Sin desconocer el poderoso lobby de Israel y sus intereses por estos lados, el gobierno colombiano debe ratificar su compromiso en la lucha contra el apartheid en Palestina.
Consuelo Ahumada / Para Con Nuestra América
Desde Colombia
De otro lado, la política de Israel de establecer los asentamientos en territorio ocupado y desplazar a los palestinos es contraria a las normas fundamentales del derecho internacional humanitario. Hace parte de las prácticas racistas y del apartheid del Estado sionista.
En noviembre de 2012 la Asamblea General de la ONU le concedió a Palestina la condición de “Estado observador no miembro” y reafirmó que su pueblo tenía derecho al territorio establecido bajo las fronteras anteriores a la Guerra de 1967. Aunque todavía no es miembro pleno, 140 países del mundo, entre ellos casi todos los latinoamericanos, lo han reconocido.
El 3 de agosto de 2018, pocos días antes de concluir su mandato, Juan Manuel Santos reconoció a Palestina como Estado libre, independiente y soberano. Nada pudo hacer Duque para impedirlo, por más que lo intentó.
Sin embargo, pese a estos avances indiscutibles en el ámbito internacional, la situación del pueblo palestino es muy grave. En enero 2020, cuando comenzaba la pandemia, el entonces presidente Donald Trump anunció el “Acuerdo del siglo” para el Medio Oriente.
Reconoció a Jerusalén como capital de Israel y trasladó allí la embajada de EE. UU.. Le concedió importantes demandas históricas e hizo cada vez más difíciles las condiciones para la creación de un Estado propio palestino.
Anunció también un proceso interno de anexión hasta de un 33 % de Cisjordania ocupada. La medida, que finalmente no se dio, provocó el rechazo de la ONU, la Unión Europea y del mundo entero. El derecho internacional es muy claro en este asunto: la anexión es ilegal.
Este año, 2022, ha sido particularmente duro para el pueblo palestino. El Ejército israelí ha acabado con la vida de 141 palestino/as en Cisjordania. Hay una escalada contra la población y sus bienes, como lo registra un reciente Informe del Relator Especial de Amnistía Internacional.
Por ello, la campaña global en contra del apartheid que ejerce Israel en los territorios ocupados, respaldada por múltiples organizaciones, está más activa que nunca. Denunciarlo y desmantelarlo es condición necesaria para la causa del pueblo palestino.
Recordemos que Israel es el primer receptor de ayuda militar de EE. UU. y la quinta potencia militar del orbe. Es su principal aliado en la compleja geopolítica del Medio Oriente y del mundo.
En este marco, una importante comisión de la ONU aprobó el viernes pasado (11 de noviembre) una resolución que llama a la Corte Internacional de Justicia a que emita urgentemente su opinión sobre las consecuencias legales de negarle al pueblo palestino el derecho a la autodeterminación, como resultado de las acciones de Israel desde la guerra de 1967.
La resolución denuncia “Su prolongada ocupación, su asentamiento y su anexión de territorio palestino ocupado, incluyendo medidas dirigidas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la ciudad sagrada de Jerusalén”.
Demanda además que Israel cumpla con la decisión adoptada por el mismo tribunal en 2004, en la que se le pide que desmantele el muro construido en Palestina y pague reparaciones por los daños causados por su construcción, “que ha impactado gravemente los derechos humanos” y las condiciones de vida de los palestinos.
La resolución tuvo 98 votos a favor, 17 en contra y 52 abstenciones, entre ellas la de Colombia. Pasa ahora al pleno de la Asamblea General para aprobación definitiva antes del fin de año.
La abstención de Colombia es muy grave y contraria a la postura histórica de Petro, quien en 2019 trinó: “Confundir Estado y religión es propio de la mentalidad arcaica. El Estado de Israel discrimina a los palestinos como los nazis discriminaron a los judíos”. En 2017 se opuso a la decisión de EE. UU. de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y acusó a este de una “masacre” contra Gaza.
Por ello, y sin desconocer el portentoso lobby nacional e internacional de Israel y sus intereses por estos lados, el gobierno debe ratificar su compromiso en la lucha contra el apartheid en Palestina. Es lo que esperamos de un mandatario cuyo liderazgo internacional ha sido indiscutible.
Primero, hay que rectificar el error y votar a favor la resolución final de la ONU. Segundo, deben activarse las relaciones diplomáticas con Palestina. Tercero, el TLC suscrito entre Colombia e Israel, que reconoce de facto a los territorios ocupados como parte de Israel, debe revisarse.
Frente a la situación de guerra y crisis que vive el mundo y la proliferación de organizaciones de extrema derecha en todas partes, los sectores democráticos y progresistas claman por el cese de la ocupación de Palestina y por su derecho a existir como país.
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