos, pero deseo enfocarme en este escrito en seis en particular. 

 

En primer lugar, tal y como está planteada, es una ley que perpetúa las deficiencias institucionales del Estado en términos de centralización y concentración, pues al delegarle a la Dirección General del Servicio Civil la rectoría de todo en materia de empleo público, con sede en San José no integra mecanismos institucionales para abordar, de una vez por todas, las características propias de las zonas periféricas que se trasladan al mundo del trabajo. Por lo que el riesgo es el de una homogenización que reduzca aún más el quehacer estatal y que amplíe las brechas territoriales, con ello, sigue evidenciándose que para la élite empresarial y política, Costa Rica se reduce a la Gran Área Metropolitana ubicada dentro de los márgenes del Valle Central, problemática presente desde la misma conformación del Estado Nación, y que ha prolongado las condiciones de pobreza, desempleo y dificultades de la población del resto del país, no es fortuito que el comportamiento de estas variables siga una lógica centro-periferia, en la que  zonas fuera de la región central son las que presentan peores indicadores en temas sociales, económicos y laborales y en general en su desarrollo. 

 

Un segundo punto de riesgo y debilidad es la asignación a una sola entidad de todo el empleo público. En un país en el que la eficiencia institucional está muy por debajo de lo requerido, la maraña burocrática no hará otra cosa que debilitar al sector público proveedor de servicios de gran importancia como lo son la salud y la educación. Además, este aspecto es una fuerte amenaza del inicio de un proceso de precarización del trabajo demandado por el Estado, ente que, hasta el momento ha sido el garante de empleo de calidad en el país, y el parámetro con el que se mide al sector privado. Preocupa mucho más, que la ley no dota de mecanismo alguno para fortalecer la estructura de la Dirección para que le sea posible atender semejante labor con el nivel de eficiencia que se requiere. 

 

El tercer punto, consiste en los vicios de inconstitucionalidad de la ley al incluir a las universidades públicas, con lo que se niega el principio de autonomía establecido en la Constitución Política. Con esta Ley, las universidades deberán de ceder el manejo de sus relaciones laborales, lo cual es una intromisión en sus facultades para seleccionar, evaluar o incluso, despedir a sus personas funcionarias. Con lo cual tácitamente se compromete la libertad de cátedra de la población académica, que es vital para el adecuado ejercicio de la enseñanza. Además, con esta ley la asignación salarial de las personas funcionarias de las universidades será externa a la institución, pese a que cada una de estas ya tienen una estructura basada en la meritocracia que reconoce la formación, la divulgación científica, el trabajo en comunidades así como la experiencia en la formación, y que sigue todo un proceso reglamentado de revisión y validación que pasa por comités académicos experimentados, comités científicos, revisiones editoriales, entre otros. Esto significa una dificultad enorme para la Dirección General del Servicio Civil, quien no tiene la curva de aprendizaje para realizar este proceso con la eficiencia que ya lo hacen las universidades, además de que no queda claro en qué plazos se realizarán los estudios que indiquen cuál es el “precio de mercado” que deberá recibir cada trabajador y trabajadora. 

 

Un cuarto punto que es por lo demás muy preocupante, radica en la propuesta de que la persona encargada de dirigir la Dirección de Empleo Público deberá ser nombrada por la Asamblea Legislativa, o como lo proponen algunas curules, por el presidente electo de turno, lo cual junto a la formulación de la ruta que ofrecen para el despido de personas funcionarias, sirve la mesa para persecuciones políticas o para la cooptación de las funciones de las diferentes instituciones. 

 

Un quinto elemento de gran debilidad consiste en la conceptualización de trabajo que refleja este expediente de ley, pues, una vez más impera la visión de trabajo como mercancía que debe someterse a las leyes del mercado, aunque estas aboguen por una tendencia a la explotación y a la precarización. Impera la visión de una ideología neoliberal añeja que rebosa en evidencias de fracaso en torno al bien común, y que, debilita la justicia social al no reconocer el lugar de la dignidad de las personas trabajadoras por encima de la consideración de la fuerza de trabajo como mero factor de producción.

 

El sexto y último elemento que deseo destacar es la ausencia -una vez más- del tema de los cuidados. La reforma de empleo público pasa por alto temas de gran importancia como el impulso de la corresponsabilidad en los cuidados, al ni siquiera mencionar, como mínimo, las licencias para padres. Si aspiramos a una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos de las mujeres trabajadoras la toma en cuenta de la dimensión de cuidados no puede seguir postergada. 

 

Estos seis elementos, entre varios más,  son muestra de que en lugar de ofrecer una reforma laboral acorde con la Costa Rica que está recibiendo la revolución digital y que celebra su bicentenario de independencia,  la clase política que nos gobierna escoge ignorar la historia de derecho del país, los pactos sociales que se han realizado y que han sido pilar para que, aunque con sus deudas sociales, Costa Rica se haya mantenido en un buen lugar en torno a las condiciones de empleo y de desarrollo humano en América Latina. 

 

Una vez más, pareciera faltar reflexión en el Poder Ejecutivo y el Legislativo sobre el verdadero origen de las problemáticas que aquejan al país: ¿cuál es la causa del problema con el empleo público en el país? ¿Es acaso un tema de instituciones rectoras, de diferencias salariales, o responde a la necesidad de actualizar reglas de juego entorno a la remuneración? ¿Qué mecanismos podemos integrar para el avance de la corresponsabilidad en los cuidados, para evitar abusos de poder, para mejorar la eficiencia? ¿Es saltándose lo que establece la Constitución Política del país que conseguiremos llegar al estado de desarrollo y bien común que debería ocupar las acciones de los tres poderes de la República? Conviene contemplar que la lógica recortista es muy limitada para proponer una reforma a la altura de lo que la sociedad costarricense requiere en este nuevo siglo. 

 

Para finalizar, dadas las circunstancias, no es viable que el sector público siga defendiendo solamente sus derechos, en su lugar, conviene que en honor a nuestra posición de empleados del Estado, los y las funcionarias, sindicatos y demás organizaciones entorno al trabajo, impulsemos en adelante una reconciliación con el sector privado y luchemos por el respeto de toda la población trabajadora, de manera que,  aprovechando nuestra condición de mayor estabilidad, estemos dispuestos y dispuestas a denunciar las injusticias cometidas por el sector privado o las dificultades de la población trabajadora informal por cuenta propia, buscando una mejora en sus condiciones de vida, dando paso a una lucha y protesta social solidaria y ampliada.  Por supuesto que es muy lamentable la división entre personas empleadas públicas y privadas, pero lo que más debemos lamentar es que un empleo bien remunerado, respetuoso de la integralidad de la vida, se presente como privilegio y no como un derecho de toda la población. 

 

A este punto conviene preguntarles a los señores y señoras de los poderes Legislativo, Ejecutivo y a quienes laboramos en el sector público: ¿pactamos con el bien común o con la precarización? Las acciones tomadas en este tiempo sentarán nuevas bases para la Costa Rica que tendremos en los próximos años.

 

*Economista y Máster en Estudios Latinoamericanos; docente e investigadora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).