Hace tiempo que soplan aires de cambio en la región. Un malestar de profundo inconformismo ha movilizado a las poblaciones de diversos países con el objeto de modificar el orden constitucional, obsoleto o injusto.
Roberto Utrero Guerra / Especial para Con Nuestra América
Desde Mendoza, Argentina
Evo Morales también se ha manifestado en estos días por la reforma de la constitución boliviana aprobada en 2009, justamente por los aires de cambio que impulsan a modificar un orden caduco. Luego del golpe de Estado, las horrendas represiones, su huida y las elecciones en que el MAS recuperó el gobierno a través de Luis Arce, advierte que es necesario “debatir profundamente una segunda propuesta política para la revolución democrática y cultural”.[1]
Cabe recordar que, en las tres décadas que van desde 1980, América Latina tuvo un intenso período de cambios constitucionales, ya sea que se adoptaran nuevas constituciones, como en Brasil, 1988; Colombia, 1991; Paraguay, 1992; Ecuador, 1998 y 2008; Perú, 1993; Venezuela, 1999 y Bolivia, 2009, como también se introdujeron reformas importantes a las constituciones vigentes en: Costa Rica, 1989; México, 1992 y Argentina, 1994.
Fruto del “Pacto de Olivos” entre el ex presidente Raúl Alfonsín y Carlos Menem, el presidente en funciones en esos días, la Reforma de 1994 no sólo incorporó la reelección del primer mandatario acortando el período de mandato a cuatro años (pretensión menemista que le otorgó un nuevo mandato), sino que se instrumentaron figuras como la Auditoría General, el Consejo de la Magistratura, el jefe de Gabinete, el resguardo de la fuente periodística, mecanismos de democracia semidirecta, de defensa del medio ambiente, de los derechos indígenas y el acopio de decenas de tratados internacionales, entre otras cosas.
No obstante, debido a falencias acumuladas desde entonces, el próximo primero de febrero está prevista una manifestación para que renuncien los cuatro miembros de la Suprema Corte, mientras flota en el ambiente una creciente inquietud y la sospecha generalizada del pésimo funcionamiento judicial. El quinto puesto dejado por la renuncia de la jueza Highton de Nolasco, no ha sido cubierto.
Aunque cambien los miembros actuales por otros probadamente virtuosos, finalmente terminarán igual, porque lo que subyace es un pésimo orden jurídico, como sentencia un destacado jurista, Eugenio Raúl Zafaroni, ex miembro de la misma. En un reciente artículo expone:
“(A) En cuanto a la composición y poderes de la Corte. (a) Lo primero que llama la atención es que prácticamente en ningún país del continente ni de Europa el máximo tribunal tiene cinco jueces. (b) Lo segundo es que esos cinco jueces se supone que deben ejercer el control de constitucionalidad, la casación, el gobierno del Poder Judicial y ahora han manoteado el órgano que selecciona los candidatos a jueces y administra el presupuesto o debiera hacerlo (Consejo de la Magistratura). (c) Como es obvio, en toda república se evita la concentración de poder, menos en la nuestra, en que bastan tres votos para hacer mayoría y decidir en todo eso.
(B) En cuanto a la constitucionalidad de normas. Conforme a la Constitución, al igual que en Estados Unidos, nuestra Corte Suprema decide en última instancia la constitucionalidad de las leyes (ejerce el control de constitucionalidad), pero para llegar a esa instancia de Corte es necesario superar años de instancias previas y la Corte tampoco tiene términos o plazos para resolver (todos los otros tribunales los tienen).
(C) En cuanto a los efectos de lo decidido por la Corte. No menos llamativo es que lo que resuelve la Corte sólo sirve para el caso, pero no es obligatorio para todos los jueces, de modo que cada juez o tribunal del país puede seguir considerando constitucional la ley declarada inconstitucional y viceversa (no existe el stare decisis norteamericano). Cada interesado deberá demorar otros tantos años en llegar hasta la Corte que, como puede haber alterado su composición, podría cambiar de criterio (y ya no considerar inconstitucional la ley).”[2]
Como especialista experimentado y habiendo ocupado un lugar en la Suprema, distingue muchos vicios instrumentales y de funcionamiento, llegando a ser acusado de garantista por la oposición, sobre todo por aquellos que buscan reducir la edad de imputación delictiva y continuar hacinando presos pobres en las cárceles.
En cuanto a la cantidad de miembros y su nombramiento, desde Menem en adelante se ha hecho uso de esta facultad, aunque siempre han sido porteños, como hace 160 años de la primera Corte mitrista.
Desde luego que hay infinidad de tópicos a discutir, en lo posible dentro de un amplio debate nacional y federal; en un país cuya sociedad requiere que sus representantes respondan al mandato conferido y sus instituciones dispongan de mecanismos de control que permitan removerlos de sus cargos en caso de abusos de poder.
Hay una discusión eminentemente técnica propia de los especialistas en derecho constitucional, pero lo que más está en juego es lo político, cómo participarán los distintos sectores y colectivos sociales en la defensa de los intereses que representan dada la polarización aglutinada en alianzas de partidos que representan modelos irreconciliables. Un frente de cercano al peronismo y todo lo que representa históricamente en derechos adquiridos y una derecha negacionista también salpicada de extremos disparatados que impide el diálogo en todas sus formas, sobre todo en el espacio legislativo donde tiene mayoría.
Es allí entonces donde vuelven a tener protagonismo las manifestaciones populares, cuya participación decisoria es tan fugaz como el voto que se emite periódicamente, pero que en momentos álgidos suele “hacer tronar el escarmiento”, como decía el General Perón en su momento.
Los aires de cambio vienen soplando en la región intentando retornar al progresismo pasado y sortear los obstáculos institucionales que produjeron los golpes blandos, destituyendo y encarcelando dirigentes populares, sumiendo en la miseria a los sectores más desprotegidos. Dentro de este espectro hay que destacar a Lula da Silva, primero en las encuestas para las elecciones presidenciales brasileñas de octubre de 2022, donde Bolsonaro no tiene ninguna chance y es probable que repita el ejemplo de Macri y Piñera.
De todos modos falta tiempo y los medios hegemónicos hacen lo posible para instalar la mentira y la confusión.
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