Y no es para menos. Por primera vez en doscientos años, los militares tendrán que rendirle honores y obedecer a un exguerrillero que firmó la paz con el Gobierno Nacional treinta años atrás. Desde entonces, se la jugó por la Constitución y la lucha política democrática desde distintos escenarios, convirtiéndose en la figura principal de las fuerzas alternativas del país.
Por su parte, los militares colombianos siguen aferrados a la teoría del enemigo interno que marcó la guerra fría. La naturaleza y prolongación del conflicto armado, la incidencia del narcotráfico en el mismo y al papel preponderante de Colombia en la estrategia regional de EE.UU. lo explican.
Esta concepción se reforzó desde comienzos de siglo con el poder nacional y regional de Álvaro Uribe. Su última etapa, la de Duque, fue particularmente nefasta al respecto.
Pero el acuerdo suscrito en 2016 por el gobierno de Santos con las antiguas Farc abrió las puertas de una perspectiva diferente: la posibilidad cierta de alcanzar la paz y sentar las bases para el desarrollo y la transformación social. Además, propició una movilización social sin precedentes, que llevó al triunfo electoral del Pacto Histórico.
Por ello, la extrema derecha se dedicó a sabotear el acuerdo. Para cumplir dicha tarea, Duque retiró a los militares que participaron en el proceso de La Habana y fortaleció a los llamados “troperos”.
La denuncia de las masacres, desplazamientos, asesinato de líderes/as sociales, connivencia con el narcotráfico y el paramilitarismo, corrupción exacerbada y criminalización de la protesta social compromete a fondo al estamento militar. La JEP está cumpliendo su papel. Ya no es solo el temor a perder sus privilegios, sino a ser juzgados por sus delitos.
Otros asuntos que les preocupa es el presupuesto de las FFMM y el sistema de ascensos, muy cuestionado en los últimos tiempos.
Hace dos semanas se conoció el informe de la Comisión de la verdad titulado “Hay Futuro si hay verdad”. Entre sus recomendaciones están varias que atañen directamente a los militares: implementar el Acuerdo de paz y abrir otros procesos de negociación; ampliar la democracia y proteger la protesta social; desmontar la guerra contra el narcotráfico y dejar de asumirlo como asunto de seguridad nacional; adoptar una nueva visión de seguridad para la construcción de paz; frenar la injerencia de EE. UU.
A ello se suma la propuesta de trasladar la Policía del Ministerio de Defensa al del Interior, el desmonte o reforma de fondo del Esmad, para reemplazarlo por una fuerza orientada a la solución pacífica de conflictos. Petro, quien se comprometió con las recomendaciones, ha insistido en que la función de la Policía se enfocará en la seguridad y en la convivencia ciudadana.
A propósito de la presentación del informe de la Comisión, se conocieron también 8 archivos secretos desclasificados de Washington, por cuenta del Archivo Nacional de Seguridad, NSA. En ellos queda en claro la enorme incidencia de EE. UU, en el conflicto armado colombiano y su conocimiento de la complicidad de los militares con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Solo mencionaremos dos de los archivos. El primero revela la participación de comandantes del Ejército, aliados con narcotraficantes, paramilitares y agentes de la DEA en “una ola de asesinatos contra presuntos líderes de izquierda” en especial en Medellín y Urabá. El segundo se refiere a la valoración del éxito del Plan Colombia, durante el gobierno Bush/Rumsfeld, en términos de bajas en combate, lo que incidió en los llamados falsos positivos.
Por todo lo que está en juego, hay que prestar atención a los rumores y al ruido de sables. Es claro que la extrema derecha no pudo detener el triunfo popular, a pesar de todos sus esfuerzos. Pero no se va a quedar quieta.
Los militares retirados y sus organizaciones se han expresado con claridad, tanto contra el informe de la Comisión, como contra Petro. Para Acore, la más importante de estas, el nuevo Presidente “es muy apegado a la línea del socialismo del siglo XXI y quiere convertir a la fuerza pública en su guardia pretoriana". Es la postura de Zapateiro y de los muchos zapateiros que él prometió dejar al mando una vez se retire.
El mandatario entrante ha delegado el empalme del sector Defensa en un sector de exmilitares que participó en la negociación de paz. Algunos de ellos están en el Acuerdo Nacional, por lo que han sido calificados como traidores por los duros. Todo ello ha agravado las contradicciones. Se registra también una misteriosa renuncia masiva de oficiales y suboficiales de inteligencia, expertos en operativos antinarcóticos en las FAC.
Un punto central del gobierno de Petro y Francia es el logro de la paz integral con los grupos guerrilleros y un plan de sometimiento a la justicia de todas las organizaciones criminales. En ese respecto, el acierto en el nombramiento del ministro/a y de la cúpula militar será definitivo.
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