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sábado, 4 de febrero de 2023

Argentina: Extranjeros sí, nativos no

 Los sucesos ocurridos la semana en curso se suman a la larga lista de hechos en contra de nuestra soberanía, los pueblos originarios y todos aquellos argentinos que pretenden defender lo nuestro con su presencia y el diálogo y, como única respuesta, obtengan balas y palos, como siempre ha sido: extranjeros sí, nativos no. 

Roberto Utrero Guerra / Especial para Con Nuestra América
Desde Mendoza, Argentina

Se llevó a cabo este miércoles, primero de febrero, la séptima marcha de protesta por la recuperación de la soberanía nacional de Lago Escondido y sus accesos, actualmente propiedad del magnate inglés Joe Lewis. Lo hicieron un centenar de personas provenientes de varias provincias que tras tres días de caminata intentaron realizar un encuentro. Las mismas son miembros de organizaciones sociales, en su mayoría jóvenes que, en la oportunidad, fueron atacados por empleados del empresario inglés y policías de la provincia de Río Negro, resultando varios heridos.
 
El hecho se produce al comienzo de un año de campaña, donde la Comisión de juicio político del Congreso discute severas acusaciones sobre la Suprema Corte claramente opositora, donde muchos miembros del poder judicial han sido vistos visitar la propiedad de Lewis, donde también va a descansar el ex presidente Macri y se reúne con empresarios y partidarios políticos, desde donde manifiesta su firme voluntad de cambio, mucho más rápido que durante su mandato.
 
Las bondades paisajísticas de ese territorio soñado son un atractivo para grandes inversores, como el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, quien visitó el complejo turístico Baguales, de una extensión de 28.000 hectáreas, propiedad de Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, hermano de su segunda esposa, los primeros días de enero de este año. Amigo de muchos años del ex presidente argentino, titular de la Fundación FIFA, descuenta pasar más tiempo en ese lugar paradisíaco.
 
Pero no sólo es él, muchos no solamente se ilusionan, sino que ya se han instalado y disfrutan de las bondades del suelo argentino, como también de la vista gorda y complicidad de sus autoridades.
 
Argentina tiene 266.711.077 hectáreas de tierras rurales con posibilidad de explotación agropecuaria, ganadera, vitivinícola o minera. 
 
Conforme los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales RNTR, un 5,57% de ese territorio argentino está en manos de extranjeros. Son 12.520.826 hectáreas, equivalente a casi la mitad de la provincia de Misiones o a 622 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.[1]
 
Salta, Mendoza y Chubut encabezan la lista de 23 provincias argentinas. En Salta, las dos localidades con mayor nivel de extranjerización son San Carlos y Molinos, con 57%; sigue en el mismo rango, General Lamadrid en La Rioja; Lacar en Neuquén, con 53%; San Miguel en Corrientes, 50,8% y Campana en Buenos Aires, con el 50,7%. 
 
No obstante, hay 5.900 registros de tierras extranjeras de los que se desconoce la nacionalidad de sus dueños, correspondientes a 2.230.610 hectáreas. De estas, 890.000 están en Santa Cruz, 234.000 en Chaco, 150.000 en Chubut y 136.000 en La Pampa.[2]
 
Consecuentemente, merece hacer un repaso de la legislación en el tema: desde diciembre de 2011, en que se sanciona la Ley número 26.737, que estableció el Régimen de Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, su reglamentación estuvo sujeta a diversas modificaciones por decretos, disposiciones y resoluciones: Decreto 274/2012; Decreto 782/2012; Disposición 1/2013; Resolución 449/2013; Resolución 573/2014; Disposición 1/2014; Decreto 820/2016; Disposición E3/2017; Disposición 26/2018; Disposición 7/2019 y Decreto DNU/2022.[3]
 
Cronología que pone de manifiesto el interés de las autoridades en facilitar el acceso de la propiedad rural a manos extranjeras y dificultar la obtención de datos o directamente, obstruir el acceso tanto a la información como a las propiedades extranjeras, cuestión nada nueva.
 
Por si las moscas, vale la pena recordar que, desde la conformación del estado nacional en el siglo XIX, la obtención de tierras en manos de pueblos originarios para destinarlas a la explotación rural fue objeto de campañas militares, primero por Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires en los primeros años de la década del treinta de aquel siglo, hasta el genocidio llevado a cabo por el general Julio A. Roca en 1879, donde lleva la frontera hasta la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, pasando previamente por la zanja de Alsina. 
 
Distribuidos como esclavos, separados de sus familias y expuestos como animales en museos, los nativos de estas tierras fueron siendo eliminados u obligados a vivir arrinconados en la cordillera, en lugares inhóspitos, asediados de mil maneras repugnantes. Recién en la Reforma Constitucional de 1994 son considerados sujetos de derecho, en el Artículo 75, inciso 17. 
 
Pero… del dicho al hecho, no sólo hay mucho trecho, como expresa el viejo dicho, sino que por el contrario, ha habido momentos de extrema persecución por parte de las autoridades y organismos militares. 
 
En 2017, siendo ministra de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO y candidata a presidenta de la nación 2023, defendió la actuación de la Prefectura Naval tras el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel, en villa Mascardi. Hizo lo mismo con la desaparición de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería Nacional, obsesionada con el terrorismo llegó a advertir sobre posibles conexiones mapuche con la extinta ETA. Patricia desciende de Adolfo Jacobo Bullrich, quien fundó la casa de remates Adolfo Bullrich y Cía, en 1867, desde allí se encargó de fraccionar y vender las tierras despojadas del pueblo mapuche. Hizo su fortuna a partir de 1885, luego de la campaña de Roca. Su influencia lo llevó a presidir el Banco Hipotecario y ejercer como juez de paz. Debido a su excelente relación con el entonces presidente Roca en 1898, lo nombró intendente de Buenos Aires, hasta una calle del barrio porteño de Palermo, le rinde homenaje, Intendente Bullrich.[4]   
 
Fiel a sus amistades e intereses, Mauricio Macri alteró la forma de contabilizar la cantidad de campos de propiedad de capitales extranjeros a través del Decreto 820/2016. 
 
El primer relevamiento difundido en 2015, indicó que de un total de 266.707.361 hectáreas rurales, el 6,09% (16.253.279 hs.) estaba en manos extranjeras. El 31 de enero de 2019 – durante su gobierno – el porcentaje había bajado al 5,02%. También eliminó los controles cruzados de la Unidad de Información Financiera UIF y la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP.[5]
 
De allí que los sucesos ocurridos la semana en curso se sigan sumando a la larga lista de hechos en contra de nuestra soberanía, los pueblos originarios y todos aquellos argentinos que pretenden defender lo nuestro con su presencia y el diálogo y, como única respuesta, obtengan balas y palos, como siempre ha sido: extranjeros sí, nativos no. 


[1] Maia Jastreblansky, Estadunidenses, italianos y españoles: los inversores extranjeros con más tierras en el país, La Nación, 11 de mayo de 2018.

[2] Ibídem.

[3] Argentina.gob.ar

[4] Pedro Cayuqueo, Argentina como en los tiempos de Roca, Revista Cítrica, 12 de octubre de 2022.

[5] Sebastián Premici, ¿Cuánta tierra rural de Argentina, está en manos extranjeras?, Página 12, 4 de enero de 2020.

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