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sábado, 19 de marzo de 2022

Nota sobre la ecología política de la sostenibilidad del desarrollo humano en Panamá

 En lo más sencillo, un conflicto socioambiental ocurre cuando grupos sociales distintos aspiran a hacer usos mutuamente excluyentes de los recursos de un mismo ecosistema. Este tipo de conflicto nunca ha estado ausente en la historia de Panamá, pero ha tendido a incrementarse desde fines del siglo XX. 

Guillermo Castro H./ Especial para Con Nuestra América
Desde Alto Boquete, Panamá


Para entonces hubo dos conflictos de gran importancia histórica. El primero, en la década de 1970, ocurrió en torno al proyecto estatal de poner en explotación el yacimiento de cobre de Cerro Colorado, rechazado por la población del Oriente Chiricano y, en particular, por el pueblo Ngöbe, que finalmente lograron su cancelación. El segundo, entre 1999 y 2006, tuvo lugar ante el intento de la Autoridad del Canal de Panamá de inundar la cuenca media del río Indio, con el fin de trasvasar agua al Canal de Panamá ante el incremento del caudal que requeriría la ampliación de este.

 

En este caso, el foco principal de resistencia estuvo en la población campesina de la cuenca, que contó con apoyo de movimientos sociales del campo y la ciudad, y obligó al gobierno a cancelar el proyecto para hacer viable políticamente la ampliación del Canal. Con ello, la lucha campesina por el control del agua del río Indio constituyó el punto de partida en el desarrollo del ambientalismo moderno en Panamá. Esto se hizo visible sobre todo en la multiplicación de las organizaciones sociales de lucha en defensa de su derecho al agua, frente a la expansión del negocio hidroeléctrico, sobre todo en Veraguas y en Chiriquí.

 

Aquel movimiento de lucha por el agua había sido precedido por focos rurales de resistencia a la política oficial de fomento de la minería metálica a cielo abierto. Para mediados de de la década de 1990, esa resistencia se expresó con especial vigor en torno al proyecto minero de Cerro Quema, en Los Santos, y en otros como los de Remance y Cañazas, en Veraguas. Para mayo de 2012, un nuevo intento de poner en explotación el yacimiento de Cerro Colorado generó una protesta del pueblo Gnöbe que fue enfrentada con gran violencia por el Estado. 

 

Entretanto, casi en los márgenes de la percepción nacional, se había iniciado la explotación del yacimiento de cobre y oro de Petaquilla, en el Distrito de Donoso, provincia de Colón, que al igual que el de Cerro Colorado venía siendo evaluado desde la década de 1970. Así, para 2021, el economista Guillermo Chapman, estrechamente vinculado a los estratos superiores del sector empresarial, pudo afirmar que en la década de 2010 – 2019 “la minería fue el sector de mayor crecimiento. Hasta el año 2018, en buena medida, su producción se centraba en materiales para la construcción y, en el año 2019, se inició la producción de concentrado de cobre por Minera Panamá.”[1]

 

El proceso de desarrollo de la minería dejó en evidencia que los sectores dominantes en la economía panameña, ante la posibilidad de incorporar el Canal a la economía nacional como un medio para el desarrollo integral del país, optaron en cambio por utilizar ese valioso activo para conformar un enclave logístico y financiero, al que se agregaba ahora otro, dedicado a la minería. El alcance de esa decisión, por otra parte, resaltaba ante el hecho de quela crisis detonada por la pandemia en 2020 incluía, además de una situación de crecimiento económico incierto, otras de inequidad social persistente; degradación ambiental constante y deterioro institucional creciente. 

 

En ese marco, la creación de un nuevo enclave minero -que genera y exporta enormes ganancias a favor de inversionistas extranjeros mientras contribuye al deterioro del patrimonio natural de la nación -, agrava esa crisis en todos sus planos, sin contribuir a resolverla. Para los sectores dominantes en Panamá, todo se reducía a si antes habíamos sido un país canalero ahora se había decidido que fuera, además, minero. Para los movimientos sociales, en cambio, se hizo evidente que si antes esos mismos sectores decían que sin el Canal no habría país, ahora se hacía evidente que sin país no habrá Canal, ni minería metálica a cielo abierto, pus ambos hacen parte de un modelo de desarrollo que atenta contra las condiciones de producción – sociales, naturales, de infraestructura – que sólo el país puede proporcionarles.

 

El principal recurso natural de Panamá son los ecosistemas que garantizan la abundancia de agua y biodiversidad en el territorio del país. Esos recursos han sido sometidos a una presión constante desde la década de 1950 la cual, por ejemplo, ha reducido la cobertura forestal de Panamá desde el 70 a entre el 30 y el 40 por ciento del territorio. En cuanto al agua, los principales ríos del país han visto deteriorarse sus cuencas y contaminarse sus aguas, sea por el desarrollo urbano desordenado, por una agricultura intensiva en agroquímicos o por actividades como la minería, hoy en proceso de expansión.

 

Esto ocurre además en momentos en que la humanidad enfrenta una crisis ambiental planetaria en la que se combinan, por un lado, la contaminación masiva del agua, la tierra y la atmósfera y, por otro, el colapso de los ecosistemas cuyos servicios son el factor fundamental de sostenibilidad del desarrollo humano en el planeta. Así las cosas, la minería que tenemos es la que corresponde a una economía organizada para su propio crecimiento sostenido, medido por los ingresos inmediatos que genera, y no por su apote a la sostenibilidad del desarrollo humano, expresado en la calidad de vida de las grandes mayorías sociales. Con ello, la brecha metabólica entre lo que esa economía demanda de la naturaleza y lo que ésta está en capacidad de ofrecer, tiende por necesidad a convertirse en una brecha política entre los grandes beneficiarios y las masas perdedoras en ese modelo de desarrollo, que ahora ha ingresado a una nueva fase expansiva en Panamá.

 

En todo caso, la lucha contra ese modelo de crecimiento sostenido, finalmente destructivo, debe ser encarada desde la realidad histórica de cada sociedad. En el caso de Panamá, las circunstancias históricas en que ha ocurrido nuestro desarrollo han dado lugar a que el extractivismo minero aparezca como una novedad del siglo XXI, en momentos en que se combinan una creciente demanda de empleo en una economía subsidiada por la desigualdad social.

 

De momento, la estrategia de lucha por la sostenibilidad del desarrollo humano en Panamá debería contemplar al menos tres momentos de política bien articulados entre sí. El primero, ya en curso, consiste en el paso de la denuncia a la crítica del proceso de transformación del patrimonio natural del país en capital natural del sector privado. El segundo se refiere al paso de la protesta contra la política de hechos consumados en esta materia a la propuesta de una política que garantice la gestión adecuada de nuetro patrimonio natural. Con esto, se crearán las condiciones para encarar finalmente el verdadero problema central que está en discusión aquí. 

 

El ambiente, en efecto, es el producto de las interacciones entre los sistemas sociales y los sistemas naturales a lo largo del tiempo. Esas interacciones operan a partir de procesos de trabajo socialmente organizados, en lo que va desde la agricultura campesina hasta los servicios de tránsito interoceánico. Así, cada sociedad tiene el ambiente que corresponde a sus formas de relación con la naturaleza, cuya organización responde a los intereses de los sectores dominantes en esa sociedad. 

 

En este sentido y en este momento en la historia de Panamá y del mundo, si deseamos un ambiente distinto tendremos que construir una sociedad diferente. Esto es fácil de decir, pero requerirá de un prolongado periodo de lucha cultural y política, y de fomento de formas innovadoras de interacción con la naturaleza tanto en el plano tecnológico como en el del pensamiento económico. 

 

Hoy, la lucha por la sostenibilidad del desarrollo humano debe enfrentar el enorme poder acumulado por la cultura del crecimiento económico sostenido. Al propio tiempo, sin embargo, el deterioro acumulado por ese poder – expresado por su incapacidad política para enfrentar las consecuencias ambientales de sus propia dinámica - conspira a favor de la lucha por la sostenibilidad, que garantice la sobrevivencia del género humano. Dice un viejo proverbio que un viaje de mil días comienza con un paso. Ese paso ya lo dieron los campesinos de río Indio al comenzar el siglo XXI. En verdad, la gente hace camino al andar. 

 

Alto Boquete, Panamá, 10 de marzo de 2022



NOTA:

[1] https://www.indesa.com.pa/wp-content/uploads/2021/04/HACIA-UNA-NUEVA-VISION-ECONOMICA-Y-SOCIAL-EN-PANAMA-GUILLERMO-CHAPMAN-JR..pdf, y agrega: “Como no contamos con leyes generales que ameriten la confianza de los inversores internacionales, nos hemos convertido en el país de las leyes especiales y de los contratos-ley, aquellos de las explotaciones mineras, el oleoducto de petróleo, las plantaciones de bananos y, en su momento, la refinería de petróleo.” Ese inicio había sido precedido a partir de 2014 por un largo proceso de inversión en infraestructura, que incluyó la construcción de un puerto y caminos de acceso, pese a una diversidad de problemas legales y críticas al contrato entre la empresa y el Estado finalmente negociado en 2021. Al respecto:

https://cobrepanama.com/cronologia.

 

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