Uno de los temas que ha develado la mesa única de diálogo es la necesidad de acometer cambios o reformas al modelo económico. Esto ha despertado a su vez, una campaña de miedo, en contra de aquellas propuestas cuyo objetivo sea mejorar las condiciones de vida de las personas excluidas del modelo económico neoliberal.
Esta campaña de miedo le quitó la careta a quienes no toleran la pluralidad. Así, los grupos de poder económicos y el gobierno, parecieran coincidir con esta misma campaña. El 8 de agosto del presente año, el concepto “comunismo” era tendencia en Twitter, y no necesariamente para definir o debatirlo, sino para estigmatizarlo. En esa misma semana amaneció la ciudad de Panamá con pancartas que decían: “socialismo o muerte”, esta campaña busca inocular el miedo en la población y no tolera el pluralismo.
Las luchas llevadas a cabo por los movimientos sociales, populares, campesinos y de pueblos indígenas, aglutinados en las dos alianzas: la del Pueblo Unidos por la Vida, y la Nacional por los Derechos de los Pueblos, e incluso los grupos indígenas en sus respectivos bastiones de lucha, durante las últimas semanas, son por una vida digna.
La agenda en la mesa única de diálogo es la siguiente:
1. Rebaja y congelamiento de la canasta básica sin afectar al productor nacional.
2. Rebaja y congelamiento del precio del combustible.
3. Rebaja y abastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud, sin privatizar.
4. Cumplimiento de la Ley del 6% del PIB, para educación.
5. Rebaja de la energía.
6. Discusión del tema de la Caja de Seguro Social.
7. Corrupción y transparencia.
8. Mesa intersectorial y de seguimiento.
Estos puntos evidencian una agenda de mínimos y reformistas. Faltan temas neurálgicos como las políticas del cuidado y una ecología política. Aun así, su cumplimiento sería un avance en mejorar las condiciones de vida de las personas excluidas de este modelo económico neoliberal. También indica que el neoliberalismo no da tregua para una vida digna. La última no compagina con este modelo económico.
La política habitual de los últimos treinta años en Panamá es en gran parte la reproducción de este modelo económico. Muchos de nuestros derechos están siendo vulnerados cada vez que no tenemos acceso al agua, o que una escuela no esté en buen estado, o cuando los empresarios no pagan sus impuestos, el Estado está vulnerando nuestros derechos. Y gobierno tras gobierno sigue este ciclo de inanidad. El vicepresidente ha sido enfático al señalar que, “quienes quieren cambiar el actual modelo enmarcado en la democracia, que esperen hasta las elecciones de 2024”. Una misma comunidad política no podrá resolver los problemas. Por eso, cualquier cambio presupone otra comunidad política, con principios éticos y no más de lo mismo.
Las reivindicaciones puestas sobre la mesa única de diálogo son legítimas y, si se implementaran efectivamente, beneficiarían a amplios sectores excluidos de este modelo; aunque el gobierno y los grupos de poder económicos se aferren a amilanar los problemas o desenfocarlos. Pero llega un determinado momento en que los pueblos, aún en su intermitencia, demuestran su malestar, como lo que ha ocurrido estos últimos dos meses. Por más que los gobiernos hablen bien de sí mismos, y los grupos de poder económicos quieran inocular el miedo, la historia seguirá su curso.
Estos mismos movimientos y sectores de la sociedad han puesto algo evidente sobre la mesa: las desigualdades entre los que poco o nada tienen, y los que tienen todo y quieren más. La opulencia de algunos, la carencia de muchos y, en el medio, una capa de profesionales con poco margen de maniobra. Aunque este ciclo de lucha no logre los cambios esperados, las jornadas de lucha sí lograron un grado mayor de conciencia demostrando empíricamente la posibilidad de encarar al gobierno y desenmascarar sus verdaderos intereses. El de mantener el estatus quo.
Como hemos constatado, las reivindicaciones acotadas en los ocho puntos de la agenda de discusión son de mínimos y de carácter reformista. Estas reivindicaciones no están pidiendo otra cosa más que lo mínimo. Un aspecto central en la lucha es que se cumpla con algunas leyes, como invertir el 6 % del Producto Interno Bruto en educación, la prohibición de prácticas monopolísticas y, en fin, otras propuestas para mejorar las condiciones de vida. Aun así, el gobierno no ha brindado respuestas concretas, satisfactorias y medibles a corto plazo. Incluso sus medidas parecen traídas de los cabellos, empeorando las cosas en algunos casos.
Algún vocero de los grupos de poder económicos incluso llegó a decir que estos movimientos tienen de rodillas al gobierno. Pero esa campaña en lo inmediato busca influenciar al gobierno para que ni en lo mínimo ceda a estas reivindicaciones de carácter social. En cambio, esas mismas medidas no tocan un ápice a los intereses crematísticos de estos grupos de poder económicos. Incluso afectan a los pequeños empresarios.
No tenemos que ser tan optimistas, ni tan pesimistas, con respecto a los resultados de la mesa. Ya la campaña de miedo surtió sus efectos; si en el mes de julio los repertorios de protesta tenían un alto porcentaje de aceptación, en agosto las cosas habían cambiado (82% de los encuestados mencionó “no está de acuerdo” con los cierres de calles y carreteras). Además, no hay certeza de que gobierno implemente de forma eficiente los acuerdos. Todas las evidencias indican que los consensos se postergarán todo lo posible. Téngase en cuenta que falta menos de dos años para las próximas elecciones. Se perfila un abrumador panorama electoral, en el cual incluso los mismos movimientos sociales y populares se tienen que preparar para la contienda política en las urnas. Eso mermará la protesta social.
Por otro lado, los empresarios aglutinados en la Gran Alianza Nacional por Panamá: “no reconocerán los acuerdos establecidos” y, si le incluimos que las débiles instituciones no tendrán la capacidad de hacerlos cumplir, contemplamos un panorama poco alentador. Es más probable que sea de interés del Gobierno quedar bien con estos sectores (incluso el presidente los invitó a la presidencia para reunirse personalmente) que ceder ante la presión social, con este nivel de lucha en la actualidad, respecto a los consensos de los ocho puntos establecidos en la mesa única de diálogo. Este escenario puede cambiar precisamente por las elecciones o porque la presión en las calles aumente. Pero ya el desgaste pasó factura.
Todos los grupos, sectores y los movimientos, incluidos en la mesa, tienen intereses. El interés de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado y los bastiones de lucha de los pueblos indígenas en puntos clave del territorio nacional es claro: mejorar las condiciones de vida de las personas excluidas del modelo económico. En un ejercicio de transparencia, el gobierno y la empresa privada, tienen que expresar cuáles son los suyos y sus propuestas para solucionar los problemas, y no solo decir que es “inviable” o “insostenible”. La empresa privada en reiteradas ocasiones está hablando de la falta “rentabilidad”, lo cual es legítimo, pero su rentabilidad no es sinónimo de la paz social para todos, porque para la población no es rentable adquirir bienes y servicios a altos costos.
En el 2018, 19.0 % de las personas es pobre multidimensional (según el Índice de Pobreza Multidimensional). Para lo que va del año, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo, la informalidad está en 48.2 % y el desempleo en un 9.9%. De poco nos sirve tener un Producto Interno Bruto porcentualmente alto, si esto no se traduce en mejores condiciones de vida; aunado el expolio de las arcas del Estado. A todas estas personas que están excluidas de ese modelo económico no les podemos pedir que estén contentas. Como ya hemos dicho, el pueblo no es tonto. El Gobierno está buscando la desestabilización de la mesa a través del desgaste y la dilatación de esta.
Además de los consensos de la mesa única de diálogo, es imperativo la cuestión de la implementación de los acuerdos, lo que vuelve fundamental reglamentar el último de los puntos: la mesa de seguimiento. Esto último no puede traducirse en abandonar la protesta social; la mesa junto a la presión social representa el mecanismo para lograr avances en el cumplimiento de los consensos de los ocho puntos.
Ya estamos atestiguando el sabotaje tanto del gobierno como de la empresa privada. Urge plantearse un proyecto político en común para diseñar alternativas a este modelo económico excluyente que no es compatible con una vida digna.
Impera la necesidad de un nuevo pacto social en que el bienestar y la vida digna sea el contenido de la discusión. Ya hemos constatado la falta de voluntad del gobierno de acometer los cambios, también la hegemonía de los intereses crematísticos de los grupos de poder económicos, como su poca o nula tolerancia a la pluralidad, demostrando el rostro hasta este momento oculto, no solo de la derecha, sino de su extrema postura. En medio de todo esto, no perdamos la esperanza colectiva de ¡un país mejor es posible!
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