Hace dos semanas Petro habló en la Cumbre presidencial andina y planteó la necesidad de relanzar y fortalecer la integración regional, para hacerle frente a las prioridades del momento: soberanía alimentaria, apoyo a la producción campesina, reindustrialización, necesidad de enfrentar conjuntamente el cambio climático y sus desafíos. Venezuela contempla la posibilidad de regresar a la CAN.
La semana pasada, el gobierno de Nicolás Maduro aceptó ser país garante en el proceso de paz con el ELN, después de recibir la invitación del mandatario colombiano.
Esta frontera, la más larga e importante de Suramérica, ha sido punto neurálgico del conflicto entre los dos países. Es una zona estratégica para ambos, en la que se expresan a sus anchas el conflicto armado colombiano y sus diversos actores.
Sin duda, una frontera ardiente. Como el resto de nuestras fronteras, ha sido históricamente abandonada por el Estado, en lo que respecta a inversión pública y social. Desde hace años, pero en particular desde cuando se sumaron las disidencias de las Farc, la violencia y el desplazamiento forzado se desbordaron. El punto más crítico es precisamente la región del Catatumbo, aunque su impacto se extiende por toda la frontera.
La Fundación Progresar, con sede en Cúcuta, dirigida por William Cañizares, ha documentado el conflicto en la región. Se ha centrado en la búsqueda de personas desaparecidas y ha logrado información y localización de fosas comunes y lugares donde podrían están enterradas la mayor parte de las víctimas. Sin embargo, hasta ahora, ha habido poco apoyo de las autoridades de la región, muchas de ellas comprometidas con el proyecto paramilitar de la extrema derecha.
Esta situación es producto de los enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y bandas criminales por el control de las rutas del narcotráfico y de las diversas economías ilegales que allí se manifiestan. Como en tantos otros sitios del territorio nacional, la población civil y a los/as líderes/as sociales han quedado en el medio, en estado de absoluta indefensión.
Hay tres municipios del Catatumbo entre los diez de mayor siembra de coca en el país: Tibú, Sardinata y El Tarra. Desde marzo de 2020, con la intensificación de la erradicación forzada, se generaron mayores tensiones entre las comunidades y la Fuerza Pública.
De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas, en 2020 había 40.084 hectáreas sembradas con matas de coca en Norte de Santander, lo que constituye la mayor concentración de este cultivo en el país y el mundo.
Además del narcotráfico, el robo de petróleo del oleoducto Caño Limón-Coveñas y el contrabando de gasolina, ambos históricos, son la base de la economía ilícita de hidrocarburos en el Catatumbo.
Debe señalarse que allí hacen presencia la Fuerza de Tarea Vulcano y la Fuerza de Despliegue Rápido #3, del Ejército Nacional. También hay un destacamento de los militares estadounidenses que llegaron al país en 2020.
De acuerdo con los defensores de derechos humanos, las quejas más recurrentes por parte de las comunidades tienen que ver con empadronamientos y detenciones en retenes militares. También hay denuncias por atentados y montajes judiciales por parte de la fuerza pública.
El analista venezolano Franco Vielma hace un estudio riguroso sobre la situación económica y la geopolítica de la frontera. Documenta con precisión lo que él denomina la configuración de un hábitat económico idóneo, compuesto por diversas actividades que estructuran el tejido criminal. Describe la conformación de un territorio “con gestión difusa o comprometida, espacio de la disolución parcial de la jurisdicción estatal y teatro de operaciones de mafias y factores armados”.
Señala que es un corredor fronterizo atravesado por un marco de ilegalidad, con economías formales e informales, ajeno al control de los dos gobiernos. Fue constituido para el lavado del dinero de las grandes operaciones de narcotráfico, en el que Estados Unidos y Colombia son actores principales.
Es en este contexto tan difícil que debe entenderse la visita de Petro al municipio de El Tarra el pasado 25 de agosto. Desde allí lanzó la propuesta de que la región de Catatumbo sea capital y primera línea de la paz en Colombia. Propuso también que allí se realizara la primera asamblea nacional de cocaleros.
Asimismo, planteó desarrollar las conversaciones con "quienes hoy hacen la violencia para dejar definitivamente las armas y pasar a una nueva era". Hizo énfasis en dos objetivos: disminuir la producción de hoja de coca y abandonar las armas ilegales.
Con un entusiasmo desbordado, miles de habitantes, junto a la guardia campesina de esa población, se reunieron en el parque principal del municipio para recibir al primer presidente de Colombia que pisa esa zona. La visita fue precedida por un ataque a su avanzada de seguridad.
Son pasos firmes del gobierno del Cambio hacia la paz regional y la paz total.
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