Dice Tirado que la oleada de gobiernos de izquierda que caracterizó a nuestra región desde finales del siglo XX conformó un mapa geopolítico adverso a los intereses del sector público-privado estadounidense en la región. Para cambiar la correlación de fuerzas ha entrado en escena el lawfare o guerra judicial, un mecanismo aparentemente democrático y ajustado a derecho, por el que socavar el poder, la imagen y las posibilidades de reelección de los líderes de la izquierda. Poco se habla, sin embargo, del origen del lawfare como una estrategia de carácter militar, encuadrada en una guerra de amplio espectro, hoy denominada guerra híbrida, que busca, mediante la combinación de operaciones judiciales, mediáticas, políticas o económicas, la reconfiguración de la geopolítica hemisférica. Si en décadas precedentes los golpes de Estado clásicos sirvieron para impedir que la izquierda gobernante desplegara su agenda política desde las instituciones o, incluso, llegara a ocuparlas, hoy el lawfare ejerce una misma función, pero amparándose en la legalidad y manteniendo las apariencias democráticas. Asistimos, entonces, a la paradójica demolición del Estado de derecho en nombre de la ley.
A lo dicho por la investigadora catalana habría que agregar que tal estrategia de instrumentalización del sistema judicial se ha extendido a otros ámbitos que no son precisamente los geoestratégicos. Es el caso de Guatemala en donde, amparándose en resoluciones de jueces venales, se persigue a líderes populares y jueces que se encuentran involucrados en el juzgamiento de personas que estuvieron vinculadas a crímenes de lesa humanidad durante los más de 30 años de guerra que asolaron al país entre 1960 y 1996.
En esta oportunidad nos referiremos específicamente al caso de jueces y fiscales a los que se les han inventado cargos e intentado procesar, a tal punto que el acoso ha llevado a que varios de ellos hayan tenido que abandonar el país exiliándose principalmente en Estados Unidos y Costa Rica. Son los casos de la exfiscal General de la República Thelma Aldana, a la que visualizándose la posibilidad de que fuera candidata a la presidencia de la República se le inventaron cargos que la obligaron a salir hace más de tres años a un exilio en el que aún se encuentra.
Igual suerte han corrido el exfiscal Anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien debió abandonar el país subrepticiamente, de noche y clandestinamente, hacia El Salvador, para evitar caer preso con acusaciones igualmente espurias; el exfiscal Especial contra la impunidad Carlos Antonio Videz; la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Escobar; el exfiscal de la FECI (la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-, anteriormente denominada Unidad Especial de Fiscalía adscrita a la CICIG –UEFAC-), Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras. El diario español El País considera que se trata de una verdadera“guerra contra los jueces y fiscales independientes que luchan contra la corrupción en Guatemala”, y así titula uno de sus artículos publicado el 21 de febrero de este año.
Es en ese contexto que ahora se ceban contra el juez Miguel Ángel Gálvez, quien está llevando adelante el juicio conocido popularmente como del Diario Militar, en el que se está juzgando a responsables de desapariciones y asesinatos que aparecen consignadas en un documento conocido con ese nombre, que fue publicado por primera vez en mayo de 1999 por la revista Harpers Magazine y está considerado como un documento único en su género, ya que prueba la sistematización de la represión en Guatemala durante las dictaduras militares que ensangrentaron el país.
Al juez Gálvez se le amenaza con retirar la inmunidad a la que tiene derecho por su investidura. El diario guatemalteco La Hora consigna así la noticia el miércoles pasado: “Tal y como era de esperar(…), la Corte Suprema de Justicia admitió para su trámite el antejuicio en contra del Juez Miguel Ángel Gálvez, ampliamente reconocido por su apego a la ley en sonados casos de corrupción y porque le competió conocer el caso La Línea que involucró al entonces Presidente, Otto Pérez Molina, a la Vicepresidenta Roxana Baldetti y varios funcionarios más, quienes debido a que por su poder podían obstruir la justicia fueron enviados a prisión preventiva en lo que abrió el escenario para el gran destape de la corrupción en Guatemala. El haber conocido casos del Conflicto Armado Interno terminó formando la tormenta perfecta para que la llamada Fundación contra el Terrorismo anunciara que iban tras él y rápidamente se presentó la solicitud de antejuicio que ayer fue admitida para su trámite por la Corte Suprema de Justicia que, diligente ante (tales) las exigencias (…), coloca ya al juez en manos de un Juez Pesquisidor, seguramente de confianza de los magistrados, para iniciar el proceso penal en contra de Gálvez.”
Así las cosas, queda patente que el lawfare, del que nos instruye Arantxa Tirado, tiene tentáculos que permean la política más allá de la dimensión geoestratégica a la que ella se refiere en su libro. En este caso, es el juez Miguel Ángel Gálvez quien sufre el hostigamiento, pero como hemos mostrado, no es solo él. Como es costumbre, situaciones dramáticas como esta que suceden en Guatemala son convenientemente omitidas en la información que los diarios cartelizados de grandes tirajes difunden por el mundo. Si la guerra que devastó a este país, que dejó más de 45 000 desaparecidos, más de 200 000 asesinados y más de un millón de desplazados dentro y fuera del país pasó en buena medida desapercibida en su momento, no es de extrañar que esto suceda ahora. Pero todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad deberían poner atención e indignarse por estos hechos: la persecución descarada y descarnada de una persona honesta y proba que no hace más que ser consecuente con la misión que se le ha encomendado como juez, la de impartir justicia independientemente de si quien es juzgado es poderoso o no.
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