Los comicios se inscriben en un cambio de estrategia de las fracciones más radicales de la oposición, que en los últimos años habían apostado por un “cambio de régimen” mediante el desconocimiento de Maduro y la creación de una institucionalidad paralela tendiente a la destitución del gobierno.
Gabriel Vera
Lopes / ALAI
Competirán en total
70.244 candidatos, lo que resulta en un promedio de 23 candidatos por puesto.
La última vez que se realizaron elecciones de esta magnitud, combinando niveles
regionales y municipales, fue hace trece años. Sin duda alguna, los resultados
marcarán, para los próximos años, la geometría de un corroído poder
institucional.
Sin embargo, el elemento
más importante de estas elecciones no es su volumen, sino el hecho de que serán
las primeras elecciones desde el 2017 en donde participará el conjunto de las
fracciones más radicalizadas de la oposición, nucleadas en el denominado G4 –
ahora Plataforma Unitaria. Esto las vuelve las primeras elecciones, luego de
una sistemático desconocimiento institucional por parte de estas fuerzas, en
donde competirán el conjunto de actores más relevantes de la vida política
venezolana. Sin duda alguna el resultado de estas elecciones abrirá una nueva
etapa, llena de interrogantes para el país.
El tránsito desde una
inflamada retórica marcada por la exigencia del “fin de la usurpación” a la
aceptación del diálogo y la participación en las elecciones ha sido un camino
sinuoso. Desde hace varios años se vienen ensayando distintos dispositivos de
diálogo, con el fin de traccionar a la oposición hacia el reconocimiento
institucional y la competencia democrática. Por esta vía se ha intentado mermar
el peso de las sanciones unilaterales -diplomáticas y económicas- que pesan
sobre el país. Se trata de medidas coercitivas unilaterales que en palabras de
Benigno Alarcón Deza -director del medio opositor politikaucab- son a la vez el
principal punto de exigencia del chavismo y “la presión más importante sobre el
gobierno y el único punto de apalancamiento”1.
En mayo de este año el
gobierno dio paso a un proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral
(CNE), institución que representa el órgano máximo del Poder Electoral, uno de
los cinco poderes en los que se divide la República Bolivariana. Esta renovación
fue parte de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición -tanto en su
variante parlamentaria como en las asociaciones de “la sociedad civil”- lo que
modificó la estructura rectoral del organismo en pleno: se incorporó así a dos
representantes de la oposición sobre un total de cinco miembros.
Luego, en agosto, empezó
una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno y una parte de la oposición,
la cual se venía negando a participar de los comicios electorales y a reconocer
a Nicolás Maduro como el legítimo presidente electo. Estas negociaciones
tuvieron lugar en México con el beneplácito del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, y contaron con la mediación del Reino de Noruega y el acompañamiento
del Reino de Países Bajos por parte de la oposición, y de la Federación de
Rusia por el oficialismo. Este fue el quinto intento por parte del gobierno de
construir, fuera de Venezuela, un diálogo tendiente a un acuerdo, con el
objetivo de lograr un entendimiento que dé salida al conflicto y al asedio que
vive el país hace años.
Sin embargo, a
diferencia de los intentos anteriores, en este proceso de diálogo se logró
firmar un memorándum de entendimiento entre ambas partes. Allí se acordaron
siete puntos: derechos políticos para todos; garantías electorales;
levantamiento de “sanciones”; respeto al Estado Constitucional; convivencia
política y social; protección de la economía nacional y garantías de
implementación y seguimiento de los acuerdos.
Estas elecciones se
inscriben como parte de un cambio de estrategia de las fracciones más radicales
de la oposición, que en los últimos años habían apostado por un “cambio de
régimen” mediante el desconocimiento de Maduro y la creación de una
institucionalidad paralela tendiente a la destitución del gobierno2.
Esa estrategia, con la creación de un gobierno paralelo encabezado por Guaidó,
es la que ha entrado en crisis.
De esta manera, en los
próximos comicios participarán los principales actores del campo político. Por
un lado se encuentra el PSUV, que viene de realizar unas elecciones internas en
las que renovó una buena parte de sus candidatos, nucleado junto a fuerzas
aliadas en el Gran Polo Patriótico. Por el otro, la Plataforma Unitaria, que
nuclea un conjunto de partidos de derecha encabezados por Guaidó. A estos se
suman la Alianza Democrática, una coalición opositora que sí venía participando
de las elecciones y cuenta con representación institucional y la Alternativa
Popular Revolucionaria (APR), una coalición política de izquierda contraria a
la administración de Nicolás Maduro. Por último se cuentan una decena de
partidos regionales y/o municipales.
El proceso electoral
contará con más de 300 observadores internacionales. La Unión Europea envió
cerca de 100 observadores, luego de haber rechazado las invitaciones para
hacerlo desde las elecciones de 2006. También participarán una serie de
organismos multilaterales, incluidas las Naciones Unidas, el prestigioso Centro
Carter y el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos (CEELA), junto a
decenas de periodistas, expertos electorales, políticos y académicos. Durante
todo el proceso electoral, se realizarán 16 auditorías a los distintos
componentes del sistema. De esta manera, tal como señala Pedro Calzadilla3,
presidente del Consejo Nacional Electoral, serán las elecciones más auditadas
del mundo.
Uno de los principales
interrogantes de estos comicios girará en torno al nivel de abstención
electoral, que en los últimos años ha ido en aumento. Tal es así que en las
elecciones legislativas de fines del 2020 la participación fue tan solo del 31%
del padrón electoral. La oposición, que no había participado de las elecciones,
argumentaba que la abstinencia era un virtual rechazo al gobierno y un apoyo a
su fuerza. Mientras tanto, el gobierno atribuía la baja participación a la
ausencia de una oposición electoralmente competitiva y a los efectos del Covid.
Lo cierto es que estas elecciones serán un verdadero test para todas las
fuerzas políticas del país.
Sean cual sean los
resultados, las elecciones del 21 de noviembre serán un punto de inflexión
dentro del turbulento panorama político de Venezuela, inscriptas como lo están
dentro de un agitado panorama Latinoamericano, atravesado por fuertes disputas
geopolíticas y por proyectos que, por izquierda o derecha, tienen serias
dificultades para asentarse de manera hegemónica. Estará por verse si las
fuerzas populares venezolanas logran, en este renovado contexto, reimpulsar el
sendero de transformaciones que signó el horizonte de cambios en el país
durante la primera década y media del presente siglo, bajo el ideario del
Socialismo del Siglo XXI. O si, por el contrario, se asiste a una paulatina
normalización liberal en un país profundamente golpeado y castigado por el
sacrilegio de optar por un sendero distinto al que estipula la normalidad
capitalista.
NOTAS:
1 https://politikaucab.net/2021/08/13/elecciones-dialogo-y-algo-mas/
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