Entre los puntos cruciales que deberán discutirse y modificarse está la estrategia antinarcóticos y sus implicaciones. En su posesión, el presidente llamó a una nueva Convención Internacional que reconozca el fracaso de la guerra contra las drogas, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados en cuatro décadas, la mayor parte colombiano/as, y 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año. “La guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados, llevándolos a cometer crímenes”, señaló.
En un asunto tan importante para Colombia, como en tantos otros, la Casa Blanca no da su brazo a torcer, menos en estos momentos de crisis de hegemonía. Pero volvamos un poco atrás.
Desde finales del siglo pasado, el Plan Colombia fue decisivo para la consolidación del país como aliado incondicional de la hasta ahora primera potencia mundial. Al tiempo que enlazó la teoría del enemigo interno con la estrategia antinarcóticos, fortaleció a las Fuerzas Militares, acentuó su carácter represivo y sus vínculos con el crimen y la droga y exacerbó los horrores que hoy se develan sobre el conflicto armado.
En esta misma perspectiva, el gobierno de Álvaro Uribe tomó como propia la cruzada contra el terrorismo lanzada por Bush, arrasó con el estado de derecho mediante su llamada seguridad democrática, y, de paso, puso en peligro la estabilidad de la región.
En desarrollo de dicha política, en 2009 permitió el establecimiento de 7 bases militares estadounidenses en nuestro territorio. Fue un desafío abierto a los gobiernos progresistas de entonces, que pugnaban por buscar alternativas políticas, económicas y de defensa y seguridad de la región. Se trataba de frenar el dominio centenario de Washington. Por ello, la decisión de Uribe generó mucho malestar en la región.
Más recientemente, en plena pandemia y crisis económica, Duque permitió la llegada al país de una brigada militar estadounidense y se comprometió a fondo con la política agresiva de Trump, dirigida en contra de los gobiernos de Venezuela y Cuba y del Acuerdo de paz con las Farc.
Para completar, Colombia se convirtió hace unos meses en aliado estratégico no miembro de la OTAN, en un mundo en el que se acentúa la confrontación militar para dirimir la competencia económica.
Por eso, la propuesta de reformar al tratado de extradición se convierte en un asunto espinoso. Fue suscrito en 1979 y ratificado en 1997, después de que la Constitución lo dejara sin piso. En realidad, Washington lo impuso al país para legalizar la subordinación del Estado colombiano y en particular, de su estamento judicial, a sus decisiones imperiales.
En este punto todavía prevalece la confusión. A partir de la vigencia del tratado, cualquier persona que lo cuestione o se oponga a él, con argumentos jurídicos y políticos por completo válidos, es sindicada de defender el narcotráfico o de ser partícipe de él. Ante la impunidad reinante, incluso entre sectores democráticos se impuso la idea de que este mecanismo era la única forma de impartir justicia en nuestro país.
Pero la verdad es que el tratado ha servido para que Washington se beneficie del narcotráfico y de sus recursos. Su justicia negocia en forma directa con los capos de la mafia, a cambio de que entreguen sus bienes y recursos y delaten a sus supuestos cómplices, que por lo general son contradictores políticos de su gobierno.
Dentro de su proyecto de alcanzar la paz total, el nuevo gobierno ha propuesto negociar una reforma a este tratado. Es parte integral de su política de sometimiento colectivo de las bandas criminales a la justicia del país, una estrategia que se suma al reinicio de las negociaciones con el ELN.
La propuesta, planteada por el presidente y el canciller habla de la posibilidad de sometimiento o acogimiento, lo que les permitiría negociar algunos beneficios jurídicos, a cambio de entregar armas, dinero, rutas del narcotráfico, contactos, y de desmantelar las organizaciones criminales. Solo serían extraditados en caso de reincidencia.
Durante los gobiernos enemigos de la paz, se recurrió a la extradición de los jefes de la mafia, para impedir que hablaran de sus vínculos con las elites, tanto civiles como militares. Pero también para que las víctimas no conocieran la verdad y fueran sujetos de reparación.
Basta recordar la extradición exprés de 15 de los principales capos en 2008 durante el gobierno de Uribe y la más reciente de Otoniel, o las burdas trabas que puso el gobierno de Duque para que Mancuso fuera enviado de regreso al país, cuando había empezado a contar su verdad.
Lo que busca el nuevo gobierno con la renegociación del tratado es supeditar la extradición al objetivo superior de la paz en Colombia. Porque tal como fue concebido y se viene aplicando, subordina el interés prioritario del país al de Washington.
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