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sábado, 25 de septiembre de 2021

Colombia: El tercer año, resistencia y trapos rojos

 El aprendiz reprobó el año, pero no podrá repetirlo. Los trapos rojos seguirán siendo la bandera nacional. Informe minucioso de balance del gobierno.

Consuelo Ahumada / Para Con Nuestra América

Desde Colombia


En agosto de 2019, cuando se cumplía el primer año del gobierno, Semana publicó una carátula con el título “Año de aprendizaje”. En tono benevolente y lisonjero, afirmó: “Duque puede ser novato y demasiado joven, pero es inteligente, centrado, conciliador, responsable y trabajador”.

 

Cada año las plataformas de derechos humanos del país, con más de 500 organizaciones sociales y sindicales, realizan un informe minucioso de balance del gobierno y lo presentan en un evento político y académico de mucha audiencia y trascendencia. Lecciones del aprendiz: autoritarismo y desigualdad, es el del tercer año y se conocerá y discutirá este martes.

 

Soy una de las invitadas a comentarlo en dicho evento y tuve acceso previo al informe. Son más de treinta artículos, agrupados en cuatro ejes: paz y crisis humanitaria; debilitamiento de la democracia; empobrecimiento y desigualdad y relaciones con el mundo. Es un documento serio, de consulta obligada para entender el desastre en toda su magnitud.

 

El primer eje es definitivo para analizar la crisis humanitaria. El afán de desconocer, deslegitimar y, en últimas, destruir el Acuerdo Final ha marcado toda la trayectoria de este gobierno, pero en particular su tercer año. No solo no lo ha implementado sino lo ha reinterpretado de manera unilateral. También lo ha desfinanciado, pese a su discurso señalando lo contrario.

 

Hay rezagos enormes en el cumplimiento de todos sus puntos, pero en particular en los de reforma rural y participación política. El partido de gobierno hundió en el Congreso proyectos clave como el de la jurisdicción agraria. Las curules para la paz fueron finalmente aprobadas, pero todavía se empeña en desvirtuarlas.

 

De ahí viene lo más grave. Los actores armados ilegales se han reorganizado y fortalecido a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay connivencia de las FFMM con la expansión de algunos de los grupos violentos y con el control territorial que ejercen.

 

Ello ha contribuido a la refundación, reconstrucción y centralización de las estructuras narcoparamilitares. Según datos de Inteligencia, los 5 grupos principales cuentan hoy con 6.800 integrantes. Las disidencias y el ELN están también en proceso de expansión.

 

Las cifras de violencia durante este tercer año son escalofriantes: asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas. En 2020 hubo 91 masacres con 381 muertos. En los siete primeros meses de 2021 se registraron 50 masacres, con 261 víctimas. Algunos de los asesinatos de líderes y lideresas sociales ocurren en zonas altamente militarizadas, como el Cauca. Según la ONU, el desplazamiento forzado se incrementó en más del 195% en los primeros 6 meses de este año.

 

Se intensifica el saboteo a las instituciones centradas en la reparación de las víctimas. Sigue la descalificación del trabajo de la JEP y de la Comisión de la Verdad.

 

El segundo eje es la vulneración permanente del Estado de derecho, expresada de distintas formas: abusos del estado de emergencia, cooptación de los entes de control, intentos de manipulación de la justicia y de inculpación a las víctimas, respuesta violenta a la protesta social.

 

Los abusos de las Fuerzas Militares han provocado alerta y rechazo en diversas instancias y organizaciones internacionales durante el último año. La respuesta militar al conflicto social se expresó en bombardeo de niños y niñas, uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía y sus aliados paramilitares, desapariciones, torturas, violencia basada en género. Fallecieron 159 personas en protestas en este año, 87 durante el estallido social reciente.

 

Pero el gobierno del aprendiz insiste en la narrativa de actos vandálicos y terrorismo. Por eso rechazó y descalificó las recomendaciones de la CIDH. El Presidente se niega a hacer la reforma necesaria a la Policía y sigue disfrazándose de policía a cada rato. El fascismo en toda su expresión.

 

En el tercer eje se retrata la gravedad de la crisis social en sus distintos aspectos: salud y manejo de la pandemia, educación y acceso a agua potable (67 % de centros educativos sin acceso) y conectividad (solo 12.9 % con acceso); deterioro del empleo y alimentación. Se volvieron pobres 3.5 millones de personas adicionales y 21 millones viven con menos de $350.000 mensuales. La situación para las mujeres y la juventud es particularmente grave.

El manejo de la pandemia se hizo para favorecer a los grupos financieros y a los grandes empresarios, al igual que la reciente reforma tributaria, que golpea desproporcionadamente a las mipymes. No se ha acogido la renta básica ni los demás proyectos presentados al Congreso por el Comité Nacional de Paro.

 

En cuanto al cuarto eje, las relaciones internacionales, ha habido llamados de atención constantes al gobierno, aunque no con la contundencia que podría esperarse, dada la magnitud de la crisis humanitaria. Es claro que para los países poderosos los negocios priman. El collar de Isabel la Católica, que le entregó Pedro Sánchez a Duque como premio de consolación en medio de protestas masivas, así lo confirma.

 

El aprendiz reprobó el año, pero no podrá repetirlo. De nada servirán las monedas conmemorativas. Por ahora, los trapos rojos seguirán siendo la bandera nacional.

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