Nicaragua en la mira de la OEA

 La situación política en Nicaragua después del triunfo electoral de las elecciones del 7 de noviembre de 2021, donde por cuarta vez volvió a ganar la  presidencia el candidato sandinista Daniel Ortega Saavedra, lejos de reducirse la tensión se ha tensado todavía más. 

Adalberto Santana / Para Con Nuestra América

Desde Ciudad de México

A ello han contribuido los pronunciamientos de la Casa Blanca y de algunos gobiernos del continente americano como los de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Uruguay, de claro corte conservador y que en gran medida respaldan tradicionalmente las posturas injerencistas de los EU. Todos ellos han formado un bloque con el respaldo de la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos  para pronunciarse en contra del gobierno de Nicaragua. 

Pero también en esa lógica adoptan posturas en una especie de cruzada contra los gobiernos de Cuba y Venezuela. Lo común de todo ese bloque de fuerzas de la derecha regional es negar el derecho de esas tres naciones latinoamericanas al respeto de su soberanía nacional. 

En el caso específico de Nicaragua, en los comicios electorales tuvieron como resultados un rotundo triunfo electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) alcanzando una votación con un poco más del 75% de la votación, seguido por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) con más de un 14% del electorado y quedando finalmente otros partidos (Camino Cristiano Nicaragüense, Alianza Liberal Nicaragüense, Alianza por la República y Liberal Independiente) con una reducida votación. De igual manera hay otro sector de la oposición, con posiciones mucho más radicales pero claramente antisandinistas que no participaron en el proceso tratando desde su postura de deslegitimar a la democracia nicaragüense.   

 

Campaña a la que se sumaron diversos medios de comunicación regionales y mundiales en una narrativa beligerante llena de descalificaciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Especialmente se le brindó una gran  resonancia tras las detenciones de varios opositores ejecutadas por la Policía Nacional de Nicaragua. De igual manera se le ha dado una amplia difusión a aquellos actores políticos e intelectuales que figuran en el bloque radicalmente opositor al sandinismo.  Por ejemplo, se ha reiterado la consigna  que en Nicaragua hay una dictadura. En ese contexto el discurso de la derecha política regional, reitera que Cuba, Venezuela y Nicaragua hay una dictadura comunista. Incluso los sectores más radicales de la ultraderecha latinoamericana también incluyen al gobierno de Bolivia, México, Argentina y Perú. En el fondo lo que lleva esa postura ha sido identificar  al bloque de partidos políticos de la izquierda latinoamericana, en un mismo discurso. Es decir, se busca descalificar y estigmatizar a aquellos gobiernos progresistas que llegaron al poder en sus respectivos países  por la vía electoral. Para esas corrientes de opinión su mayor calificativo es designarlos como  dictaduras. 

 

Lo débil de ese discurso propio de los años de la Guerra Fría, es que hoy en América Latina y el Caribe lo común es el desarrollo de la democracia electoral y participativa, donde las fuerzas de izquierda, derecha o centro, se disputan el voto de la mayoría de la población. En esa contienda electoral el proceso más inmediato ha sido el de Nicaragua, y en poco tiempo lo constataremos en las elecciones de Chile y Honduras el 21 de noviembre de 2021. Escenarios donde la tendencia es que ahí también triunfen las fuerzas de la centro izquierda.

 

Sin duda, Nicaragua y el FSLN tienen como enemigos y adversarios a la par de la OEA, organismos como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y a la Fundación Nacional para la Democracia (NED). Pensemos que desde Washington es donde se diseña la estrategia antisandinista. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, es uno de los estrategas del antisandinismo, pero también sigue actuando por alentar otro golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Arce. Es una estrategia que tratan  de repetir contra Nicaragua al condenar la “tiranía del régimen sandinista” y la detención de sus opositores. 

 

En buena medida el politólogo argentino, Atilio Borón, ha señalado que esa ofensiva antisandinista puede caracterizarse de la siguiente manera: “A lo anterior habría que agregar algunas consideraciones en torno a las elecciones nicaragüenses, indispensables aun en su brevedad. En primer lugar, que al juzgar un proceso político o, más acotadamente, electoral no es un dato menor discernir si el país en cuestión vive en una situación de normalidad o no. Con fines didácticos supongamos lo que ocurriría si Estados Unidos estuviera acosado y agredido por una potencia cien veces más poderosa en términos económicos, políticos y militares, y sometido a una interminable y sofocante serie de sanciones económicas, diplomáticas y de todo tipo. Con seguridad el funcionamiento de su democracia se vería profundamente afectado y se producirían situaciones anómalas desde el punto de vista de la pureza normativa de la teoría democrática. El país del Norte jamás vivió una situación como esa, pero Nicaragua (al igual que Cuba, y Venezuela) la padeció desde el mismo triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. Pretender que las elecciones en la tierra de Sandino se desarrollen al igual que en un bucólico cantón suizo, obviando el papel desquiciante del acoso, bloqueo y las sanciones que impone Estados Unidos, revela una incapacidad para captar las especificidades del proceso histórico o bien una malévola complicidad con una práctica aberrante en los marcos del derecho internacional como es el pertinaz intervencionismo norteamericano”.

 

De ahí que Argentina y Bolivia han llamado a la OEA a respetar  los asuntos internos de Niacargua y de los países miembros. El mismo canciller argentino, Santiago Andrés Cafiero, lo afirmó contundentemente: “Debemos recuperar la capacidad de consensuar soluciones basadas en el respeto a la soberanía y la igualdad de los estados miembros”.