Represión a migrantes en México

Cada vez se hace más evidente que las políticas migratorias del gobierno mexicano de la llamada Cuarta Transformación (4T) no cambió mucho con relación a las mismas políticas que ejercieron los anteriores gobiernos como los que emanaron de los sectores conservadores, reaccionarios y de derecha que antecedieron al de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Adalberto Santana / Para Con Nuestra América

Desde Ciudad de México

Es decir, las administraciones que en el presente siglo XXI ejercieron Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. En términos generales esos mandatarios aplicaron una política anti-migrante, especialmente con los hermanos centroamericanos, caribeños, sudamericanos y de otras regiones periféricas del mundo que buscaban ingresar irregularmente ha territorio mexicano. En los últimos dos años del nuevo gobierno de AMLO parece repetirse esa política racista y discriminatoria que no va muy a tono con un gobierno que se reivindica de izquierda o progresista. 

 

Sin duda es una política pragmática que se identifica y se subordina a los intereses que le convienen a los gobiernos de Estados Unidos.  Tanto a los de Donald Trump como ahora a la de Joe Biden. La crítica a esa política entreguista del gobierno mexicano, es una reiteración que diversos sectores y organizaciones que trabajan en favor de los migrantes han cuestionado y que hacen ver que en ese aspecto la llamada 4T no se pone a lado de los más débiles, sino al contrario con los más fuertes y prepotentes. Política migratoria que se ha hecho más evidente con el actuar reciente del tristemente célebre Instituto Nacional de Migración (INM). 

 

Incluso sobre ese accionar de los agentes migratorios, la derecha política mexicana no hace ninguna crítica, ya que claramente se identifica con ese accionar de la gestión anti-migrante en México. La mejor constatación de ello es que los partidos de la derecha y la ultraderecha mexicana, como son, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la “Revolución Democrática” (PRD), no han cuestionado las políticas inti-migrantes del INM. De una u otra manera la han tolerado y festejado.

 

En tanto que, por el otro lado, principalmente organismos defensores de los derechos humanos y de apoyo a los migrantes de la sociedad civil o de entidades religiosas por el contrario apoyan el esfuerzo que hacen los migrantes y refugiados por recibir cobijo y que requieren esa solidaridad por su vulnerabilidad. Así, se han hecho diversas y múltiples denuncias para frenar esa política anti-migratoria del INM.

 

El caso más reciente fue presentado por la prensa mexicana con la expulsión que los agentes migratorios hicieron de una familia afgana cuando pidieron refugio en México, al llegar de un vuelo de Turquía, huyendo de su país. Al respeto la nota periodística donde se hizo la denuncia fue firmada por los reporteros Jessica Xantomila y Néstor Jiménez donde daban cuenta que el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) denunciaba que una familia afgana había a sido deportada   a pesar de que solicito asilo y de que se había promovido un amparo para evitar su expulsión del país. Sin embargo, los agentes migratorios siguiente esa política represiva de la derecha mexicana al expulsarlos rápidamente del país. Incluso pese a que la cancillería mexicana se había pronunciado con anterioridad de que “México tenía la disposición de recibir a la población afgana, por razones humanitarias, luego de que los talibanes tomaron el control de Afganistán” (La Jornada, 15/0ct./20, p. 9). José Guadalupe Torres Campos y Héctor López Vivas responsable y secretario ejecutivo, respectivamente de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana (DEPMH) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), han denunciado   el aumento de los abusos y de las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes. Torres Campos, obispo de la diócesis de Ciudad Juárez, llegó a denunciar que esa política discriminatoria ha generado que los migrantes y refugiados puedan padecer “matanzas como las de San Fernando o Cadereyta, no queremos ver más muertes ni dolor”. En efecto, con esas políticas represivas contra los migrantes se genera que ellos opten como alternativa “buscar otras rutas más peligrosas y a exponerse más al crimen organizado”. Cuestión que, sin duda, al reprimir los agentes del INM a los migrantes y al evitar su acceso regular como indocumentados, hacen que ellos busquen su tránsito en la clandestinidad o para ser más precisos en la economía sumergida donde operan los polleros o coyotes. Es decir, donde funciona una economía subterránea controlada por el crimen organizado que les deja millones de dólares y donde los migrantes corren todo tipo de riesgos, perdiendo muchas veces su vida. Sobre todo, cuando se conoce que esa presión de los agentes migratorios actúa en contubernio con las organizaciones de traficantes de seres humanos, creando una serie de redes de ese turbio negocio que controla finalmente el crimen organizado. 

 

Frente a esa reciente coyuntura, en la que fue expulsada injustamente esa familia afgana, la cancillería mexicana tuvo que enmendarle la plana a la política migratoria de la 4T y que: “La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acordó con el Instituto Nacional de Migración (INM) dar protección humanitaria a la familia afgana con una mujer embarazada de siete meses a la que ayer le fue negado el acceso a México y que fue deportada a Turquía tras permanecer 24 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)”.

 

Este es únicamente un ejemplo de los muchos “errores” o actos delesnables y mal intencionados que comete a diario el INM. Es una de las constantantes  irregularidades que el INM comete cotidianamente en contra de los derechos humanos de los migrantes en México. Hasta cuando realmente el gobierno de AMLO volverá a detentar una política migratoria independiente de las presiones e intereses de los EU y responda más a una política de inclusión y defensa de los derechos humanos como las que enarboló el presidente Benito Juárez durante su gobierno asilando y protegiendo a refugiados que provenían de Cuba y Puerto Rico, todavía colonizados y sometidos por la corona de España en el siglo XIX  o bien la política se asilo del General Lázaro Cárdenas,  que dio cobijo a miles de refugiados  de la Guerra Civil Española   y de los miles de hombres, mujeres y niños que escapaban  de la Segunda Guerra Mundial. O incluso de los miles de latinoamericanos que en el siglo XX huían de las dictaduras que ejercieron Anastasio Somoza en Nicaragua, Tiburcio Carías Andino en Honduras, Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, Carlos Castillo Armas en Guatemala, Fulgencio Batista en Cuba, Augusto Pinochet en Chile, Rafael Videla en Argentina, Hugo Banzer en Bolivia, y otras tantas que a los largo del siglo XX poliferaron en nuestra América e incluso la más recientes,  como la del golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales y la ola represiva de Lenin Moreno en Ecuador contra los correístas. En el primer año del gobierno del presidente López Obrador se reivindicó al brindarles asilo. Cosa muy contraria a lo que hoy padecen miles de haitianos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos, brasileños y afganos que hoy son vulnerables frente a discriminación de los agentes y autoridades del INM. ¡Hasta cuándo la 4T volverá los ojos a los más vulnerables que son los migrantes  irregulares de nuestra América y el mundo!