Guatemala: Del Estado capturado por las cúpulas empresariales

 Una de las razones por las cuales se justifica hablar de un Estado capturado en Guatemala está dada en el reconocimiento del poder histórico que han mantenido las llamadas cúpulas empresariales.

Mario Sosa / Para Con Nuestra América

Desde Ciudad de Guatemala

Estas han estado constituidas fundamentalmente por el núcleo más importante de la burguesía local, la cual ha tenido la capacidad de configurar un Estado que favorezca principalmente sus intereses de clase. Dicho poder lo ha refrendado y ejercido en cada momento constituyente —incluidos los estatutos fundamentales de gobiernos instituidos por golpes de Estado, dado que estos dejaron intactos sus intereses y los garantizaron—, de formulación y aprobación de leyes y de creación y reforma de la institucionalidad pública.

 

Más allá de la formalidad del sistema político, de las instituciones y de las leyes, la cúpula de poder económico en el país ha sabido mantener ámbitos institucionales de carácter nodal que le han permitido dar curso estratégico del Estado. Al respecto, quién podría negar que el actual modelo de acumulación que la beneficia sigue siendo sostenido, facilitado y reproducido por la institucionalidad pública a partir de políticas fundamentales. Como ejemplos podemos ofrecer las políticas económica, financiera, cambiaria, crediticia, fiscal, minera, energética, agrícola y laboral.

 

Los ámbitos donde se definen estas políticas y se decide respecto a estas tienen un marco regulatorio prestablecido que garantiza las dinámicas de acumulación y de enriquecimiento. Los funcionarios que las dirigen provienen directamente de las cúpulas empresariales o constituyen sus operadores en el ámbito privado (gerentes en los grupos corporativos y funcionarios de los gremios de empresarios) y en el ámbito público (a veces como funcionarios y diputados por largos períodos de tiempo, de forma constante o intermitente). En otros casos son funcionarios que gestionan el interés empresarial al adherirse a sus ideas y políticas hegemónicas.

 

La intermediación, la agregación y la gestión prioritaria de intereses que logran dichas cúpulas se explican por la sobrerrepresentación que estas mantienen por mandato constitucional o por leyes de carácter ordinario totalmente alejadas del debate público y en nada sometidas a elección ciudadana. Otros grupos e instituciones que se insertan con menores cuotas de representación a través de mecanismo no eleccionarios, como colegios profesionales y universidades, resultan importantes en las disputas por el control de algunos ámbitos institucionales y se constituyen en obstáculos para las cúpulas empresariales. Sin embargo, no llegan —ni por asomo— a subvertir el orden y la estructuración de clase prestablecidos en el Estado, y sus representaciones son finalmente acaparadas por los intereses y los dispositivos de poder de empresarios, de grupos corporativos y de sus estructuras gremiales.

 

En otros ámbitos de política en los cuales se requiere de procesos eleccionarios, sabido es cómo tales cúpulas de poder económico organizan y financian partidos, campañas y políticos con el fin de asegurarse una cuota importante en la correlación de fuerzas en el Congreso de la República, la cual hasta el momento le ha garantizado —y no sin algunos avances por otros grupos de poder emergentes— legislar en función de sus intereses. Además de sus recursos financieros, despliegan todo su poder político, económico y mediático para configurar cada proceso eleccionario y mantener el control de los organismos Legislativo y Ejecutivo aun cuando los grupos emergentes logren cuotas de poder importantes que les permitan negociar la integración de juntas directivas, gabinetes y agendas legislativas y gubernamentales.

 

Desde el control de tales ámbitos institucionales han logrado el deslinde público de empresas, instituciones y presupuestos que han sido objeto de su voracidad. Ejemplos sobran: a) la privatización de las telecomunicaciones y de la producción y distribución de electricidad, b) las concesiones de obras y servicios públicos y c) el traslado de financiamiento estatal, como sucedió con buena parte de los préstamos y programas de emergencia por covid-19.