Haití, un nuevo atolladero

Pobreza, cólera, criminalidad organizada y fracaso crónico en la esfera política.

Ernesto López / Rebelion

En enero de 2010 publiqué en Newsweek (Argentina) una nota sobre Haití, que había padecido un terremoto que causó pérdidas enormes en vidas y en casas, escuelas y edificios públicos, incluida la mismísima Casa de Gobierno. Escribí allí que tanta destrucción y tanta muerte dejarían una marca, pero que un pueblo surgido de la esclavización y el transterramiento saldría sencillamente hacia adelante, con esa capacidad de perduración que es también su sello de origen en las Antillas.

 

Lamentablemente no fue del todo así. Haití se encuentra hoy asolada por la pandemia y el cólera; por el crecimiento inusitado de una criminalidad organizada vinculada al narcotráfico; por una asidua pobreza que ha impulsado al pobrerío a las vías de hecho; y por su persistente incapacidad para instalar a la política por la senda democrática y republicana. La cuestión sanitaria que se acaba de enumerar es suficientemente conocida; la segunda y la tercera son cuestiones relativamente nuevas, y la cuarta, algo así como una dolencia crónica. Me detendré, en lo que sigue, en estos tres últimos asuntos.

 

Haití se ha convertido en un país plagado por la antedicha criminalidad. Para poner sólo una muestra: a comienzos de agosto de este año, Yvon Buissereth –ex senador que trabajaba en el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales– y un sobrino fueron atacados y calcinados dentro del automóvil en el que se desplazaban. Según la correspondiente investigación policial fueron ejecutados por la banda Ti Makak (Pequeños Macacos, en creole). Dicha criminalidad se encuentra desbordada. Y afecta a la gente de a pie pero también a funcionarios o a personas de mejores ingresos. Recientemente, por ejemplo, Naciones Unidas informó que 234 personas habían sido heridas o muertas a manos del bandidaje en Cité Soleil, un bidonville –villa miseria– que es el más grande asentamiento de este tipo en Puerto Príncipe, capital de Haití. Llega, incluso, al enfrentamiento entre bandas que se disputan territorios o botines.

 

A esta dolorosa faceta criminal de la vida cotidiana se agrega la protesta y agitación de los sectores pobres de la población que generan disturbios y efectúan saqueos, pues se hallan al borde de la indigencia o en la indigencia misma. Durante el mes de septiembre se produjeron manifestaciones que rayaron en la violencia, que expusieron su rechazo al incremento del precio de los combustibles, a la escasez de alimentos y también el repudio a Ariel Henry, actual primer ministro en ejercicio de la Presidencia. Estas movilizaciones se hicieron sentir en varias ciudades, entre otras Puerto Príncipe, Les Cayes y Gonaives.

 

En este marco y con la idea de descomprimir la situación bosquejada, Joseph Lambert, presidente del Senado, propuso en septiembre una “tregua” de 15 días para elaborar un acuerdo capaz de sacar al país del atolladero en el que se halla. Por su parte, el 6 de octubre el Consejo de Ministros sacó una resolución que “autoriza solicitar el apoyo internacional para hacer frente a la crisis humanitaria” por la que atraviesa el país. Contiene tres puntos básicos (resumo):

 

1.     solicitar el apoyo de socios internacionales de Haití para el despliegue inmediato de una fuerza especializada armada, con el objeto de detener la crisis humanitaria en curso y las acciones criminales de las bandas armadas;

2.     encarar rápidamente la lucha contra el cólera instalado en el país y recuperar la distribución de agua potable y de combustibles, así como el funcionamiento de los hospitales, las escuelas y las actividades económicas;

3.     constituir una Comisión Interministerial que defina las acciones indispensables para poner en marcha las antedichas iniciativas.

Aproximación de la ONU

 

El 9 de octubre pasado, Antonio Guterres –secretario general de la ONU– convocó a atender con urgencia la solicitud del gobierno haitiano. Y pidió que se considerara la posibilidad “del despliegue inmediato de una fuerza armada internacional especializada para dar respuesta a la crisis humanitaria”, compuesta por militares y liderada por uno o más de los Estados miembros.

 

No es mucho más que lo antedicho lo que se ha dado a conocer en lo que respecta a esa iniciativa. Cabe, por las dudas, subrayar que el adjetivo “especializada” merecería mayor desarrollo. No está claro a qué alude. Si a capacidades propiamente militares, lo que pintaría un cuadro muy delicado dado el amplio espectro de manifestaciones civiles que presenta Haití. O si se trata de fuerzas adiestradas y capacitadas para lidiar adecuadamente con ese tipo de movilizaciones y protestas.

 

La propuesta de Guterres, en tanto debería quedar bajo la dependencia del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, sería parecida a la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), que operó en ese país entre 2004 y 2017 y que tuvo un desempeño dispar. En su primera fase, que culminó con el terremoto de 2010, estuvo razonablemente bien llevada. De allí a su finalización se tornó menos eficaz y hasta fue criticada por abusos sexuales cometidos por algunos de sus efectivos. Debe consignarse también que la visión y los recuerdos de los haitianos respecto de aquella misión no son los mejores.

 

La falla política de Haití

 

Haití llevó adelante la primera revolución anticolonialista –y al mismo tiempo antiesclavista– de América Latina. Antes de eso y frente a la necesidad, su gente –que provenía de diversos pueblos del África Occidental– construyó en poco más de un siglo una lengua: el creole, y una religión: el vudú, que sentaron las bases de una precaria unidad cultural que con el paso del tiempo fue desarrollada, afirmada y enriquecida. Pero paradojalmente, la sociedad haitiana no ha podido establecer aún un sistema político republicano y democrático que funcione adecuadamente. Hay una persistente falla en este campo.

 

Las estadísticas rayan en lo demoledor. Desde 1804 hasta el fin de la última presidencia de René Preval, sólo ocho presidentes concluyeron normalmente sus mandatos: dos durante el siglo XIX y cuatro durante el siglo XX. De estos últimos, tres fueron elegidos durante el período de la ocupación estadounidense (1915-1932), lo que les otorgó un plus de apoyo y/o legitimidad. En lo que va del siglo XXI sólo dos han culminado sus períodos como corresponde. Por otra parte, desde 1804 a la fecha han pasado 68 jefes de Estado (reyes o emperadores, Presidentes, primeros ministros sin Presidentes y jefes de regiones que optaron por la secesión). De ellos, siete dictatoriales jefes de Estado gobernaron durante 102 años, lo que da un promedio de 14,5 años cada uno. Y los 61 restantes lo hicieron durante 114, lo que da un promedio de 1,9 años cada uno.

 

Con posterioridad a Preval fueron Presidentes Michel Martelly, que terminó su período (14/05/2011-7/02/2016) sin poder convocar a nuevas elecciones, y Jovenel Moise, que asumió el 7 de febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021. Entre uno y otro hubo un gobierno provisional que gestionó la elección faltante.

 

Hay una tan evidente como persistente falla en el campo de la política y en el ejercicio de la democracia en Haití. Sería bueno que se abordaran y estudiaran exhaustivamente estas cuestiones, en busca de comprender mejor cuales son las causas que motivan estos repetidos y anormales comportamientos.

 

Final

 

Quizá el establecimiento de una entidad como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que funcionó entre 2007 y 2019 y resultó de un acuerdo establecido entre el gobierno guatemalteco y la ONU, pudiera ser de utilidad para Haití. Se trató de un organismo internacional independiente cuya finalidad fue apoyar al Ministerio Público guatemalteco y a otras instituciones, incluida la policía, en el campo del delito. Sus objetivos principales fueron:

 

1.     investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que cometieran delitos e identificar las estructuras de aquellos, incluyendo sus vínculos con instituciones estatales; y

2.     prestar atención a sus actividades y modalidades de operación.

 

Se financió mediante un Fondo Fiduciario administrado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), sostenido por los aportes de Alemania, España, Suecia, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Su gestión resultó muy ágil –y, por ende, poco burocrática– y fue muy provechosa.

 

Tal vez podría establecerse una iniciativa como la anterior con el propósito de acompañar a Haití, que tuviera como objetivo apoyar su desarrollo republicano y democrático. Podría incluirse, además, la creación de un fondo de donantes múltiples que no necesariamente involucrara solo a países y que complementara ese fondo fiduciario.

 

En fin, la cronicidad del fracaso haitiano en la esfera de lo político reclama nuevas ideas y nuevos abordajes. Está claro que lo que se hizo hasta ahora con muy buena voluntad lamentablemente no ha alcanzado.