Del reconocimiento irrebatible derivan consecuencias irrefutables. 1) Nulidad de todas y cada una de las medidas coercitivas impuestas por la potencia del Norte y fundadas en la supuesta ilegitimidad del gobierno que ahora reconoce de hecho y de derecho. 2) Devolución de todos los activos robados o incautados desde el arranque de las medidas de coerción. 3) Reparación de todos los perjuicios causados por ellas, con indemnización por daños a la vida, a la salud y a la economía en un monto que Pasqualina Curcio estima en 258 mil millones de US$ entre 2016 y 2020.
Si tales son las consecuencias del reconocimiento de hecho y de derecho, el diálogo con un gobierno soberano impone condiciones. Sus acuerdos no pueden diferir de lo que dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son inaceptables y nulos de toda nulidad cualesquiera compromisos o arreglos lesivos a la soberanía, independencia, integridad o inmunidad de jurisdicción de nuestro país.
Venezuela, dueña de la quinta parte de las reservas de hidrocarburos del planeta y de la primera o segunda reserva de oro del mundo, es asimismo poderoso factor en los destinos de éste y por ninguna circunstancia debe negociar desde posiciones de debilidad o subordinación a cualquiera de los bloques hegemónicos.
A ser tenida en cuenta además es la fragilidad de los acuerdos con las grandes potencias. En virtud de entendimientos con Estados Unidos emprendió Sadam Hussein una ruinosa guerra de nueve años contra Irán y una ofensiva relámpago contra Kuwait; para terminar, invadido y ejecutado. Muhammar Kadafi pagó indemnizaciones sentenciadas por tribunales internacionales; aceptó desarmarse y financió con generosos donativos las campañas electorales de Silvio Berlusconi y de Sarkozy, quienes acordaron con falsos pretextos la destrucción y desintegración de Libia por la OTAN, el robo de 250.000 millones de dólares de sus reservas y el linchamiento del Presidente legítimo.
Venezuela debe precaverse de amenazas externas, pero también de fallas internas. Como productora de hidrocarburos, ha vivido auges que degeneran en catástrofes. En 1956 la crisis del Canal de Suez elevó los precios del petróleo; el dictador Marcos Pérez Jiménez invirtió los ingresos en corrupción y en la “política de concreto armado” de grandes obras suntuarias, hasta que la baja de cotizaciones contribuyó a su caída en 1958. El subsiguiente bipartidismo dilapidó el ingreso en corrupción y demagogia, y fue salvado por la campana cuando la restricción de exportaciones de la OPEP impulsó en 1974 nuevo repunte de precios. El accióndemocratista Carlos Andrés Pérez lo aplicó a pagar dispendiosamente una nacionalización de la industria petrolera que según la ley debía operar gratuitamente en 1983, y sepultó el incremento de tres cuartas partes del ingreso público en un “Fondo de Inversiones de Venezuela”, de donde desapareció gracias a su manejo secreto y discrecional, que naufragó en oleada de privatizaciones. Otra parte del auge fue a parar al pozo sin fondo de la burguesía parasitaria: entre 1976 y 2002 el BCV asignó al sector privado 365.270 millones de dólares en condiciones preferenciales para supuestas importaciones, las cuales éste efectuó sólo por US $204.401 millones (en parte sobrefacturadas), guardándose la modesta diferencia de US$ 160.869 millones.
El nuevo auge de precios provocado por la invasión de Irak en 2003 fue aplicado por el bolivarianismo para eliminar el analfabetismo, cumplir con las Metas del Milenio y convertir a Venezuela en el país con menor índice de desigualdad social de la América Latina capitalista; pero no se logró la soberanía alimentaria ni el acondicionamiento de Petróleos de Venezuela S.A. que evitara su acentuado declive en la producción. Eso sí, según cifras espigadas por Pasqualina Curcio, entre 2003 y 2014 el BCV asignó a la burguesía parasitaria en condiciones preferenciales 371.517 millones de dólares para supuestas importaciones, que ésta realizó sólo por US $119.107 millones, guardándose para sí la pequeña diferencia de US$ 329.756 millones, (aparte de otros US$ 60.000 millones que, según el Presidente Nicolás Maduro, financiaron empresas de maletín e importaciones fantasmas).
Según el vice primer ministro ruso Alexander Novak el petróleo podría pronto sobrepasar los 300 dólares por barril. Venezuela no puede repetir los errores de sus anteriores auges. Debe destinar los incrementados ingresos en la regeneración y repotenciación de Petróleos de Venezuela S.A. Debe conquistar la soberanía alimentaria. Por todos los medios evitar el error que disipó todos los ingresos extraordinarios de la crisis de 1974 al colocarlos en un fondo distinto del Presupuesto, secreto y sin control legislativo: el nefasto “Fondo de Inversiones de Venezuela” que arruinó consecutivamente al país, al partido Acción Democrática y al político que lo creó, Carlos Andrés Pérez. Debe instaurar medios de control externo previo, concomitante y posterior de la totalidad del gasto público: de la administración nacional, estadal, municipal y comunal, autónoma, de las fundaciones, empresas del Estado y las comunas, según el sistema de Tecnología de Administración de Precios (https://chafefiya.blogspot.com ). Debe evitar que la riqueza propiedad de todos los venezolanos sea desviada delincuencialmente hacia una burguesía parasitaria, como ocurrió con los tristemente célebres Régimen de Cambio Diferencial (RECADI) y CADIVI. Pues quienes no aprenden de la Historia, decía Santayana, se ven obligados a repetirla.
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