Derecho a la verdad y democracia

 La libertad de prensa es legítima tan sólo si expresa la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a saber la verdad. Quienes convierten ese derecho sagrado en un poder fáctico, lo tergiversan al  reducirlo a un instrumento de manipulación de conciencias  y en un monopolio de facto que da origen a una dictadura mediática.

Arnoldo Mora Rodríguez / Para Con Nuestra América

Entre 1642 y 1672, es decir, en los inicios mismos de la edad moderna, tuvo verificativo en Holanda la primera gran revolución democrático-liberal; esa revolución es conocida en la historia como “La República de los Hermanos De Witt” por haber sido Jan De WITT su máximo líder; su asesinato en las calles de La Haya significó el término de esa especie de “primavera” de las luchas   por la democracia dentro del marco  de una ideología liberal. Su ideólogo  más connotado fue Baruc Spinoza, filósofo holandés de origen sefardita;  en su última e inconclusa obra, TRATADO POLÍTICO, Spinoza intentó darnos  una definición de  lo que hoy entendemos por democracia; allí  afirmó que la defensa de las libertades públicas constituye la esencia misma de lo que se debe entender por “democracia”.  

Esas libertades públicas son para Spinoza tres: la libertad de conciencia (fundamental en una época como la suya, que ya  llevaba un siglo de guerras de religión posteriores a las Reforma Protestante, que dividió la cristiandad occidental),  la libertad de expresión (muy novedosa para una época en que en se acababan de crear los periódicos) y la libertad de organización como expresión social y política de las otras dos.  Hoy solemos hablar más ampliamente de “derechos humanos”, cuya carta plasma la razón de ser de las Naciones Unidas, por lo que  ésta constituye el fundamento ético y jurídico del derecho internacional, pues no pueden darse relaciones civilizadas entre  naciones si no se inspiran en esos principios doctrinales.

 

Es dentro de esa concepción filosófica  que debemos entender la libertad de prensa como un derecho humano. La libertad de prensa es legítima jurídica y éticamente tan sólo si expresa la soberanía del pueblo, entendiendo por “soberanía” el ejercicio de las libertades colectivas como condición indispensable para que un pueblo sea dueño de su destino y pueda escribir la historia con su puño y letra. La libertad de prensa es legítima tan sólo si expresa la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a saber la verdad. Quienes convierten ese derecho sagrado en un poder fáctico, lo tergiversan al  reducirlo a un instrumento de manipulación de conciencias  y en un monopolio de facto que da origen a una dictadura mediática. Su más brutal expresión es el manejo descarado de las llamadas “redes sociales”, que han sustituido  en la práctica a los partidos políticos como expresión del pluralismo ideológico y la confrontación de ideas. Ab(usando) de esos poderosísimos recursos tecnológicos, han llegado al poder figuras espernibles, como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y, más cerca de nosotros, Bukele en El Salvador. Todo lo cual  es consecuencia en el ámbito político de la revolución tecnológica actual, pues las comunicaciones han sido monopolizadas por las grandes empresas de la comunicación,  quienes las financian. Al  autocalificarse como “paladines de la libertad”, no hacen sino defender los intereses de esos monopolios mediáticos, convirtiendo así  el derecho constitucional a la información en una mercancía. Quienes están a su servicio, subordinan  los valores democráticos a los  intereses de sus patronos; los periodistas a su servicio no son más que empleados. 

 

Lo que sucede en el ámbito nacional no es más que un reflejo de lo que acaece en la esfera internacional. La campaña de difamación y de medias verdades en contra de las universidades públicas, emprendida por los empleados de la familia Jiménez Borbón, acostumbrada a tratar a la Patria de Juanito Mora y García Monge como si fuera un feudo azucarero,  constituye un ejemplo  de lo dicho.  Se le cobra a nuestras beneméritas instituciones el estar formando ciudadanos con conciencia patriótica, como nos enseñaron a hacerlo nuestros grandes maestros humanistas, como Omar Dengo y Rodrigo Facio,  a fin de inspirarse en el ejercicio del poder en la práctica de los derechos humanos, entendiendo “derechos” en el sentido kantiano de la palabra, a saber, como condición de posibilidad de la libertad como ejercicio de la razón práctica. Esos valores son tres, porque señalan la finalidad de las tres facultades superiores o dimensiones que definen al ser humano como “espíritu absoluto” (Hegel). La razón teórica (“pura” para Kant) aspira a la verdad, la voluntad (“razón práctica” para Kant) procura el bien ético, y la sensibilidad busca la belleza. Las libertades públicas deben ubicarse en la segunda dimensión, dado que son, insisto, la expresión social de la libertad como ejercicio de la racionalidad. 

 

 En filosofía política y derecho constitucional se habla del “pueblo” con el calificativo de ”soberano”;  este calificativo es altamente honroso, pues en los regímenes regidos por democracias absolutistas era un atributo tan sólo del rey , debido a que la monarquía era concebida como investida de atributos divinos (Bossuet).  Debemos al más influyente  ideólogo de la Revolución Francesa (1789), Juan Jacobo Rousseau, el haber conferido dicho atributo al pueblo llano que, desde entonces, se convierte en un principio fundamental de lo que entendemos por “democracia”. Es el pueblo-soberano la única matriz  o fuente de las libertades públicas. Éstas se desarrollarán en consonancia con la conciencia que de sus derechos adquieren los pueblos,  al calor de las luchas libertarias que despliegan; lo cual hace que debamos concebir los  derechos humanos no como una especie de entelequia metafísica, sino no como un proceso dialectico, es decir, dentro de  un marco de dimensiones históricas, movido por la dinámica de las fuerzas sociales. 

 

La campaña en contra de las universidades públicas, como muy bien lo señala el actual Rector de la UCR,  Doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, constituye un atentado en contra de los valores y principios democráticos, cimientos de nuestro sistema de vida republicana. Las universidades públicas,  al luchar por sus derechos constitucionales, lo hacen igualmente  por la soberanía de nuestro pueblo, por la dignidad de nuestra república.  De esta manera  honran con hechos  y no con  altisonantes y demagógicas declaraciones, el Bicentenario de Nuestra Independencia.